Las entidades que gestionan los centros de menores dependientes del Cabildo de Gran Canaria no han cobrado por los servicios prestados desde el mes de enero, por lo que se les adeudan varios millones de euros y solo en los últimos días se han iniciado los pagos por parte del gobierno insular.
Así lo reconoció este martes la consejera de Asuntos Sociales e Igualdad, Isabel Mena, durante una Comisión del Pleno, en la que aseguró que estos retrasos no han tenido incidencia en la buena atención a los 500 niños y adolescentes repartidos por los 36 centros a cargo de su departamento.
En respuesta a las preguntas de Pepa Luzardo, portavoz adjunta del Grupo Popular, Mena confirmó que los problemas administrativos y laborales han impedido realizar esos pagos en tiempo y forma. Respecto a las cantidades que se adeudan a las ONG o asociaciones sin ánimo de lucro que gestionan esos centros, aseguró desconocer las cifras exactas, pero se comprometió a hacerlas públicas en las próximas horas.
Pepa Luzardo asegura que alguna entidad se ha visto obligada a pedir créditos para continuar el servicio
Las ocho entidades que han gestionado los centros del Cabildo en los últimos años son Mundo Nuevo, Quórum Social 77, Nuevo Futuro, Aldeas Infantiles, Diagrama, Mensajeros de la Paz de Canarias, Cruz Roja y Asociación Coliseo. Hasta el pasado año cobraban de forma puntual pese a que los reparos de la Intervención General del Cabildo, que desde el año 2016 viene cuestionando el pago de esas facturas al no existir convenios o conciertos entre la corporación insular y esas ONG.
Reparos a las facturas
Esos reparos del interventor eran levantados mes a mes por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, pero desde finales del año 2022 ya no se utiliza esa vía al no disponer de los informes favorables de los funcionarios a cargo de esos servicios. Puesto que tampoco se han firmado los nuevos conciertos con las ONG, no existe cobertura administrativa para abonar esos pagos a pesar de que los servicios se siguen prestando con normalidad.
Pepa Luzardo calificó esta situación de «muy grave» porque algunas de esas entidades han tenido que pedir créditos para seguir funcionando. Según los cálculos de la consejera del PP, teniendo en cuenta que el presupuesto de 2023 para ese servicio es de unos 25 millones anuales y que los reparos del interventor entre enero y mayo de este año ya sumaban 5,6 millones, la deuda puede rondar ya los 14 millones de euros, incluso más porque también hay facturas sin cobrar desde septiembre del año pasado.
Luzardo reclamó «determinación política» para resolver estos problemas y recordó que en abril de 2020 se aprobó un decreto del presidente Morales para trasladar las competencias de los centros de menores al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). A su juicio, las determinaciones de ese decreto «no se están cumpliendo».
La consejera Isabel Mena afirma que la buena atención a niños y jóvenes está garantizada
Por contra, Mena sostuvo que ese decreto ha permitido seguir pagando las facturas con reparos del interventor y sí se cumple, salvo el último punto, el de la delegación de las competencias al IASS, que no se ha podido realizar por el rechazo de los sindicatos. Según la responsable de Asuntos Sociales, la negativa de los trabajadores se debe a que tendrían que trasladarse y asumir más tareas de las que realizan actualmente, que ya son muchas.
Al continuar los problemas de personal en el departamento, apuntó Mena, el pasado mes de mayo se dictó una encomienda al IASS para negociar los nuevos conciertos con las entidades que gestionan los centros de menores, por lo que se podrán firmar en breve. Mientras, esas ONG empezarán a recibir el dinero que se les adeuda a partir de ahora por el procedimiento de la nulidad de contrato. «Unos han cobrado ya y otros cobrarán», insistió.
La corporación insular atiende a 500 niños y adolescentes repartidos en 36 centros o viviendas
Los problemas administrativos y laborales en el área de la atención a los menores se arrastran desde hace dos décadas y en ese tiempo ningún gobierno insular ha establecido un mecanismo que regule de forma permanente la relación con las entidades colaboradoras.
Por tanto, la Intervención General del Cabildo viene formulando reparos suspensivos desde marzo de 2016 y hasta mayo de este año ya sumaban 71 objeciones, por un valor total de 83,3 millones de euros. Ya desde 2010 había informado «desfavorablemente» la primera prórroga de los convenios suscritos para la gestión de centros de menores, considerando que «la naturaleza jurídica de la relación a entablar con las entidades sin ánimo de lucro para la prestación de los comentados servicios es, indudablemente, la propia de un contrato».
Los informes de reparos casi mensuales del interventor recuerdan que desde la primera prórroga en el 2009 «ha transcurrido un período de trece años» sin que se resuelvan esas deficiencias.
