Opinión

Vivienda vacacional, ¿dónde?

Todo parece indicar que nos encontráramos en una de las llamadas crisis de crecimiento de las sociedades occidentales

Promociones de viviendas en construcción

Promociones de viviendas en construcción / LP/DLP

Augusto Hidalgo Macario

Analizar la última década de la isla de Gran Canaria pasa hoy por el tamiz ineludible de la trayectoria del Cabildo. Hace nueve años, y tras cuatro convulsos de gobierno conservador, la ciudadanía decidió dar esta responsabilidad a las fuerzas de progreso con una mayoría holgada. Y así hasta la fecha. A raíz del Debate del Estado de la Isla, que hemos celebrado en el Cabildo estos dos últimos días, ha quedado meridianamente claro que se consolida la opción de gobierno del Pacto de Progreso en Gran Canaria tras más de nueve años de estabilidad política e institucional. Por tanto, la pregunta debe ser, en ese contexto de casi una década, si Gran Canaria está mejor o peor.

Vivimos en una isla con un modelo de crecimiento socioeconómico y de sostenibilidad ambiental que, asumiendo los parabienes de la iniciativa privada, compagina una fuerte presencia de la administración pública como elemento de compensación social justa y, al tiempo, con un gran consenso ciudadano en la obligación de poner contrapesos que protejan nuestro privilegiado entorno natural para garantizar la calidad de vida de las generaciones venideras.

Ahora bien, existen disfunciones a corregir, procesos a los que hemos llegado tarde y que nos costará remontar y efectos negativos, algunos estructurales, que siguen sufriendo miles de conciudadanos y que no nos deben hacer caer en la complacencia sino, al contrario, en la búsqueda de soluciones posibles y adecuadas.

Y puestos a ello, empecemos hablando de lo que genera desazón colectiva. La sensación de una parte de la ciudadanía canaria de que el modelo que nos hemos dado tienes señales de agotamiento o, sencillamente, es contrario al bienestar de la ciudadanía y nos lleva al colapso más o menos inminente. Todo parece indicar que nos encontráramos en una de las llamadas crisis de crecimiento de las sociedades occidentales.

A esto hay que añadir un discurso que ya está calando, lanzado por fuerzas conservadoras y analistas autodenominados ‘liberales’, que hablan de que en Canarias somos más pobres que hace 20 años, ligando este fenómeno, en algunos casos al crecimiento poblacional. Esta idea se ha convertido en una consigna. Hoy parece que en Canarias todo el mundo liga los problemas al crecimiento poblacional.

Y ciertamente el problema poblacional es un factor importante a la hora de definir el devenir de una sociedad. A día de hoy, se han creado comisiones parlamentarias tanto y una Conferencia de Presidentes para abordarlo, y en todas las ocasiones los resultados prácticos son escasos o ninguno. El problema del aparente fracaso de estas mesas de debate está en poner a la gente, a la población, como centro del problema, y no analizar las causas o efectos que producen ese malestar social.

Veamos una de las causas: la vivienda. Una de las competencias que ostento en el Cabildo y principal detonante de preocupación de toda la sociedad canaria. Partamos de la base de que estamos ante un problema entre la oferta y la demanda de vivienda protegida.

Después de más de medio siglo de traspaso de viviendas públicas a manos privadas, y más de una década sin construir nueva planta de vivienda con algún tipo de protección, se ha reducido el número de este tipo de viviendas a menos del dos por ciento del parque residencial del Archipiélago. Este problema solo se soluciona con la construcción de miles de viviendas que, inevitablemente, tardarán años en ser construidas.

Pues bien, a esto se ha sumado, en los últimos años, un fenómeno que, aupado por las plataformas de intermediación digital se ha reproducido exponencialmente: la vivienda vacacional. La cual ha impactado en las zonas residenciales urbanas, sean o no turísticas.

Ante esto, tenemos varias leyes, planes y decretos para regular e impulsar la vivienda en España y en Canarias, y un Anteproyecto de Ley de Vivienda Vacacional tramitándose. Precisamente este Anteproyecto de Ley, llamado de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, viene a decir una cosa: serán los ayuntamientos los que, con su planeamiento urbanístico, determinen dónde irán las viviendas vacacionales. Una solución que ya planteamos dos alcaldes hace seis años para este problema. En concreto, Manuela Carmena, cuando era alcaldesa de Madrid, y yo mismo, cuando era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Y ante esta solución que propusimos, ambos fuimos atacados de forma furibunda por el Partido Popular.

La cuestión, que está en las ordenanzas de ambas capitales, es que no se trata de cuántas viviendas vacacionales debe haber, sino dónde. Y el dónde determinará el cuánto. Por ello hay que planificar urbanísticamente. En definitiva, ordenar de forma pormenorizada los usos del suelo. Pura competencia municipal.

Si yo abro la puerta de mi casa y en el rellano no me puedo encontrar con una churrería o una tienda de ropa, ¿por qué me tengo que encontrar un negocio turístico? Si vivo en un edificio de uso residencial, los negocios comerciales o de otra índole irán en las oficinas de los bajos o en espacios con acceso separado. En cualquier caso, donde el planeamiento determine.

Pues bien, esto que el Partido Popular de Madrid y el de Las Palmas Gran Canaria consideraban un atentado a la libre competencia, un ataque a las reglas del mercado, hoy, el alcalde Almeida no solo lo apoya, sino que plantea la prohibición de las licencias a esta actividad en la capital del Reino. Y en Canarias, con un poco más de cabeza, una Consejera del PP ha tramitado una ley que ratifica esta tesis, las mismas que ayer eran tachadas de bolcheviques por su propio partido.

En el reciente debate sobre la isla, dediqué gran parte de mi intervención al problema de la vivienda porque es un asunto de primera preocupación de la sociedad isleña, causa primordial, pero, especialmente, porque define bien cómo solventar muchos asuntos que tienen que ver con el modelo de gestión del suelo en un espacio limitado como el nuestro. Esto es, planificando.

En este sentido hemos de decir que este Cabildo ha hecho sus deberes principales en esta década, aprobando su Plan Insular de Ordenación, como marco general, y planes territoriales muy importantes para el desarrollo de la isla.

Es decir, este Cabildo, los últimos años de gobierno de progreso, ha puesto las bases para la seguridad jurídica, indispensable para atraer inversión a Gran Canaria y garantizar el sostenimiento del sistema haciéndolo respetuoso con el entorno natural. Habrá que ver, y esta es la falla, si todos los ayuntamientos de la isla han obrado igual. Unos lo han hecho y, otros, no.

En definitiva, y sin caer en injustificadas comparaciones con otras islas, Gran Canaria tiene un modelo de desarrollo sustentado en grandes proyectos que acumulan grandes consensos, respaldados, consolidados e impulsados por un gobierno que ha dado estabilidad y coherencia a un modelo de desarrollo, con una hoja de ruta sostenible que legar a las generaciones futuras, y en el que, sin obviar las carencias aún duras para una parte de la sociedad de esta isla, podemos decir que cada día, en Gran Canaria, se vive mejor.