La compañía Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) ha reividincado su "derecho" a seguir operando sobre el puerto industrial de Santa Águeda, en San Bartolomé de Tirajana, y advierte de que recurrirá a la justicia si el ente público Puertos Canarios, dependiente de la consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, cambia el uso del puerto a deportivo y no renueva la concesión administrativa que "esta lista para ser otorgada a Ceisa porque el expediente ya está finalizado". "Estamos operando con todas las garantías legales, la ley nos ampara", señala el coordinador general de la empresa, Claudio Piernavieja, quien además censuró que el Gobierno se escude en el Plan Insular de Gran Canaria (PIO). «Se podrá aplicar el PIO cuando se extingan todos los derechos sobre nuestra concesión y eso no ha ocurrido».
En una comparecencia celebrada este viernes en la fábrica de Ceisa en El Pajar, Piernavieja confesó que empresa y trabajadores están en "shock" después de que hace 20 días el titular de la consejería y presidente de Puertos Canarios, Pablo Rodríguez, anunciase que el puerto de Santa Águeda tendrá uso deportivo después de que el pasado 28 de octubre de 2022 venciese la concesión inicial, unas palabras que el coordinador calificó de "temerarias" a la vez que criticó que el Gobierno no haya tenido "la deferencia de contactar con nosotros para decirnos qué iba a ocurrir y estar preparados". "En sus declaraciones el consejero no solo dijo que no va renovar la concesión, sino que Puertos Canarios va a ocupar este espacio y no sabemos si ese ocupar lo dijo con C o con K", añadió Piernavieja.
Para reclamar los derechos que la empresa mantiene sobre el puerto de Santa Águeda, Piernavieja recordó que Ceisa cuenta con dos concesiones fundamentales. Por un lado la portuaria, que inicialmente vencía el 28 de octubre de 2022, fecha en la que insistió varias veces, en relación a la teoría de los empresarios turísticos, que señalan que caducó el 10 de marzo de 2020. Y por otro la concesión minera de la cantera de San José, de donde extrae la puzolana, y que caduca en 2046 pero que además tiene opción de prórroga por 30 años más hasta 2076. Ante la diferencia de fechas en la caducidad de ambas concesiones, en 2022 la portuaria y en 2046 la minera, Piernavieja aludió al artículo 66.3 de la Ley de Costas que establece que «cuando el objeto de una concesión extinguida fuese una actividad amparada por otra concesión de explotación de recursos mineros o energéticos otorgada por la Administración del Estado por un plazo superior, su titular tendrá derecho a que se le otorgue una nueva concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre por un plazo igual al que reste de vigencia a la concesión de explotación, sin que en ningún caso pueda exceder de treinta años». "Si además se renovara la concesión minera, habría una opción tácita de renovar la concesión portuaria hasta 2076", añadió el coordinador general.
Piernavieja explicó que la vinculación entre ambas actividades, la portuaria y la minera, es "clara" y ha quedado "plenamente demostrada" en la solicitud de Ceisa para que se le renueve la concesión por otros 25 años hasta 2046 y "sobre todo ha quedado plenamente demostrada en el propio expediente de Puertos Canarios, que es lo importante". "Como se cumple ese precepto de la vinculación, tenemos derecho a que se nos otorgue" la nueva concesión. El coordinador también explicó que la empresa y la Administración están ante un procedimiento reglado y que, como se cumplen las condiciones exigibles, la Administración tiene que otorgar la concesión sí o sí.
«Se podrá aplicar el PIO cuando se extingan todos los derechos sobre nuestra concesión»
En su exposición, Piernavieja realizó una cronología sobre el expediente de la solicitud de nueva concesión y destacó la resolución publicada en el BOC del 17 de octubre de 2022, once días antes de que venciese la autorización hasta entonces vigente, en la que Puertos Canarios abría un expediente de nueva concesión "con base en la existencia de una concesión minera". En esa resolución Puertos Canarios señala que en tanto se resuelva el expediente, se mantienen los derechos y obligaciones de la entidad Ceisa de gestión y explotación de las instalaciones en los mismos términos y condiciones en que se venían desarrollando.
Vía judicial
"Por tanto, estamos operando con todas las garantías legales", aclara Piernavieja, en una clara crítica al sector turístico, que ha señalado en reiteradas ocasiones que la cementera trabaja en precario, "después de que se abriese ese expediente se volvieron a pedir numerosos informes al Ayuntamiento, al Cabildo y a las distintas consejerías del Gobierno de Canarias que sustentan el otorgamiento de la concesión, de modo que en el punto en que nos hemos quedado es que el expediente está finalizado y la concesión está lista para ser otorgada a Ceisa". «Lo que no sabemos es qué va a hacer ahora el Gobierno de Canarias con un expediente que está tan bien armado», agrega.
«Lo que no sabemos es qué va a hacer ahora el Gobierno de Canarias con un expediente que está tan bien armado», agrega. Si el nuevo Ejecutivo deshiciera el expediente, una situación que Piernavieja calificó de «situación seria y muy grave», la empresa avisa que recurrirá a los tribunales. «Por supuesto que Ceisa adoptaría todas las medidas jurídicas necesarias para preservar sus derechos, iremos hasta la última instancia judicial, como si tenemos que estar peleando hasta 2046 porque estamos convencidos de que la ley nos ampara», manifestó. Y sostuvo que «nunca» abandonará la isla. «Vamos a seguir operando con o sin puerto, el suelo es propio y no vamos a renunciar a él ni a nuestra actividad.
Por otro lado, el coordinador rechazó que el Gobierno justifique el cambio de uso del puerto en que el PIO establece el futuro del uso deportivo. "El PIO es una norma a futuro y no vinculante; no se podrá ejecutar en tanto existan derechos pendientes de aplicar por nosotros", apuntó, "y lo más importante: no podemos decir que el uso se cambiará en base el PIO cuando todos los informes y expedientes favorables que están sobre la mesa de Puertos Canarios se han realizado con ese plan vigente".
Sobre la posibilidad del uso mixto, Piernavieja sostuvo que «cederían» si se preserva la zona más industrial del puerto. «Pero ojo porque estaríamos cediendo mucho porque el derecho que tenemos a la concesión es total, no a compartir», aclaró, al tiempo que sostuvo que la empresa mantiene su intención de invertir 10 millones de euros en un gran proyecto para embellecer todo el entorno de la fábrica y de El Pajar.
