La justicia obliga a indemnizar con 55.000 euros a una exconcejala de Podemos expulsada de forma arbitraria

Beatriz Mejías dejó de percibir el salario como teniente de alcalde de Santa Lucía de Tirajana tras comunicarse su exclusión del partido

Beatriz Mejías, a la izquierda, y Santiago Rodríguez, a la derecha, en el último Pleno de Santa Lucía.

Beatriz Mejías, a la izquierda, y Santiago Rodríguez, a la derecha, en el último Pleno de Santa Lucía. / Juan Castro.

Beatriz Mejías Quintana, concejala de Podemos y primera teniente de alcalde del municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana en los primeros meses del mandato de 2019-2023, fue injustamente expulsada por el partido de Pablo Iglesias y, por tanto, también fue ilegal la decisión del Pleno del Ayuntamiento de retirarle el derecho a percibir un sueldo durante el tiempo que permaneció en el cargo, por lo que debe ser indemnizada ahora por el Consistorio.  

Así se recoge en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, que estima parcialmente un recurso de la exconcejala y declara la nulidad del acuerdo adoptado por el Pleno municipal, el 19 de diciembre de 2019, en virtud del cual Beatriz Mejías dejó de pertenecer al Grupo Mixto y de desempeñar su puesto de teniente de alcalde en régimen de dedicación exclusiva, con la consiguiente pérdida de derecho a seguir percibiendo retribuciones. 

La parte demandante, en base a los criterios fijados en la sentencia, calcula esa compensación económica en unos 55.000 euros, correspondientes a un salario de 2.500 euros mensuales durante los 22 meses que continuó como edil, pues su renuncia al acta se produjo el 28 de octubre de 2021. 

La sentencia, emitida el pasado 18 de diciembre de 2024 por la magistrada Sagrario Tovar De La Fe, rechaza la solicitud de la edil a ser indemnizada también por daños morales, pues sostiene que «no se han acreditado ni la cuantificación que pretende la actora, sobre todo si se tiene en cuenta que no especificó en la demanda por qué su imagen y honor resultó afectada, y qué daños morales padeció por ver condicionada su actividad política». 

Esta resolución judicial en la vía contencioso-administrativa, sobre la que cabe recurso de apelación, se produjo tras otra sentencia firme de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de fecha de 7 de julio de 2023, que declaró «la nulidad absoluta del acuerdo de expulsión adoptado en diciembre de 2019 por la Comisión de Garantías Democráticas Estatal del partido político Podemos». 

Los hechos juzgados en ambas sentencias se remontan a las tormentosas relaciones políticas en Santa Lucía de Tirajana tras las elecciones municipales de 2019, cuando Nueva Canarias (NC) perdió la mayoría absoluta que logró en las dos décadas anteriores y se abrió una negociación entre el resto de los partidos para formar el gobierno. 

La concejala Beatriz Mejías se sumó a las dos opciones que se barajaban. La principal, un pacto entre PSOE, AV, PP y Podemos con la alcaldía para el socialista Julio Ojeda. Y más a regañadientes, la edil también aceptó un acuerdo entre NC y PSOE para la continuidad de la nacionalista Dunia González. 

Según se informó entonces, hasta la noche anterior a la constitución del Ayuntamiento había un acuerdo para hacer alcalde a Julio Ojeda y dejar a NC en la oposición, pero la dirección regional del PSOE lo desautorizó porque ponía en riesgo las negociaciones para los pactos de progreso en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias. 

Finalmente, con grandes polémicas de por medio, los socialistas se abstuvieron y se conformó un gobierno alternativo encabezado por el candidato de Fortaleza, Santiago Rodríguez, con el apoyo de AV, del PP y de la única concejala de Podemos, que desobedeció las directrices de la cúpula del partido en Canarias.  

Beatriz Mejías, que anteriormente había sido concejala en la oposición en el municipio de Agüimes, ejerció de primera teniente de alcalde los primeros seis meses de mandato, pese a criticar algunas decisiones del alcalde, hasta que llegó al Ayuntamiento un escrito de Podemos en el que comunicada que esa representante suya había sido expulsada del partido y, por tanto, debía quedar como concejala no adcrita, sin poder ejercer funciones de gobierno ni cobrar el salario que venía percibiendo hasta entonces. 

La edil recurrió su expulsión en los tribunales y permaneció en el Ayuntamiento hasta octubre de 2021, cuando entregó el acta alegando motivos personales. Por las mismas fechas se firmó otro pacto de gobierno entre NC, Fortaleza y el PP para dar la alcaldía al nacionalista Francisco García, que mantiene en la actualidad.    

El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Bartolomé de Tirajana, en sentencia del 1 de septiembre de 2021, desestimó su demanda contra Podemos, pero presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y esta última revocó y dejó sin efecto la resolución del Juzgado de San Bartolomé al entender que en el expediente de expulsión no se respetaron sus derechos al no darle trámite de audiencia ni oportunidad de defenderse.  

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