La disputa entre socios de Dreamland deja en el aire otra inversión millonaria en Gran Canaria

Las expectativas de tener en Gran Canaria «los mayores estudios cinematográficos de sur de Europa» se tambalean por la querella presentada por los creadores de la idea  contra José Antonio Newport, el empresario que promueve el proyecto Dreamland ante el Cabildo y el Ayuntamiento de Telde, municipio en el que se ubican los terrenos del antiguo campo de golf de El Cortijo. 

Al igual que el Siam Park y otras inversiones anunciadas a bombo y platillo en la isla, los estudios Dreamland quedan en el limbo y en esta ocasión no por culpa de la lentitud de las administraciones públicas, sino por las disputas judiciales entre los socios promotores. Nadie de la empresa ha salido a garantizar la continuidad del proyecto desde el pasado lunes, día en que se conoció que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Puerto del Rosario admitió a trámite la querella y ha citado como investigado a Newport por los presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y societario por inpedimento del ejercicio de derechos sociales. 

Los denunciantes, Carlos Albero, propietario de la mercantil Alquimia Venture Capital, y Sebastián Álvarez, de Volcano International Productions, también prefieren guardar silencio y remiten al contenido de la querella, pero sí han recordado que la idea, los conocimientos y los contactos con los potenciales inversiones los han puesto ellos, no el Grupo Newport, por lo que han tenido que recurrir a la vía penal para defender sus intereses. 

La nueva aliada de Newport en los estudios Dreamland de Telde, la sociedad propietaria de los terrenos Key Travel SAU, del Grupo Lopesan, tampoco ha querido pronunciarse sobre el futuro del proyecto. Ante esos silencios, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, ya admitió este viernes la posibilidad de que el pleito en los tribunales ahuyente a los inversores y frustre la construcción de los estudios. 

El Cabildo y el Ayuntamiento de Telde acogieron con entusiasmo el proyecto Dreamland tras fracasar su instalación en Fuerteventura por el rechazo social y la negativa del Gobierno de Canarias por su cercanía a espacios naturales protegidos. En poco más de un mes, entre abril y mayo de 2023, en vísperas electorales, el gobierno del Cabildo tramitó el expediente de declaración de interés general y el Pleno lo aprobó por unanimidad el 23 de mayo. 

El pleito societario se fraguó mientras el Cabildo tramitaba el interés general en los terrenos de Telde

El Grupo Newport anunció una inversión de 140 millones de euros con el objetivo de construir «el mayor hub audiovisual y tecnológico del sur de Europa». Así, en Telde se crearía un plató de rodaje de 6.000 metros cuadrados, el «más grande de Europa», más un plató auxiliar de 2.500 metros cuadrados y un tanque de agua de 1.600 metros cuadrados para filmar «escenas complejas de alta mar o profundidades marinas». La infraestructura crearía 15.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. 

El único rechazo en el Cabildo procedió de Sí Podemos, uno de los socios del gobierno tripartito, pero no de sus dos consejeras, que votaron a favor, sino de la dirección del partido, que criticó «las prisas» por aprobar el interés general antes de las elecciones. «Siempre que se quiere vender este tipo de proyectos se hace con la promesa de la creación de empleo, y milagrosamente, se multiplica por diez la promesa hecha en Fuerteventura, en la que hablaban de 400 puestos de trabajo y 1.000 indirectos», denunció el partido Sí Podemos. En el Pleno, la consejera de Política Territorial, Inés Miranda, ofreció la cifra de 328 empleos directos «más todos los puestos indirectos», pero sin concretar más cifras.  

Pero casi al mismo tiempo que el Cabildo grancanario aceleraba la aprobación del interés general para ahorrar «hasta cinco años» de trámites administrativos, en Fuerteventura empezaba la batalla entre los tres socios iniciales del proyecto Dreamland, según revela la querella.

Fuerteventura

A finales de 2022 se activó el expediente de interés insular en Fuerteventura y se reanudaron los trámites ante el Cabildo majorero. En ese momento, detalla la querella, Alquimia y Volcano «tenían puestas sus esperanzas en que el Proyecto de Fuerteventura saliese adelante, si bien por parte del querellado [Newport], concretamente a principios del año 2023, se planteó como alternativa la posibilidad de buscar otras islas a las que orientar el proyecto (Gran Canaria y Tenerife), al mismo tiempo que planteaba la entrada de nuevos socios». Eso último algo que Albero y Álvarez «no contemplaban en aquel momento». 

Al contrario que en el caso de Siam Park, el bloqueo del proyecto no es achacable a las administraciones

El 19 de febrero de 2023, ante las dudas de sus socios, Newport contestó por correo electrónico «en unos términos muy genéricos» y planteó la constitución de una nueva mercantil y la participación en la misma de la sociedad Dreamland Studios SA en un porcentaje del 66%. El email de Newport, incluido en la denuncia,  señala textualmente: «Con respecto a los acuerdos estamos en proceso de negociación, con la parte de Gran Canaria muy avanzada. La próxima semana espero cristalizar el acuerdo. Básicamente se constituirá sociedad nueva de la cual nos quedamos con un 66% vía Dreamland Studios SA. El terreno será urbano (mucho más rápido para el Interés Insular). De los temas que tenemos que mirar y he/hemos ido aplazando es cumplimentar la ampliación de capital para poder afrontar la parte de Gran Canaria y en su caso Tenerife si lo vemos pertinente, así como avanzar con Fuerteventura». 

Alquimia y Volcano «contestaron con escepticismo y dudas a los planteamientos de Newport, manifestando su oposición a la constitución de una nueva mercantil en la que apareciera un nuevo socio con el 34% de participación». 

El 23 de marzo de 2023, siempre según la querella, José Antonio Newport constituyó a espaldas de los otros dos socios la nueva sociedad, Dreamland Studios Canarias SL, con él mismo como administrador único. Al verse con una «pírrica participación» del 6% y un supuesto perjuicio económico de 10 millones de euros, ambos socios interpusieron la querella el 1 de diciembre en el Juzgado.  

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