El Tribunal Superior de Justicia de Canarias paraliza la tasa turística de Mogán

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha paralizado de manera cautelar el cobro de la tasa turística impuesta por el Ayuntamiento de Mogán y que entró en vigor este martes. Los empresarios turísticos, que estaban en contra de la aplicación de la tasa, han logrado que con un recurso que la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC suspenda la aplicación de la ordenanza la ampara.

El Ayuntamiento de Mogán aprobó el 28 de febrero pasado la denominada Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicios y Realización de Actividades Derivadas de la Acción Turística y la Obligación de Sostenibilidad. Esta ordenanza daba pie a la implantación de la primera tasa municipal turística de España, con un pago en principio durante 2025 de 0,15 euros por persona y día alojada en el municipio. 

Nueva Canarias felicita a la FEHT por la resolución judicial que paraliza la tasa turística de Mogán

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas publicó este lunes 10 de marzo el anuncio de su puesta en marcha al día siguiente del abono de la tasa de 15 céntimos, un pago que estaban obligados a liquidar al Ayuntamiento las empresas alojativas.

Alegaciones desestimadas

La Federación de Empresarios de Hotelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) trató de detener sin éxito en el Ayuntamiento la aplicación de la tasa. Desestimadas sus alegaciones, finalmente recurrió a los tribunales.

Ese recurso contencioso administrativo es el que ha enterrado de momento la primera tasa turística municipal del país apenas un día después de su nacimiento. La resolución judicial exige al Ayuntamiento que paralice de inmediato la disposición impugnada.

Con todo, la suspensión no es definitiva, pues contra la resolución del TSJC, el Ayuntamiento de Mogán puede presentar alegaciones. Para ello, tiene tres días de plazo.

El Ayuntamiento de Mogán, que preside la alcaldesa Onalia Bueno, ha expresado su intención de, en cuanto reciba la resolución judicial de manera formal, defender ante el juez su ordenanza para que las medidas cautelares de suspensión de la misma puedan ser retiradas y, en consecuencia, continuar cobrando a las personas alojadas en el municipio 15 céntimos por día.