El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la anulación del planeamiento de El Hornillo, un terreno de 171.000 metros entre la autopista del Sur y Sonneland donde se proyecta un parque comercial y más de 300 viviendas, al desestimar los recursos de apelación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y de los promotores contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria que anuló en mayo de 2021 los proyectos de reparcelación, expropiación y urbanización aprobados por el gobierno municipal dos años antes.
La sentencia de la Sección Segunda de Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, con fecha del pasado 26 de octubre, confirma la nulidad del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 13 de junio de 2019, y supone un punto y seguido en un conflicto entre propietarios, y de una parte de éstos contra la administración municipal, que se inició hace siete años.
El Ayuntamiento, según adelantaron fuentes del actual gobierno municipal, ya ha decidido presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo pese a las dos sentencias judiciales en contra y a que en ambas ya ha sido condenado a pagar las costas procesales. En caso de no recurrir esta nueva sentencia, el Ayuntamiento se podría ver abocado a pagar indemnizaciones a los impulsores del parque comercial.
Los hechos de este procedimiento judicial se remontan al 28 de abril de 2017, cuando las mercantiles Sonneland Inversiones y Borneiriña, representadas por Carlos Rial Rodríguez, presentaron instancia en el Ayuntamiento de San Bartolomé para promover un plan parcial en los terrenos de El Hornillo por el sistema de compensación y por el procedimiento abreviado, lo que requiere ostentar la titularidad o la representación de, al menos, el 70% del suelo de la unidad de actuación.
Después de la tramitación del expediente, sobre el que algunos propietarios de esas fincas ya advirtieron de la existencia de supuestas irregularidades administrativas, la Junta de Gobierno Local aprobó definitivamente los proyectos de urbanización, expropiación y reparcelación.
Fue una de las primeras decisiones del grupo de gobierno salido de las elecciones municipales de 2019, con la socialista Conchi Narváez como alcaldesa y el nacionalista Alejandro Marichal como concejal de Urbanismo. Éste último ha vuelto a ocupar esa área en el actual gobierno de Marco Aurelio Pérez (PP-AV).
Tras la aprobación de ese planeamiento, un grupo de propietarios se sintió perjudicado por las decisiones del Ayuntamiento y de la Junta de Compensación de esa parcela, la denominada Unidad de Actuación Número 1 Sector 20-A El Hornillo. Así, los hermanos Vega Monroy y sus respectivas esposas interpusieron el recurso que se tramitó en el Juzgado Número 4 de lo Contencioso-Administrativo de la capital.
Vicios de nulidad
En la demanda, esos propietarios solicitaron al tribunal que declarara la anulación de los actos administrativos «por concurrir vicios de nulidad y apoyarse o ser ejecución, a su vez, de actos normativos -Revisión Parcial del plan General- nulos de pleno derecho». En sentencia de 21 de mayo de 2020, la magistrada María del Carmen Monte Blanco estimó las pretensiones de esos demandantes.
Ante la anulación, el Ayuntamiento y la Junta de Compensación recurrieron la sentencia ante el TSJC, que ha venido a confirmarla ahora. Entre otros fundamentos de derecho, los tres magistrados de la Sala, Óscar Bosch, María de las Mercedes Martín (ponente) y Lucía Padilla, señalan que lo expuesto «permite corroborar la argumentación que emplea la Juez a quo, la cual, tras valorar la prueba pericial comprueba que, tal y como los recurrentes ya habían advertido a la Administración actuante, existían elementos suficientes que ponían en evidencia la controversia sobre la titularidad y extensión de los terrenos que se incluyeron en la Unidad de Actuación».
Ante tal circunstancia, prosiguen los magistrados, «el Ayuntamiento debió proceder tal y como nos indican las sentencias del alto tribunal [el Constitucional] que acabamos de exponer, es decir, declarar la titularidad como dudosa, y por tanto, no pronunciarse a favor de uno de los titulares en menoscabo de otro».
Los jueces ratifican que no se tuvo en cuenta las disputas sobre la titularidad de las parcelas
La valoración de la prueba por parte del Juzgado, sostiene la sentencia del TSJC, «no incurre en error, puesto que se limita a exponer las contradicciones que existen entre una y otra pericial, lo que pone de manifiesto que la controversia sobre la concreta titularidad de lo terrenos (su concreta ubicación y linderos) resulta evidente y clara, y, por tanto, la Administración debió declararlo así en el procedimiento de gestión urbanística».
Con posterioridad a los recursos del Ayuntamiento y de los impulsores del parque comercial, los hermanos Vega Monroy llegaron a un acuerdo con la Junta de Compensación y desistieron del procedimiento judicial, pero permanece adherido como perjudicado Inocencio García Ramírez.
Dos propietarios de suelo han desistido del procedimiento tras un acuerdo con los promotores
Tras conocerse la sentencia de mayo de 2021, ahora confirmada por el TSJC, los promotores del proyecto consideraron que podían seguir adelante porque existía otra sentencia del mismo tribunal que desestimó los recursos contra la aprobación, por parte del Gobierno de Canarias, de la modificación del Plan General de San Bartolomé para aprobar el Plan Parcial de El Hornillo.
En agosto de 2021, el concejal Alejandro Marichal también se reunió con varios propietarios para iniciar la ejecución del parque empresarial, pero hasta ahora no se han realizado las infraestructuras previstas.
319 viviendas y dos colegios
Los terrenos de El Hornillo suman una superficie de 171.645 metros cuadrados y en ellos se pretende construir un centro comercial, 319 viviendas, el 30% de ellas de protección oficial, dos colegios y una gasolinera. El principal promotor del proyecto es el empresario gallego Carlos Rial, a través de la sociedad Sonneland Inversiones. Según anunciaron los impulsores del parque empresarial en 2021, la inversión prevista iba a ascender a unos 50 millones de euros y, entre otras entidades comerciales, se barajaba la instalación de un centro de la cadena valenciana de alimentación Mercadona y una tienda de marca francesa de distribución de material deportivo Decathlon. Otras empresas que podrían desembarcar en El Hornillo eran McDonalds, con un establecimiento McAuto en el área de la gasolinera.
