La alcaldesa y el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mogán, Onalia Bueno y Mencey Navarro, quedan libres de la sospecha de que hubiesen desobedecido a la Guardia Civil en el marco del registro de las oficinas municipales en septiembre de 2020 durante la investigación por la presunta compra de votos en las elecciones de 2015 y 2019. El Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha archivado de forma provisional la denuncia contra ambos dirigentes municipales por supuestamente haber cometido un delito desobediencia al exigir a la jefa de Informática de la Corporación que desconectase un acceso remoto que la benemérita instaló para examinar expedientes municipales que pudieran estar vinculados con la investigación. «De las diligencias practicadas no consta que los investigados incurrieran en conducta reprochable penalmente», señala el juzgado.
En un auto fechado el pasado 14 de septiembre al que ha tenido acceso este periódico, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, el magistrado-juez Rodrigo Álvarez Riquelme, ha decretado el archivo provisional de la causa al considerar que tanto Bueno como Navarro desconocían que la Guardia Civil hubiese establecido esa conexión. «De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa por cuanto de las diligencias practicadas no consta que los investigados incurrieran en conducta reprochable penalmente, puesto que no tenían conocimiento de que se había instalado un acceso remoto y cuando fueron asesorados por abogados restablecieron el acceso», recoge el auto judicial.
El juez reconoce que «puede pasar que el acceso remoto no formaba parte de la entrada y registro»
La conexión fue instalada por la Guardia Civil tras la orden de entrada y registro decretada por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana el 17 de septiembre de 2020, mismo día en que fueron detenidos y puestos en libertad los propios Onalia Bueno y Mencey Navarro, además de la también concejala Tania Alonso, en el marco de la investigación por la supuesta compra de votos en los anteriores comicios, causa que luego fue archivada. Ese día, agentes de la policía judicial de la Guardia Civil registraron las Casas Consistoriales, el Archivo Municipal y las oficinas municipales de Arguineguín, de donde se llevaron cajas con documentación impresa, ordenadores y archivos informáticos. Ante la dificultad de volcar la información obrante en los servidores municipales en discos duros, los agentes habilitaron una conexión remota para continuar con la investigación.
«No consta que los investigados incurrieran en conducta reprochable penalmente»
Pero señala el magistrado que se pudo entender que esa decisión no formaba parte de la orden de entrada y registro del Ayuntamiento. «Pudiera pasar que el acceso remoto no formaba parte de la entrada y registro», relata en su auto, algo que entiende es un «error» que considera «perfectamente comprensible derivado de la lectura de la resolución judicial de fecha 16 de septiembre de 2020». «Por lo tanto», prosigue el auto, «entiende este instructor que no procede continuar con las actuaciones por entender que ya se han practicado todas las diligencias necesarias». Contra esta resolución cabe la interposición de un recurso de reforma.
La hasta mayo de 2023 única concejala de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán, Isabel Santiago, ejerció la acción popular. El 17 de septiembre de 2020, Bueno y sus dos ediles fueron detenidos y el Ayuntamiento registrado, una actuación que la alcaldesa al día siguiente vinculó a las críticas que semanas atrás había vertido sobre la inacción del Gobierno central para trasladar a los miles de migrantes que estaban hacinados en el muelle de Arguineguín durante la crisis migratoria durante la pandemia.
El sobreseimiento de la causa llega también un año y medio después de que en marzo de 2022 la justicia archivase la causa de la supuesta compra de votos en las elecciones municipales de 2011, 2015 y 2019 al estar prescritos los presuntos delitos en los dos primeros comicios y no encontrar indicios en el último.
