La cementera avisa a Puertos Canarios de la "arbitrariedad" de rechazar el uso industrial del muelle de Santa Águeda

Cementos Especiales de la Islas (Ceisa) advierte a Puertos Canarios de la «arbitrariedad» en la decisión de denegar la concesión para seguir haciendo uso industrial del puerto de Santa Águeda -tal y como la compañía solicitó en 2021 por otros 25 años- basándose en un informe desfavorable firmado por el gerente del ente público, José Gilberto Moreno, y anunciado en mayo, al entender que las concesiones portuaria y minera no están vinculadas. El informe «va en contra de los actos propios de Puertos Canarios, es arbitrario, carece completamente de fundamento, se sustenta sobre una premisa fáctica incorrecta y, además de todo eso, ha sido emitido en unas circunstancias gravemente irregulares», señala la compañía. Previsiblemente este miércoles 4 de diciembre, en reunión ordinaria, el Consejo de Administración tiene previsto abordar el rechazo de la solicitud de prórroga del periodo concesional y otorgamiento de nuevo título a Ceisa para la ocupación del dominio público del puerto de Santa Águeda, según figura en el orden del día.

El Consejo de Puertos Canarios tiene previsto abordar el rechazo a la solicitud de concesión del uso industrial

En una carta firmada el pasado 28 de noviembre por el coordinador general de Ceisa, Claudio Piernavieja, a la que ha tenido acceso este periódico, el directivo alerta a los 31 consejeros de Puertos Canarios que deben emitir su voto de que la posición del ente público ha dado «un giro radical» desde abril de 2023, antes de las elecciones, cuando el procedimiento administrativo contaba con una decena de informes técnicos favorables frente a un solo informe negativo que ahora contraviene a todos los anteriores y que está firmado por el gerente, «un cargo político, no técnico». «Su tramitación está prácticamente finalizada desde abril de 2023, hasta el punto de haber enviado Puertos Canarios a Ceisa el borrador de condicionado que proponía que rigiera la concesión e incluso haber convocado un Consejo de Administración de Puertos Canarios para el día 28 de abril de 2023 cuyo punto cuarto del orden del día proponía justo lo contrario a lo que se propone ahora, esto es, aprobar la solicitud de Ceisa», añade la misiva. Aunque finalmente el por entonces presidente de Puertos Canarios, Sebastián Franquis, quitó el expediente del orden del día.

La cementera sigue defendiendo su derecho a recibir esa concesión amparándose en el artículo 66.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas que señala que cuando el objeto de una concesión extinguida fuese una actividad amparada por otra autorización para la explotación de recursos mineros por un plazo superior, el titular tendrá derecho a una nueva concesión de ocupación, en este caso del puerto, por un plazo igual al que reste de vigencia a la explotación.  En esa misma línea se pronuncia también el artículo 91.1 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Así, en la carta Piernavieja recuerda a los consejeros que la concesión portuaria estaba amparada por la concesión de la explotación minera sobre la cantera de San José, que tiene hasta 2046, por lo que reclama igualar el plazo «sin que quepa discrecionalidad de la Administración, al ser reglados los requisitos y regularlo la Ley como un derecho».

Claudio Piernavieja sigue defendiendo que las concesiones portuaria y minera están vinculadas

A su juicio, el informe desfavorable a la concesión que prevé aprobar mañana el Consejo de Administración ha sido emitido en unas «circunstancias procedimentales irregulares», porque ese documento «se ha gestado y emitido»  a pesar de que en octubre de 2023 Puertos Canarios suspendió de forma cautelar la tramitación del expediente al estar el caso judicializado y no resuelto. «Este extremo es una irregularidad procedimental especialmente grave», continúa Piernavieja en la carta [...] «mientras la tramitación del procedimiento se encontraba supuestamente suspendida cautelarmente, la existencia de este informe del director gerente y su contenido fue anunciada a los medios de comunicación por Pablo Rodríguez, presidente de Puertos Canarios, en mayo de 2024, pese a que el informe no fue firmado y emitido hasta varios meses después». Esto es, en agosto de 2024.

 «En su comparecencia, Pablo Rodríguez avanzó que Puertos Canarios rechazaría la solicitud de nueva concesión, a pesar de la existencia de un procedimiento administrativo casi finalizado en el que todos los expedientes son favorables», prosigue la carta, «esto es, en lo que supone un manifiesto incumplimiento de los más elementales trámites de un procedimiento administrativo, sin haber concluido el mismo, el presidente de Puertos Canarios anticipó su resultado final. Una irregularidad procedimental que produce una indefensión absoluta a Ceisa y que supone una vulneración de los principios básicos del Derecho».

Por otro lado, para Piernavieja resulta «inconcebible la seguridad con la que [Rodríguez] se atrevió a anticipar en mayo el resultado del procedimiento administrativo en contra de todos los informes que obraban en el procedimiento administrativo en ese momento». Y también avisa: ve «extraño» que los argumentos del informe negativo «coincidan con los sostenidos por Propiedades Cordiales S.L. [empresa turística con intereses en la zona] y la FETH», cuyos procedimientos judiciales han finalizado de forma favorable a la cementera.

Por último, Piernavieja rechaza que se limite la inexistencia de la vinculación entre las dos concesiones a que el tratamiento de la puzolana que se extrae de la cantera se realice solo en la fábrica. «Hemos demostrado con un informe de expertos independientes que han certificado la existencia de procesos con presencia de puzolana en la propia concesión portuaria». Por todo ello, pide a los 31 consejeros que conozcan todo el expediente administrativo «antes de emitir su voto a favor de una resolución manifiestamente injusta y contraria a derecho».