Nueva Canarias parará la tasa turística de Mogán

Los portavoces de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán, Juan Manuel Gabella y Javier Romero, han mostrado su rechazo a la tasa turística que el gobierno de Onalia Bueno pretende implantar en el municipio porque la consideran «ilegal» y «arbitraria». En una rueda de prensa celebrada este martes en la sede del partido en Las Palmas de Gran Canaria anunciaron que intentarán frenar por vía administrativa la tasa turística y una vez se apruebe de forma definitiva en el Pleno del próximo 28 de febrero presentarán un recurso de reposición que paralizará la ejecución de la ordenanza, al menos hasta que ese recurso sea respondido por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. No obstante, insistieron en que están a favor de un nuevo modelo de sostenibilidad turística y de la aplicación de un impuesto autonómico que permita mejorar la financiación de los municipios turísticos, tal y como la formación ya propuso en el Parlamento canario.

En su intervención, Gabella explicó que el motivo de sus alegaciones es que se trata de una «impuestasa», es decir, un impuesto a la pernotación «disfrazado» de tasa que incumple la Ley General Tributaria y la Ley de Tasas y Precios Públicos, donde se regula que una tasa debe tener un hecho imponible claramente definido y prestarse de forma particular a los interesados -situación que a su juicio no se refleja en la ordenanza que pretende aprobar Mogán definitivamente-, e incluso incumple la Constitución, que reserva la creación de impuestos al Estado y las Comunidades Autónomas. Como ejemplo, Gabella señaló que una tasa es el precio que se paga por el agua que una persona recibe en su casa, por un servicio prestado de forma particular.

Mogán aprueba la tasa turística con la oposición en contra al considerar que grava las pernoctaciones y no la prestación de un servicio

Sostuvo también que el los servicios por los que pretende cobrar el Ayuntamiento, como el agua, la basura o el alcantarillado, ya están regulados en hasta 24 ordenanzas municipales, «así que lo que se establece es una recargo sobre tasas ya reguladas» que implica pagar dos veces por lo mismo. «El informe municipal dice que estos servicios no están financiados por ninguna otra tasa o tributo o estando financiados no suplen la totalidad de los mismos, pero sí que existen esas ordenanzas», detalló Gabella, que instó a la alcaldesa a que, en su caso, revise las ordenanzas existentes y recalcule los precios en vez de imponer una nueva tasa. «La alcaldesa pide que algo se haga y los funcionarios hacen el pino puente para hacer lo que ella pide», expresó.

Para NC hay «total arbitrariedad» porque el proyecto de la norma no establece una base imposible clara, sino que cambiará cada año. «La alcaldesa ya anunció que el precio de la tasa sube el año que viene; la arbitrariedad está servida, no presta servicios sino que establece una tasa para financiar lo que ella quiera hacer en el municipio», apuntó.

Los nacionalistas ofrecen tres alternativas a esta tasa: instan a Onalia Bueno a solicitar «a su amigo Clavijo» -presidente canario- a que el Gobierno cree un impuesto autonómico, que se revisen las ordenanzas fiscales para eliminar duplicidades en los pagos y que la futura Ley de Municipios Turísticos garantice una financiación adecuada.