Mogán
La oposición y patronales turísticas canaria y nacional intentan tumbar la tasa turística de Mogán
NC presentará un recurso para frenarla y junto a PSOE y los empresarios alegan que es ilegal al no definir qué servicio presta y que es un impuesto por pernoctar.

Juan Manuel Gabella y Javier Romero, portavoces de NC en Mogán, este martes en la sede del partido en la capital. / Alejandro Ramos
La oposición en el Ayuntamiento de Mogán y las patronales turísticas canaria y nacional intentan tumbar la tasa turística de Onalia Bueno, la primera de origen municipal en España. El proyecto de ordenanza para gravar con 0,15 céntimos la tasa que tendrán que pagar todas las personas que se hospeden en un establecimiento alojativo se topa con ocho alegaciones: dos de NC y el PSOE; dos de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas y de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), tres de una cadena hotelera y otra de una agencia de viajes, según informaron fuentes municipales. Y todas van en la misma línea: consideran que la ordenanza no define de forma concreta cuál es el servicio que se presta y a quién y por tanto, argumentan, es un impuesto que se cobrará por pernoctar y que está camuflado en forma de tasa.
Los portavoces de NC, Juan Manuel Gabella y Javier Romero, mostraron su rechazo a una tasa que ven «ilegal» y «arbitraria». En rueda de prensa este martes anunciaron que intentarán frenar la tasa por vía administrativa y una vez se apruebe de forma definitiva en Pleno el 28 de febrero presentarán un recurso de reposición que, sostuvieron, paralizará la ejecución de la norma, al menos hasta que los servicios jurídicos del Ayuntamiento respondan al recurso. No obstante, insistieron en que están a favor de la aplicación de un impuesto autonómico, tal y como la formación ya propuso en el Parlamento canario.
Las patronales critican que se cobrará por pernoctar pero también usarán los servicios los excursionistas
Gabella consideró que se trata de una «impuestasa», esto es, un impuesto a la pernoctación «disfrazado» de tasa que incumple la Ley General Tributaria y la Ley de Tasas y Precios Públicos, que regulan que una tasa debe tener un hecho imponible definido y prestarse de forma particular -situación que creen no se refleja en la ordenanza local-, e incluso incumple la Constitución, que reserva la creación de impuestos al Estado y las Autonomías.
Sostuvo también que los servicios por los que se pretende cobrar, como agua, basura o alcantarillado, ya están regulados en 24 ordenanzas, «así que lo que se establece es un recargo sobre tasas ya reguladas» que implica pagar dos veces por lo mismo. «El informe municipal dice que estos servicios no están financiados por ninguna otra tasa o tributo o estando financiados no suplen la totalidad de los mismos, pero sí que existen esas ordenanzas», detalló Gabella, que instó a Bueno a que las revise y recalcule los precios en vez de imponer una nueva tasa. «La memoria técnica es ficción administrativa; la alcaldesa pide que algo se haga y los funcionarios hacen el pino puente para hacerlo», expresó.

Juan Manuel Gabella presenta las alegaciones de Nueva Canarias, este martes. / Alejandro Ramos
Para NC hay «arbitrariedad» porque el proyecto de la norma no establece una base imponible clara, sino que cambiará cada año. «Bueno ya anunció que el precio de la tasa sube el año que viene; es arbitrario, no presta servicios sino que establece una tasa para financiar lo que ella quiera», apuntó. Además, señaló que el cálculo para establecer la tasa no incluye servicios que supuestamente van a beneficiar al turista y que reciben subvenciones de otras administraciones como proyectos de la estrategia de resiliencia turística de Canarias o la Feria del Atún.
Los nacionalistas ofrecen tres alternativas: instan a Onalia Bueno a que pida al Gobierno canario que cree un impuesto autonómico, que se revisen las ordenanzas fiscales para eliminar duplicidades y que la futura Ley de Municipios Turísticos garantice una financiación adecuada. Además, pide exonerar a los empadronados en Mogán en el pago de esta cuantía.
En la misma tónica va el PSOE, cuyo portavoz, Artemi Artiles, considera que el hecho imponible es «abstracto» por lo que reclama a Bueno que no aplique la tasa «por no cumplir con los requisitos jurídicos» que establece la normativa y que pida al Gobierno regional que active un impuesto turístico. «Esta tasa no presta el servicio de forma particular a los turistas que pernoctan en Mogán y ni siquiera se demuestra en el expediente que estos servicios no se estén prestando también a los residentes», dice en sus alegaciones.
La tasa también ha recibido alegaciones de la FETH y la CEHAT, dos patronales que plantean posiciones similares. Critican, entre otros argumentos, que se quiera cobrar la tasa a la «población turística» pero realmente, sostienen, a quienes se cobrará no serán los mismos que lo disfrutarán porque, por ejemplo, se excluye a los excursionistas llegados de otros municipios que pueden usar los servicios que se pretenden gravar pero se grava exclusivamente por el alojamiento. Sobre el hecho imponible señalan que los servicios aludidos «no permiten una diferenciación individualizada de su utilización y por tanto no pueden dar lugar a tasa alguna». Además, consideran que se «sobretasan» y duplican su tributación los servicios de recogida de basura y de agua y que en el cálculo el Ayuntamiento incluye conceptos por los que recibe subvenciones «con lo cual no es un gasto que asume el Ayuntamiento». Por último, también critica el cambio en el coste de la tasa. «En los hoteles ya estamos contratando con clientes para el año que viene, ¿cómo les decimos que este año hay una tasa pero que el año que viene no sabemos cuánto van a pagar?».
El déficit calculado por el Ayuntamiento de Mogán por la acción turística sobre los servicios de agua, alcantarillado o residuos es de 2.716.402 euros y prevé repercutir sobre la tasa 1.215.590 euros.
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