San Bartolomé de Tirajana

Una familia de San Bartolomé de Tirajana se suma a las quejas por malos tratos en los Centros de Atención a las Personas con Discapacidad

Un usuario del centro de El Tablero fue presuntamente agredido hace semanas y necesitó atención hospitalaria.

La Policía Canaria se suma al cuerpos de inspectores.

Estado en que quedó un usuario del centro de El Tablero tras una agresión.

Estado en que quedó un usuario del centro de El Tablero tras una agresión. / LP/DLP

Las quejas por presuntos malos tratos denunciada esta semana por familiares de varios usuarios del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CADI) de San José de Las Longueras, en Telde, y que ya investiga la Fiscalía, han llegado hasta las instalaciones de El Tablero de Maspalomas, donde otra familia de un usuario alerta de las agresiones sufridas por su hermano por parte de otro interno.

Para atajar estas situaciones y reforzar las inspecciones en estos centros, el Gobierno regional firmará un convenio con la Policía Canaria para formar a un grupo especial que se sume al cuerpo de inspecciones de la Comunidad Autónoma, según anunció este miércoles el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil.

Por su parte, el Grupo 5, la empresa gestora de los cuatro CAD Ide Gran Canaria -Telde, San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria y Guía-, señala que no ha recibido «ninguna denuncia o queja formal» en el año que lleva al frente del centro de Telde, mientras que el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) considera que las situaciones denunciadas en Telde tienen que ver «con el funcionamiento y el día a día que lleva la empresa, que es responsable de la comida, la lavandería y de que las cosas estén en perfecto estado de orden e higiene», según su gerente, Ricardo Redondas.

Estado en que quedó un usuario del centro de El Tablero tras una agresión.

Estado en que quedó un usuario del centro de El Tablero tras una agresión. / LP/DLP

Fue el pasado 3 de octubre, explica Rita Molina, familiar de uno de los usuarios del centro de El Tablero, cuando a las tres de la mañana llamaron a su padre para informarle de que su hermano había sido trasladado a urgencias tras haber sufrido una agresión. «Hay poco personal y esa noche había una cuidadora por 15 usuarios», señala, mientras relata que otro usuario entró en la habitación de su hermano, que duerme solo, y lo mordió. «El otro usuario es una persona agresiva que ha agredido en otras ocasiones, pero sus padres se niegan a medicarlo», cuenta, «cuando la cuidadora fue a atender a otro interno el otro chico se coló en la habitación». Esa agresión le provocó heridas por múltiples mordidas en las dos orejas y en un dedo de la mano izquierda, como recoge el informe médico. El hermano de la denunciante, gran dependiente, no tiene capacidad para comunicarse y solicitar ayuda.

«La cuidadora se dio cuenta de lo que ocurría porque vio la puerta de su habitación abierta y al otro usuario encima de mi hermano, mordiéndolo; es un chico fuerte al que le tuvo que dar un empujón para quitarlo de encima». Y no es la primera vez que su hermano acaba con heridas, señala Rita, quien no achaca esta situación a un descuido de los cuidadores, sino a una falta de personal. «Hay poco personal y no pueden con todos los internos, están saturados», denuncia, «cuando entró Grupo 5 en la gestión de los centros lo primero que hizo fue quitar personal; hasta entonces funcionaba perfectamente, mis padres estaban contentos».

El usuario del centro de El Tablero sufrió mordidas en las dos orejas y en los dedos de la mano izquierda

Rita Molina se queja además de que después de que su hermano fuese víctima de la presunta agresión, nadie de la dirección del centro ni de la empresa gestora se ha puesto en contacto con su padre para ofrecerle explicaciones. «Mi padre ha pedido reuniones para hablar de la situación y tampoco consigue hablar con ellos, así que hemos enviado un escrito al Cabildo», apunta. Rita se queja también de que al día siguiente de la agresión el centro no puso un marcha un protocolo de seguimiento. «No se había comunicado lo que había ocurrido y sentaron a mi hermano y al otro interno juntos», manifiesta, «a mi padre se lo dijeron por error, se enfadó y pusieron a un cuidador exclusivo para mi hermano». El usuario se recupera de las heridas y ya está mejor.

