El Consorcio de la TDT presenta un informe para avalar el contrato del congreso del lujo

El letrado GarcíaTrevijano acredita la publicidad, libre concurrencia y la urgencia en la licitación pública

La interventora del Consorcio y del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Tania Naya, preside la mesa del congreso.

La interventora del Consorcio y del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Tania Naya, preside la mesa del congreso. / LP/DLP

El Consorcio de la TDT utilizado por los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía para contratar el congreso del lujo celebrado en Maspalomas en 2022 ha presentado al Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana un dictamen firmado por el letrado mayor del Consejo de Estado, José Antonio García Trevijano, que avala que «no ha habido ningún incumplimiento» en la adjudicación del contrato de 500.000 euros.

El dictamen analiza si se han cumplido todas las reglas procedimentales en la contratación. Así, sobre la urgencia, la considera justificada porque se fijó un plazo de presentación de ofertas de 17,5 días -superior al mínimo de 10 días exigibles en la Ley de Contratos de la Administración Pública y pese a que el Consorcio no es tal- y está acreditada porque el ente recibió el encargo el 26 de noviembre y las fechas eran inamovibles por la baja disponibilidad de alojamientos en temporada alta turística o porque los ponentes no tenían otras fechas.

Para García Trevijano es «llamativo que la Fiscalía hable de tramitación ‘frenética’ del expediente el 28 de octubre de 2022. Ni esa afirmación tiene consistencia jurídica, ni es tampoco cierta la imputación, pues el expediente se tramitó entre el 27 de octubre y el 14 de noviembre, nada anormal ni ilegal».

Sobre la publicidad, la ve acreditada pues «aunque en la memoria se propusiera inicialmente un negociado sin publicidad por razones técnicas, lo cierto es que tras la propuesta de la Secretaria General en su informe se ha seguido un procedimiento con publicidad»; fue publicado en el DOUE. Además, sobre el presupuesto, el dictamen dice que los informes técnicos acuden a los ratios sectoriales de empresas del Banco de España y que en la querella de la Fiscalía «no se precisa mínimamente en qué habría sido incumplida» la normativa. Sobre la adjudicación, constata que recayó sobre la mejor oferta -y sólo se presentó una-. Con todo, el dictamen avala la labor de la interventora del consorcio y acredita que el ente «ha cumplido las exigencias procedimentales de contratación aplicables a las administraciones públicas».

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