Empresas zombi ligadas a Santana Cazorla frenan la renovación de Anfi

Empresas sin apenas actividad procedente de la desmantelación del grupo turístico de los hermanos Santana Cazorla mantienen bloqueadas inversiones millonarias en el sur de Gran Canaria, especialmente en el municipio de Mogán, como la modernización de los establecimientos hoteleros y deportivos en Anfi del Mar o el desarrollo de los planes previstos en el litoral y el valle de Tauro.

Sociedades mercantiles denominadas zombis en el argot financiero porque continúan litigando por el control del conglomerado de empresas de Anfi pese a tener una ínfima participación en el capital social, un 0,003% según una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas , intentan frenar con demandas judiciales los planes de viabilidad de entidades como Anfi Sales y Anfi Resort, cuya actividad e inversiones de futuro están pendientes de los acuerdos entre socios y los distintos acreedores.

Esas empresas zombi están encabezadas por familiares de Santiago Santana Cazorla, ahora residente en Marruecos, y dirigen sus acciones judiciales contra el otro hermano, Manuel Santana Cazorla, así como contra la cadena hotelera IFA y los acreedores del antiguo Grupo Santana Cazorla, ya en proceso de liquidación concursal.

Las disputas entre los dos hermanos y sus respectivas familias han desembocado en un freno total a las inversiones anunciadas por los responsables de Anfi en 2016, cuando el otro gran gigante grancanario en el negocio turístico, el Grupo Lopesan, compró el 50% de las acciones de la sociedad del time-sharing a los herederos de Bjorn Lyng.

La cadena IFA, filial de Lopesan, es la que se compromete a dar viabilidad a Anfi Sales y Anfi Resort, pero sus proyectos siguen congelados, aunque ya con una sentencia favorable de la Audiencia Provincial y en espera de un posible recurso ante el Tribunal Supremo por parte de la sociedad Gestiones y Explotaciones Narval, que ha visto desestimado su recurso de apelación.

Narval, al igual que Equipo Diez de Gestión Inmobiliaria, otra de las litigantes, son empresas del entorno de Santiago Santana Cazorla y presentaron sin éxito una demanda en un Juzgado de lo Mercantil contra los convenios de acreedores y planes de viabilidad de Anfi Sales y Anfi Resort. En apelación sufrieron otro revés, pues la Audiencia Provincial no solo desestimó el recurso de Narval, sino que le reprochó «un manifiesto abuso» del proceso judicial.

Así, tras recordar que Equipo Diez dispone de una participación societaria por valor de 4.137 euros, y Narval otra 102 euros, la sentencia señala que «en total, los impugnantes suman un importe de 4.239 euros, lo que representa un 0,003 % del pasivo de Anfi Sales, que se ha considerado para aprobar el convenio, 127,72 millones de euros.

«Por tanto», añaden los magistrados, «no está de más plantearse si es lícito y conforme a la buena fe que, en unos concursos con los pasivos que acaban de mencionarse, unos acreedores que suman un porcentaje tan ínfimo en relación con el total del pasivo afectado por el convenio puedan oponerse a la aprobación de una propuesta de convenio que ha obtenido la adhesión de un 73,02 % del pasivo, en el caso de Anfi Resort, y el 73,77%, en el caso de Anfi Sales».

La sentencia avala el convenio de acreedores, que entre otros argumentos señala que «tiene por objeto superar la insolvencia de las empresas y poder satisfacer a los acreedores sus créditos en la forma y cuantías que en el mismo se especifican, posibilitando a la vez la continuidad de la actividad de las empresas afectadas, con los beneficios que ello supone para todos los agentes vinculados a la misma, como son los acreedores, trabajadores, clientes, instituciones públicas, etcétera».

Con esa finalidad, recalcan los magistrados, «se ha creado un marco de seguridad bajo el diseño del Plan de Pagos, apoyado por el Plan de Viabilidad confeccionado aplicando principios de prudencia acordes con la continuidad de la actividad empresarial».

En ese escenario, especifica el convenio de acreedores, se cuenta con el apoyo financiero de la mercantil IFA Canarias, estando prevista la aportación por su parte de los recursos financieros necesarios para el complimiento del mismo».

Uno de los aspectos a mejorar en Anfi del Mar, el complejo estrella del grupo del time-sharing, es la zona de la playa, la isla artificial, el paseo y la marina, cuyo deterioro se debe precisamente a otros enfrentamientos entre Narval y Anfi del Mar por la concesión administrativa.

Tras un pleito de siete años en varias instancias judiciales, el Tribunal Supremo retiró la concesión a Narval en diciembre de 2019 y la Demarcación de Costas de Canarias se vio obligada a convocar un nuevo concurso, aún no resuelto. La concesión administrativa está ahora desierta y corresponde a Puertos de la Comunidad Autónoma realizar el nuevo concurso público, en el que aparte de Anfi y Narval es previsible que también participe el Ayuntamiento de Mogán, que pretende gestionar directamente todos los servicios de playa del litoral del municipio.

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