El colectivo de la caza denuncia «una nefasta gestión» de Medio Ambiente

Las órdenes de la veda de este año 2024 en el Archipiélago deben estar publicadas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) antes de 30 de junio y, para ello, el Gobierno autónomo reunirá a los siete cabildos el próximo 12 de junio en el Consejo Regional de Caza para que presenten las propuestas acordadas con todos los sectores implicados en la actividad cinegética.

Sin embargo, según el colectivo de cazadores, en Gran Canaria ni siquiera se ha convocado todavía al Consejo Insular de Caza para planificar la veda de este verano y la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo tampoco ha accedido a reunirse con sus representantes para conocer sus planteamientos.

Ante ello, la Asociación Canaria de Sociedades Agrupadas de Caza denunció ayer la «nefasta gestión» de ese departamento y le emplazó a escuchar al colectivo antes de acudir el próximo miércoles a ese Consejo Regional. Según el presidente de esa organización, Rodolfo Marrero, desde el 9 de mayo se solicitó una reunión con el consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, o con su equipo directivo, pero «casi un mes después no se ha recibido contestación».

Los cazadores de Gran Canaria, según el escrito, se proponen abordar hasta siete asuntos en esa reunión con los responsables de Medio Ambiente del Cabildo. En primer lugar, instar al Gobierno de Canarias a una modificación del Reglamento de Caza para que las personas inhabilitadas para obtener la licencia, por comisión de infracciones a la vigente normativa, no puedan defraudar su cumplimiento saliendo al campo a cazar escondidos tras la figura del morralero o acompañante.

Como segundo punto, reclama que «a la vez que se garantiza la vigilancia durante la temporada de caza por parte de los agentes de Medio Ambiente del Cabildo, sin perjuicio de cualquier otro, se organice un dispositivo de vigilancia para luchar contra el furtivismo que actualmente se sufre en período de tarde-noche durante el período de veda, y que supone un importante perjuicio para la riqueza cinegética, al producirse en época de reproducción y cría».

La asociación, como tercer punto, pide que «se estudie la forma de establecer una limitación de los permisos que se expidan a los cazadores de otras islas para la práctica cinegética en terrenos de caza controlada de Gran Canaria, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad y limitar la presión derivada del turismo cinegético desproporcionado».

En cuarto lugar pide que se refuerce la disciplina medioambiental y se dé el debido curso a las denuncias que interpongan los agentes de la autoridad en materia de caza «para desincentivar la comisión de infracciones contra los recursos cinegéticos».

Además, propone una campaña de control de depredadores dada la gran cantidad de los que deambulan libremente por los terrenos cinegéticos de la isla.

Ante la pérdida de jornadas de caza por la declaración de situaciones de emergencia, como las alertas por riesgo de incendios forestales, los cazadores proponen que se prohíba la actividad en todo el territorio, pues en 2023 se permitió de las cotas 200 a 400 metros, pero establecer un sistema que permita recuperar los días que no se puedan disfrutar por ese motivo.

Por último, respecto al Plan Técnico de Caza Controlada, se proponen mejoras al proyecto del Cabildo «a efectos de contribuir a su mayor eficacia y efectividad», pero, apuntó Marrero, las alegaciones presentadas en febrero «tampoco han sido contestadas».

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