El Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana rechazó este jueves una moción de apoyo para que el Gobierno regional renueve la concesión del puerto de Santa Águeda a la cementera, después de que el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, anunciase que el muelle tendrá uso deportivo. Y lo hizo en medio de una protesta de los trabajadores de la fábrica, que se concentraron frente a las Casas Consistoriales de Tunte para pedir el respaldo de la Corporación ante el miedo a perder sus empleos, y tras un intenso cruce de acusaciones entre los grupos políticos por verter mentiras. Más de 70 trabajadores de la fábrica y sus subcontratas participaron en la concentración.
La propuesta, que solicitaba el apoyo a la continuidad del puerto y que el Ayuntamiento medie con otras administraciones, fue presentada por NC y apoyada por el PSOE, pero recibió la negativa del grupo de gobierno, cuyos socios, PP-AV y CC, argumentaron que si bien ambas formaciones comparten el contenido de la moción y muestran su apoyo a la fábrica y a sus trabajadores, votaban en contra porque su obligación es cumplir la normativa vigente y el Plan Insular de Gran Canaria (PIO-GC), aprobado en diciembre de 2022, ya establece que el muelle pasará a ser deportivo una vez venza la concesión de uso industrial, por lo que el Consistorio tiene que adaptar su Plan General a esa norma.
El portavoz de CC y primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló como responsable de esta situación al Cabildo. «El Gobierno de Canarias saca a licitación ese muelle, pero el que legisla es el Cabildo y fueron sus grupos, NCyPSOE, quienes en diciembre aprobaron el PIO que recogía la transformación del puerto a muelle deportivo», dijo. El documento se desestimó con los 13 votos en contra de PP-AV y CC y los 10 a favor de NC y PSOE.
En la exposición de la moción, el portavoz de NC, Samuel Henríquez, aludió a la moción presentada por PP-AV en el Pleno de abril de 2021 que se aprobó como institucional con el apoyo de todos los grupos y cuestionó el cambio de criterio de los grupos que ahora conforman el gobierno municipal. «Han bastado tan solo 100 días de gobierno para que el alcalde Marco Aurelio Pérez y su partido político cambien de criterio y engañen a los vecinos de El Pajar, y se imponga el criterio de su socio de gobierno Alejandro Marichal», señaló Henríquez.
Los nacionalistas recibieron el apoyo del PSOE, cuya portavoz, Conchi Narváez, insistió en la defensa del modelo del uso compartido industrial y deportivo del puerto. «Todo se escuda en el PIO cuando todos sabemos que convalida jurídicamente la foto actual. El PIOhabla de futuro, es decir que cualquier nueva industria que quiera instalarse en ese espacio en El Pajar sí tiene que pasar por esta herramienta urbanística, pero a día de hoy es viable la industria cementera, la turística, lo residencial, la agricultura y la pesca», manifestó, al tiempo que reclamó al alcalde que «vote en contra» de retirar la concesión cuando sea convocado por el Consejo de Administración de Puertos Canarios. También pidió que se instase el cambio del PIO.
«No estamos en contra de la fábrica, de los trabajadores ni los vecinos», señala el alcalde
Por su parte, el portavoz de CC, Alejandro Marichal, quien mostró el «apoyo absoluto» de su partido a los trabajadores, recordó que votó a favor de la moción de abril de 2021 pero entonces advirtió que no serviría de nada si no se modificaba el PIO para mantener el uso industrial del puerto. «Dijimos que aprobar aquella moción sería un brindis al sol, porque quienes gobernaban en aquel momento en el Cabildo, los mismos que ahora, NC y PSOE, eran los que tenían que cambiar el PIO porque el ayuntamiento no tiene competencias», apuntó. «Lo de desarrollar la pieza turística lo dice el Cabildo, no el Ayuntamiento y nosotros, obviamente y como somos un gobierno serio, tenemos que adaptarnos ahora a lo que dice el Plan Insular», añadió, «ustedes tuvieron una oportunidad histórica para decir que fuera industrial [...] no podemos votar a favor de la moción porque cuando ustedes tuvieron la opción de cambiar la realidad no lo hicieron; no se puede decir una cosa en la calle para quedar bien pero en los despachos decidir la contraria».
El alcalde fue el último en tomar la palabra para defender el cambio de postura de su partido y para ello hizo un repaso de los cambios normativos para recordar que tanto la ley de Puertos Canarios de 2003 como la ley del Suelo de 2017 recogían el puerto de Santa Águeda como puerto de interés general de la Comunidad Autónoma, lo que justificó en 2021 que su partido presentase una moción de apoyo a la cementera. Fue en diciembre de 2022 cuando el Cabildo aprobó el PIO, con la abstención de Pérez, «y eso lo cambió todo porque define la pieza de Santa Águeda como turística, cuando hasta ahora el PGO de 1996 recogía una parcela industrial, otra residencial, otra social y el resto agrícola». «El PIO cambia todo eso, no ha sido el Ayuntamiento ni los que aquí estamos», agregó, «no estamos en contra de la fábrica ni de los trabajadores, pero la realidad jurídica es la que es y es un documento que obliga a todos los grancanarios». «El Cabildo lo cambió todo a turístico contraviniendo la ley de puertos canarios y del Suelo y ni siquiera dejó la puerta abierta al uso mixto».
Por otro lado, Pérez sostuvo que si el Ayuntamiento -durante el mandato anterior- hubiese querido cumplir el mandato de la moción aprobada en 2021 hubiese presentado un Contencioso-Adminstrativo contra el PIO durante el período de alegaciones de dos meses y no lo hizo. Sobre su posible voto en el Consejo de Administración de Puertos, Pérez sostuvo que no está en Puertos Canarios y ni siquiera tiene la oportunidad de votar.
Mientras los grupos debatían la moción, los trabajadores de Ceisa escuchaban el Pleno desde la calle con gritos y abucheos hacia los grupos que votaron en contra. El portavoz del comité de empresa, Diego Urda, explicó que no entendían cómo la moción no salió adelante cuando hay decenas de personas que se juegan su puesto de trabajo.
