Turcón muestra su rechazo al uso de suelo rústico en la implantación y producción de energía solar fotovoltaica

La implantación de infraestructuras de energía fotovoltaica sobre suelo rústico, desvinculadas de demandas de energía eléctrica concretas, es un fin que prioriza a grandes promotores y no un medio para potenciar iniciativas comunitarias o proyectos pequeños que beneficien directamente a la población local.

Por ello, resulta imprescindible la prohibición de su emplazamiento en este tipo de suelo para garantizar la sostenibilidad ambiental, la soberanía alimentaria y la justicia social. Así lo cree el colectivo Turcón-Ecologistas en Acción, que ha presentado un pliego de alegaciones al proyecto de decreto de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias por el que se regula la participación local en el desarrollo de proyectos de energías renovables.

Para Turcón, esta propuesta de decreto llega tarde y mal, pero, con todo, puede ser una oportunidad para reorientar el actual modelo de transición energética diseñado por las administraciones canarias, totalmente agresivo contra el territorio, el paisaje, los valores ambientales y culturales, y las personas, incorporando nuevos criterios de mayor justicia social y ambiental.

En consonancia con lo anterior, los ecologistas entienden que el desarrollo de plantas fotovoltaicas debe integrarse en superficies urbanizadas y/o urbanizables, como cubiertas de edificios públicos y privados, aparcamientos, áreas comerciales, naves industriales y zonas comunes de áreas industriales y comerciales, cubiertas de depósitos de agua e infraestructuras públicas.

El colectivo advierte que la implantación en suelo rústico, sin análisis rigurosos sobre el impacto de los usos del suelo, puede alterar ecosistemas, afectando hábitats de especies protegidas o corredores ecológicos, interrumpiendo la continuidad de paisajes naturales y dañando servicios ecosistémicos clave como la regulación hídrica y el secuestro de carbono.

El documento de alegaciones presentado reclama, así mismo, la incorporación de evaluaciones rigurosas de los impactos sociales, económicos y ambientales de los proyectos en las comunidades locales y el refuerzo de las evaluaciones de impacto ambiental para priorizar el uso sostenible del territorio.

Turcón-EeA apuesta por modelos cooperativos que permitan la participación directa de la población en la generación y consumo de energía renovable, y el incentivo de proyectos que integren medidas de gestión de la demanda para minimizar el uso de infraestructuras de almacenamiento y transporte.