Tribunales
Condena al Consejo de Aguas por ocultar datos de Chira-Soria
La condena supone facilitar la información solicitada por la Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria en relación a las presas de Chira y de Soria

Obras en la presa de Soria, el otro embalse que forma parte del proyecto del Salto de Chira. / José Carlos Guerra
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria dicta una sentencia en la que condena al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria a facilitar la información solicitada por la Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria en relación a las presas de Chira y de Soria.
Según el denunciante, en concreto, afectaba a la documentación que no ha sido facilitada corresponde a las resoluciones dictadas por el Consejo sobre la clasificación de seguridad de las presas; los análisis generales de seguridad efectuados en ambas presas, de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 12 de marzo de 1996; los archivos técnicos de ambas presas, junto con los informes y actas de todas las inspecciones efectuadas periódicamente. Y, específicamente, en relación a la presa de Chira, los siguientes informes: modelización numérica de la presa de Chira realizada en 2017, reconocimiento geofísico efectuado en 2018. Y sobre la presa de Soria, el documento XYZT de 1991, y la modelización numérica de la presa realizada en 2017.
Central Hidroeléctrica
El procedimiento empezó en agosto de 2022, cuando la Plataforma solicitó diversa documentación al organismo dependiente del Cabildo en relación a los proyectos convocados para adecuar las presas de Chira y de Soria a su nuevo uso hidroeléctrico, algo para lo que no estaban diseñadas cuando se construyeron y en relación a las concesiones administrativas otorgadas a Unelco-Endesa, primero, y posteriormente a REE, para la construcción de la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) en El Pajar de Arguineguín, con la que llenar las presas de Chira y de Soria, pues en aquel momento, no contábamos con dicha información.
El 21 de noviembre de 2022, la Plataforma se vio obligada a presentar demanda contencioso-administrativa, reclamando esa documentación, ante la negativa a facilitarla.
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