La propuesta del céntimo forestal calcula que Gran Canaria necesita 8,5 millones al año

La propuesta del grupo de expertos para poner en marcha el céntimo forestal durante este 2025 valora las necesidades de financiación de la isla de Gran Canaria en 8,5 millones de euros anuales, aunque el Cabildo calcula que la cantidad «óptima» para transformar los paisajes y reducir el riesgo de incendios forestales requiere unos 43 millones de euros anuales durante los próximos 15 años. 

El documento encargado por el Ejecutivo autónomo, coordinado por la entidad Profesionales Forestales de Canarias (Profor) y el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, recoge las medidas ya identificadas actualmente por los cabildos que se pueden desarrollar mediante la aplicación del llamado céntimo verde. 

Se trata de un recargo a la exacción fiscal a los combustibles de automoción, que ya fue aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado mes de diciembre, para conseguir unos recursos económicos estables para la gestión de los montes y que deja su puesta en marcha en manos de los cabildos. 

El Cabildo considera que la cantidad óptima para reducir los riesgos de incendios forestales de 43 millones anuales

En el caso de Gran Canaria, cuyo gobierno insular es firme partidario de aplicar ese tributo a los combustibles, las actuaciones ya identificadas en la propuesta de los expertos son la continuación del proyecto Gran Canaria Pastorea, la recuperación de monteverde en zonas privadas, el Proyecto Marco de Restauración Ambiental de las zonas forestales, la Red Insular de Infraestructura Verde 2050, repoblaciones, claras selvícolas en masas forestales existentes, restauración hidrológica forestal (muros, gaviones y diques), consolidación del Fondo Verde Forestal (subvención para prevención de incendios destinada a terrenos particulares), creación de una oficina técnica de apoyo y una Oficina de Extensión Forestal. 

En total, se estima que el presupuesto anual necesario en Gran Canaria es de 8.500.000 euros anuales, el mayor del Archipiélago, seguido por el de las islas de Tenerife (8.400.000), Lanzarote (6.750.000), La Palma (4.160.000), Fuerteventura (3.090.000), La Gomera (960.000) y El Hierro (719.000 euros).  

Riesgo de incendios

No obstante, según aclara la propuesta, en el caso de Gran Canaria «esta cifra se corresponde con las necesidades identificadas bajo el escenario de financiación actual», pues el Cabildo «ha estimado cuáles serían las necesidades de financiación óptimas para una transformación integral de sus paisajes forestales para reducir el riesgo de incendios e impulsar la infraestructura verde» y, bajo dicho escenario, se valoran en 43 millones de euros anuales hasta 2040. 

Yeray Martínez, miembro de Profor y del Grupo de Pilotaje que elaboró la propuesta Paisajes forestales resilientes y seguros, explicó que «la idea central» del céntimo verde, una antigua reclamación de los expertos, es que en el Archipiélago «existen problemas que afectan a las masas forestales y que acaban derivando en incendios, pero también en desertificación y deterioro del paisaje, todo ello provocado, entre otras razones, por la falta de una financiación estable». 

«Hace un mes, cuando presentamos la propuesta al Gobierno de Canarias, ya advertimos que los pocos recursos para la gestión forestal que existían en los tiempos del Icona se han perdiendo progresivamente al traspasarse las competencias a la Comunidad Autónoma y después a los cabildos, pues los gobiernos insulares han considerado que tienen otras prioridades», apuntó.   

A ello se añade, detalló Martínez, que «el paisaje se está modificando por los cambios de la sociedad y se han abandonado muchas zonas donde había agricultura, ganadería e incluso aprovechamientos forestales, lo que ha provocado que la vegetación ha colonizado esos terrenos de forma espontánea, pero no favorable, pues lo que ocurre es que se ha ido acumulando mucho combustible para los incendios». 

Y en paralelo, las masas de árboles que ya existían o se han creado en las reforestaciones de las últimas décadas «siguen acumulando biomasa porque no hay recursos económicos ni inversión para gestionarlas», recalcó. 

Para este experto de Profor, el combustible que se acumula en los montes canarios puede ser aprovechado como energía sostenible si hubiese empresas públicas o privadas que se dedicaran a ello, de forma que la gestión forestal no solo suponga gastos, sino también algún beneficio. Por ejemplo, se calcula que ese exceso de biomasa podría satisfacer la demanda de agua caliente del 60% del turismo que recibimos anualmente. «Y la tendencia es que practicar la agricultura sea cada vez más difícil, sobre todo en lugares con alto riesgo de incendio», advirtió. 

Por tanto, la propuesta para crear un recurso financiero estable «se basa en la habilitación de un recargo a la exacción fiscal sobre los combustibles de automoción ya existente, de hasta 0,02 euros por litro, que los cabildos podrán aplicar de forma voluntaria, con el fin de dotar un fondo finalista para salvaguardar e impulsar los ecosistemas forestales como sumideros de carbono y proveedores de servicios ambientales críticos para la población y la biodiversidad». 

El elevado riesgo de incendios que actualmente existe, unido a su incremento progresivo por el cambio climático y la pérdida de actividad primaria en las zonas de medianías de las islas occidentales, incluida Gran Canaria, «urge al desarrollo de medidas preventivas contundentes que reviertan esta tendencia», señala el documento. 

Al respecto, constata que «los recursos presupuestarios con los que cuentan los cabildos para este tipo de políticas son claramente escasos y fluctuantes, lo que limita no solo la ejecución de las medidas necesarias sino la creación de un sector forestal profesionalizado, eficiente y dinámico que pueda ejecutar dichas medidas». 

Por tanto, con la propuesta de Profor y los ingenieros forestales «se pretende abordar esta situación dotando a los cabildos con unos 40 millones de euros al año con el fin de que puedan desarrollar medidas de prevención de incendios, restauración y adaptación de ecosistemas forestales, y conservación de suelos de forma constante y con un alcance significativo a corto y medio plazo». 

Además, se busca «impulsar el desarrollo y consolidación de sectores forestales insulares profesionalizados que puedan ejecutar las medidas de prevención de forma eficiente», así como «revitalizar la socioeconomía de las zonas rurales de medianías y con ello el impulso de paisajes mosaico más seguros y resilientes, con una inversión continua en su sector primario en sentido amplio (agrícola, ganadero y forestal)». 

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