La cementera se queda sin la concesión del puerto de Santa Águeda

El Consejo de Administración de Puertos Canarios rechazó este miércoles definitivamente la solicitud de concesión de Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) para seguir realizando un uso industrial del Puerto de Santa Águeda, según confirmó la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, por lo que la previsión es que esta infraestructura pase a tener un uso turístico, como recomienda el Plan Insular de Ordenación. Los miembros del Consejo basaron su decisión en un informe del director gerente del ente público, José Gilberto Moreno, en el que refleja que las concesiones portuaria y minera -de donde se extrae la puzolana para el cemento- no están vinculadas. Por su parte, el coordinador general de Ceisa, Claudio Piernavieja, mostró la «indignación» de la compañía ante una decisión que ve «arbitraria», por lo que anuncia que acudirán a los tribunales. «Iremos a todas las sedes judiciales que sean necesarias, vamos a llegar hasta el final de este asunto», advirtió.

El rechazo a la concesión salió adelante con el voto a favor de 26 consejeros y cuatro abstenciones, entre ellas dos de los representantes de la Confederación Canaria de Empresarios y una de uno de los dos representantes dela Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, según informaron fuentes del Consejo, un órgano que mostró su repulsa a la carta remitida por Ceisa antes de esta convocatoria al considerarla una «presión externa» para tratar de condicionar el sentido de su voto, tal y como señaló el Ejecutivo en una nota.

La cementera sigue defendiendo su derecho a recibir esa concesión por 25 años para igualarla a la concesión de la cantera de San José invocando los artículos 66.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el 91.1 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante al considerar que la concesión del puerto está amparada en una actividad minera sujeta a un plazo concesional mayor, pero Puertos Canarios difiere. «No concurren los requisitos establecidos para aplicar el régimen extraordinario de ampliación de la concesión del puerto de Santa Águeda por no existir vinculación ni instrumentalidad entre la concesión portuaria y la actividad extractiva amparada en la concesión minera», señala el informe, al que ha tenido acceso este periódico.

La decisión la justifica en tres argumentos. El primero, en que en la solicitud de Ceisa no hay relación entre la concesión portuaria y minera. «Se constata que el mineral (puzolana) obtenido a través de la actividad minera no tiene salida a través del puerto sin que dicha infraestructura resulte esencial e imprescindible para la comercialización y exportación del mineral ni por tanto para la viabilidad de la concesión minera», señala. Ceisa, sostuvo en su carta a los consejeros, presentó un informe en el que constató que en el puerto se hacen procedimientos con la puzolana. «La explotación de los recursos mineros no depende, ni tiene vinculación, ni requiere el uso de las instalaciones portuarias […] toda vez que su destino es la fábrica situada fuera de las instalaciones portuarias», prosigue el texto, «quebrando el fundamento» que permitiría al ente aplicar las leyes que invoca Ceisa.

En segundo lugar, Puertos Canarios considera que la fábrica, al estar en un suelo privado y fuera del dominio público del puerto «no se puede considerar como un uso industrial al no tratarse de una instalación transformadora de materia prima sometida a concesión administrativa, constituyendo una mera instalación fabril de titularidad privada». Y por último, sostiene que en ninguna de las concesiones se refleja la vinculación entre las autorizaciones minera y portuaria. «Recoge únicamente la Orden del Consejero de Obras Públicas, Viviendas y Aguas de 2001, respecto a la actividad y material autorizado, que el objeto es la entrada o descarga en las instalaciones portuarias de cemento, clinker, materias primas y productos a granel necesarios para la producción de cemento sin que conste mención alguna a la concesión o explotación minera».

El informe concluye que no se cumplen las pretensiones de Ceisa «por no tener la concesión portuaria carácter instrumental respecto a la concesión minera, sin que la primera sea elemento coadyuvante de la viabilidad de dicha concesión dado que el mineral extraído está destinado a su transformación directa en la fábrica propiedad de la concesionaria situada fuera del dominio público portuario, trasladando el mineral desde la cantera a la fábrica por medio de transporte terrestre» sin usar el puerto. Sobre la fábrica, recuerda el documento, tampoco es una concesión industrial «que pueda justificar la ampliación el período concesional por no estar sujeta a un título concesional propio otorgado por la Administración». 

Tribunales

Tras conocer la noticia, el coordinador de Ceisa, Claudio Piernavieja, sostuvo que ha sido una decisión «arbitraria». «Es una decisión que sólo busca satisfacer los voraces intereses de ciertos empresarios turísticos que han puesto su foco en la zona donde está nuestra fábrica», señala. Para el directivo, «sorprendentemente coinciden los argumentos con los que esgrimen Propiedades Cordiales [empresa con intereses en la zona] y la FETH».

Piernavieja aseveró que es «la enésima irregularidad del procedimiento en la consejería de Pablo Rodríguez; no entendemos cómo una Administración puede ir en contra de sus propios actos cuando hay 10 informes favorables sobre la mesa, esto es grave». «Entre esos diez informes está el de la Comisión de Santa Águeda, que se constituyó para dirimir los posibles usos del puerto y concluyó con un informe favorable para el otorgamiento de la nueva concesión», recordó.

Por último, negó querer condicionar a los consejeros de Puertos Canarios con la carta que les envió y avisa de que Ceisa irá a los tribunales. «Estamos a la espera de la comunicación oficial de la resolución y a partir de ahí plantearemos las medidas legales oportunas; llegaremos a todas las sedes judiciales, no por antojo, sino porque estamos convencidos de que tenemos la razón y nos están negando nuestros derechos», concluyó.

Concentración de trabajadores

Un centenar de empleados se manifestó contra Purtos Canarios y el consejero Pablo Rodríguez a las puertas del edificio Usos Múltiples del Ejecutivo regional gritando consignas como "Pablo, escucha, Ceisa está en la lucha", "si no hay concesión, parón en construcción" o "Pablo Rodríguez, especulador". El portavoz del comité de empresa, Diego Urda, criticó que el consejero Pablo Rodríguez nunca hable con ellos y dijo que Ceisa les trasmite tranquilidad ante la continuidad de sus empleos. «Da la sensación de que hay intereses para hacer desaparecer la fábrica cortando el suministro». También se manifestó la Plataforma Salvar la Bahía de Santa Águed. Su portavoz, Mariano Trujillo, pidió «dejar la playa en paz para no perder la idiosincrasia del pueblo» y ayudar a mantener los más de 600 pustos de trabajo directos e indirectos que se verían afectados . «Que fabriquen por el barranco, pero que no nos toquen la playa, no queremos otro Pasito Blanco».