San Bartolomé de Tirajana

Una denuncia obliga a demoler una granja sin licencia en el barranco de Tirajana

La Agencia de Protección del Medio Natural derribará 3.354 metros cuadrados de instalaciones ilegales a raíz de un aviso notificado por un particular hace una década.

El Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), demolerá una granja de cabras situada en la desembocadura del barranco de Tirajana, en suelo del municipio de San Bartolomé de Tirajana, por haber ejecutado su propietario obras de manera ilegal al carecer de licencia, según explican fuentes del organismo público. La agencia derribará un total de 3.354 metros cuadrados de instalaciones tras culminar un expediente que se inició hace casi una década, a finales del año 2014, a raíz de la denuncia de un particular.

La granja se encuentra en los Llanos de Juan Grande-El Rayón, en el margen derecho del cauce del barranco, donde durante años su propietario llevó a cabo varias ampliaciones sin contar con los permisos necesarios para ello, como así atestiguan las ortofotografías que obran en el expediente. Hasta que en diciembre de 2014 llegó hasta la agencia una denuncia interpuesta por un particular, una llamada de atención que activó toda la maquinaria y por la que un mes después, en enero de 2015, un agente de medio ambiente se desplazó hasta la zona, corroboró la información y denunció al propietario ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. La inspección de las instalaciones y la paralela tramitación del expediente deriva en enero de 2020 en una resolución por la que se ordena el restablecimiento de la realidad física alterada.

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural demuele una granja en el barranco de Tirajana.  | 12/06/2024 | Fotógrafo: José Carlos Guerra

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural demuele una granja en el barranco de Tirajana. / José Carlos Guerra

Pero cuatro años después, el propietario no ha ejecutado la orden de demolición, motivo por el cual la agencia dictó el pasado mes de marzo de 2024 una orden de ejecución forzosa y asumirá el derribo de todas las instalaciones de forma subsidiaria para devolver el terreno a su estado natural y luego cargará la factura al interesado. El propietario, indican las fuentes, no ha sido sancionado, puesto que el expediente data de hace una década y la sanción ha prescrito. En Canarias, las sanciones prescriben en un plazo de entre uno y tres años, según la gravedad del incumplimiento, según recoge la Ley del Suelo.

Ahora, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha sacado a concurso el proyecto de demolición por importe de 89.487 euros. El objetivo es llevar a cabo el derribo total de las instalaciones después de haber sido construidas sin autorización.

Así, desaparecerán del margen derecho del barranco de Tirajana un garaje, dos cuartos, un aljibe de purines, los corrales donde descansan los animales, varios cuartos de madera, planchas y estructuras construidas con amianto. Todas las construcciones, según recoge la memoria del proyecto, han sido levantadas de forma precaria acumulando distintos tipos de materiales. Las construcciones han sido edificadas con paredes de carga y pilares con forjados de hormigón armado, pero se encuentran en malas condiciones, mientras que otros cuartos están construidos con palés de madera colocadas en forma de paredes y cubiertas con plásticos o planchas y ancladas con materiales como bloques o neumáticos.

En la parcela ocupada por las instalaciones de la granja se acumulan además los residuos, pues como bidones metálicos o de plástico o envases plásticos con residuos peligrosos, según indica la agencia en la memoria del proyecto de demolición.

Las instalaciones se encuentran ubicadas en suelo rústico de protección de infraestructuras y equipamientos, según el Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana, y aunque se permite el uso ganadero, según explican fuentes del organismo público, la orden de demolición llega solamente porque las obras se han desarrollado de forma ilegal.

Una vez adjudicados los trabajos de demolición por la agencia de protección del territorio, la empresa concesionaria tendrá un plazo de 20 días para ejecutar el derribo de las instalaciones.