La denunciante critica que con la nueva gestora «no se están haciendo las cosas bien» porque incluso «antes había personal de seguridad y ahora no, y eso hace que hasta los cuidadores estén indefensos; necesitan seguridad para contener a los usuarios cuando les da un brote». Y denuncia también que su hermano y otros usuarios han bajado de peso. «Hemos pedido el menú y no nos lo facilitan», reclama. La familia de Rita está valorando la idea de presentar una denuncia ante los tribunales.

El Grupo 5, a través de un comunicado difundido este miércoles, insistió en que asumió la gestión de los centros hace un año, el 1 de octubre de 2022, y durante todo este tiempo no ha recibido «ninguna denuncia ni queja formal por parte de familiares de usuarios», tal y como adelantó la coordinadora de la empresa, Lorena Ameal el pasado lunes a este periódico. «Tampoco hemos recibido ninguna sanción, denuncia o notificación de irregularidades por parte de las autoridades encargadas de supervisar el servicio y realizar inspecciones periódicas. La última de estas inspecciones, realizada hace apenas dos semanas, no detectó nada anómalo, ni observó ninguna irregularidad en el servicio», añade el comunicado.

Estado en que quedó un usuario del centro de El Tablero tras una agresión.

Estado en que quedó un usuario del centro de El Tablero tras una agresión. / LP/DLP

La compañía explica que al llegar a la gestión conocieron las quejas de una de las familias ahora denunciantes en los medios de comunicación «pero nos hicimos cargo de las mismas y no tenemos constancia de nuevas quejas por las vías establecidas».

Esta situación se conoció después de que la empresa decidiese cambiar el agua embotellada por agua del grifo, amparándose en informes del Ministerio de Sanidad que calificaron el agua como potable, una medida que no gustó a las familias y que ahora Grupo 5 reconduce. «Hemos decidido continuar con el suministro de agua embotellada en todos los centros de atención a las personas con discapacidad intelectual que gestionamos en la actualidad para el Cabildo de Gran Canaria», señala.

Por su parte, el gerente del IASS, Ricardo Redondas, sostuvo ayer en declaraciones a Efe que ha instado al Grupo 5 a cumplir estrictamente el contrato suscrito hasta octubre de 2024. «Se tiene que cumplir y, si no es así, hay unas penalidades previstas y lo último en esa escala es la retirada de la empresa, pero es lo último», afirmó, en relación a la eliminación del agua embotellada, y consideró que quitarla constituye un «hecho grave» que «no se ha llegado a producir porque el IASS lo ha garantizado». Sobre los presuntos malos tratos, Redondas consideró que tienen que ver «con el funcionamiento y el día a día que lleva la empresa, que es responsable de la comida, la lavandería y de que las cosas estén en perfecto estado de orden e higiene» y que cuando el IASS se reunió con las familias «no han indicado ningún hecho punible, sino problemas de funcionamiento».

El PP pide al Cabildo que abra una investigación

El PP en el Cabildo reclamó al Gobierno insular que investigue «motu proprio» los presuntos malos tratos a usuarios de los CADI y que no se «escude» en la investigación que ya ha iniciado la Fiscalía de Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad de Canarias. En declaraciones a los medios, su portavoz Miguel Jorge, anunció que ha pedido una comparecencia de la consejera de Política Social, Isabel Mena, y ha reclamado todas las actas de las de las inspecciones que la Corporación asegura que ha realizado. «Tenían 44 millones en 2022 para mejorar instalaciones y dar un trato digno a los pacientes y solo ejecutaron siete», añadió. | R. T. G.

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