Diego Urda, portavoz del comité de empresa de Cementos Especiales de las Islas, advierte de que la decisión del consejero regional de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, de no renovar la concesión del puerto de Santa Águeda a la cementera podría perjudicar a la mitad de la plantilla, de 55 trabajadores. «Si le quitan el puerto a la cementera, el 50% de los puestos de trabajo puede perderse», relata.
¿Cómo han recibido los trabajadores la noticia de cambio de uso el puerto de industrial a deportivo?
Desde hace mucho tiempo se hablaba de este tema, pero que justo con el cambio de Gobierno la situación se haya acelerado de esta manera no nos ha gustado a ninguno y estamos bastante preocupados. No entendemos a qué responde la velocidad del cambio de uso, porque si mientras el Gobierno anterior dilató este asunto y solicitó informes para conocer la situación real y decidir, no entendemos cómo ahora en tan pocos meses se toma una decisión opuesta a la que llevaba el anterior Gobierno, que era permitir el uso mixto de la instalación. Nosotros nunca hemos estado en contra de compartir el recinto y vivir en armonía el pueblo, el turismo y la industria, porque creemos que poner todos los huevos en la misma cesta no lleva a buen puerto. La pandemia ya demostró que basarlo todo en el turismo no lleva a nada y los políticos deben darse cuenta de que la economía canaria debe crecer desde diferentes ámbitos y no solo del turismo. Un uso compartido es viable y ceder ambas partes es una buena opción.
¿Qué supondría para los trabajadores que le quitaran el puerto a la fábrica?
Si le quitan el puerto a la cementera creemos que por lo menos un 50% de los puestos de trabajo de la fábrica podrían perderse, uno 26 ó 27 de los 55 trabajadores que somos. Mire, por un lado, el que nosotros no podamos descargar directamente la materia prima que viene de la Península en barco ya es un problema para los gruístas, y por otro, tenemos dos molinos, uno de ellos con base en el puerto, mientras que el otro está en la terminal. El del puerto quedaría inutilizado y parte de los molineros se quedarían sin trabajo. Por tanto, si no podemos descargar el material y no tenemos uno de los molinos, quizá la empresa no sabría cómo redistribuir al personal. Y probablemente algún administrativo también caería.
««Si le quitan el puerto a la cementera, el 50% de los puestos de trabajo puede perderse»
¿Alguna administración pública se ha puesto en contacto con ustedes?
La primera preocupación que ha surgido desde que empezaron a salir las publicaciones en los medios de comunicación ha sido el miedo a perder los puestos de trabajo, pero con nosotros nadie se ha puesto en contacto. Lo que no vemos correcto es que el consejero [de Obras Públicas, Pablo Rodríguez] haga unas declaraciones en los medios de comunicación sin siquiera haber comunicado a la empresa que no le iba a renovar la concesión del puerto. Si como Gobierno pretende hacer algún cambio lo correcto sería sentarse a negociar con la empresa y luego hacer las declaraciones públicas. Pero no al revés.
¿Qué les dicen desde la empresa?
La dirección nos traslada que la empresa tiene una resolución de Puertos Canarios de octubre de 2022 que dice que, mientras no haya una resolución definitiva, la fábrica puede seguir realizando la misma actividad y uso del puerto que venía haciendo hasta ahora. A la empresa no le ha llegado ninguna nueva notificación por parte del Gobierno de Canarias o de Puertos Canarios. Por eso nos preocupa que un político se moje de esa manera en los medios de comunicación cuando no se ha comunicado nada a la empresa.
Con este panorama, ¿cómo están los ánimos entre los trabajadores?
Antes de que cambiase el Gobierno, los trabajadores estábamos tranquilos porque la propuesta de Sebastián Franquis de que el puerto tuviera un uso compartido no nos pareció mal, pues nosotros seguiríamos teniendo nuestra actividad y otras empresas podrían formar parte del muelle. Pero desde que ha cambiado el Ejecutivo y han anunciado en los medios que no van a renovar la concesión, los trabajadores se han empezado a preocupar de verdad. Porque parece que el fin de la fábrica está mas cerca de lo que parecía hace seis meses. Sabemos que el suelo de la fábrica es propiedad de la empresa, que ha dicho que no se va a ir, pero tenemos miedo de que el inicio del fin del puerto pueda ser también algo más. Si hemos dicho que si el muelle desaparece, la mitad de la plantilla podría desaparecer, ¿qué es lo que va a pasar, aunque traigan la materia prima por otro lado? ¿Va a haber un reajuste de plantilla? Todos tenemos el miedo de irnos a la calle, porque tenemos un muy buen convenio colectivo y buscar un empleo fuera de esta empresa podría hacer que el poder adquisitivo de los trabajadores caiga considerablemente. En la fábrica no se habla de otra cosa y, sinceramente, hay crispación y trabajar todos los días con esa matraquilla en la cabeza merma la salud mental de los empleados. ¿Qué va a pasar con nosotros? Es nuestro pan. Y otra cosa: si la fábrica llega a desaparecer, el pueblo de El Pajar tendría serios problemas.
Entre todas las voces que se han pronunciado en estas semanas, la exalcaldesa Narváez utilizó la expresión “guerra entre empresas”. ¿Ustedes lo ven así o es un problema de aplicación de la ley?
No precisamente. Para que haya una guerra tiene que haber dos contrincantes, y la fábrica siempre se ha mantenido neutral. Ha recibido ataques pero no los ha generado, y cuando se abrió la opción de que el puerto fuese mixto, quien se negó fue el sector turístico. Ellos tienen la visión de que hay que basar la política económica en el turismo y nosotros pensamos que podemos convivir y contribuir a la economía desde distintos sectores.
Se ha planteado la idea de trasladar la fábrica a Arinaga. ¿Cree que afectaría a los trabajadores de alguna manera?
Si se le facilitara la posibilidad de irse y la empresa decidiera hacerlo, creo que ninguno de los trabajadores pondría ninguna pega, siempre y cuando se respetasen los puestos de trabajo que tenemos ahora. Al fin y al cabo, lo que queremos es conservar nuestros puestos de trabajo.
«Buscar empleo fuera de esta empresa puede hacer que caiga nuestro poder adquisitivo»
En función de cómo se desarrollen los acontecimientos, ¿barajan desde el comité de empresa iniciar la lucha sindical?
Desde que se ha dado la alarma, hemos tenido una reunión con la dirección de la empresa y en breve tendremos una asamblea para que el coordinador general traslade a los trabajadores cuál es la situación y la intención de la fábrica. No descartamos hacer ruido en las puertas del Gobierno de Canarias para que se den cuenta de que aquí hay gente que se va a la calle si ellos deciden en contra del puerto y que afecta a puestos de trabajo reales. A veces, cuando escuchamos a los políticos hablar, parece que solo hablan de un puerto y de una fábrica, pero se olvidan de que detrás de eso hay familias. Me gustaría que ellos estuviesen en nuestra piel a ver si defienden lo mismo que ahora.
