Alejandro Marichal: «No podemos echar a 16.000 vecinos de sus viviendas»

Hace 20 días conocíamos que Turismo iba a suspender las sanciones a las personas que viven en zonas turísticas y esta misma semana el Gobierno decidió aplazar ese decreto por dudas jurídicas. ¿Le sorprendió el anuncio? ¿Qué opina?

No me sorprendió porque es algo que hemos trabajado desde que llegamos al gobierno. En 2024 me reuní con el presidente del Gobierno de Canarias y entre otras cuestiones le pedí lo más urgente, que es la suspensión de los procedimientos. Pero el fondo del asunto es reformar la ley 7/1995, que fue lo que planteamos en esa reunión, a la que fui de la mano de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. Clavijo se comprometió a atender esa petición, nos trasladó que Turismo empezaría a trabajar en reformar la 7/1995 y que en ese proceso que hiciéramos todas las aportaciones necesarias para darle encaje legal y hacer compatible el uso residencial con el turístico.

Para evitar las sanciones, el Ayuntamiento trabaja en una ordenanza provisional. ¿Cómo se justifica el uso mixto?

En el Pleno de julio de 2024 aprobamos todas las fuerzas, salvo NC, la urgencia y extraordinaria necesidad pública de aprobar unas ordenanzas que permitiesen evitar las multas. Estamos tramitando una modificación del Plan General para clarificar, y subrayo clarificar, que no modificar, que es compatible la segunda residencia y residencia permanente con el uso turístico. Nosotros entendemos que siempre ha sido compatible porque la ley 7/1995 de Ordenación del Turismo en Canarias se aprobó y tiene efectos a partir de esa fecha, no con carácter retroactivo, y la mayoría de apartamentos de nuestro municipio se construyeron antes de 1995. Y si todavía hay dudas, la Ley del Suelo de 2017 consolidó el uso residencial en las viviendas existentes hasta el 1 de enero de 2017. Por tanto, nuestro planeamiento no habría que cambiarlo, pero la consejera Jéssica de León nos traslada que los procedimientos sancionadores iniciados no se pueden suspender, salvo que el Ayuntamiento modificase el planeamiento,de ahí que en julio de 2024 aprobásemos en el pleno incoar el expediente para modificar el plan general mediante ordenanzas provisionales. Con ello pretendemos dar una solución para que la consejería de Turismo tenga claro, negro sobre blanco, que son compatibles los usos residencial y turístico.

¿Cómo va el trámite de la ordenanza y cuál será el criterio a seguir?

Honestamente, más lento de lo que esperaba. Ya hemos trabajado con el equipo técnico que redactará las ordenanzas y en las próximas semanas formalizaremos el encargo a Francisco Villar, catedrático y responsable de la redactar la vigente Ley del Suelo. El criterio a seguir es reconocer lo que ya está consolidado. Diremos que en todas aquellas parcelas turísticas en cuya ficha técnica diga que son apartamentos, villas, casas vacacionales o bungalós será compatible el uso residencial. Obviamente, si un complejo es todo turístico y se está explotando turísticamente, no se convertirá en residencial.

Eso tendrá detractores.

Somos conscientes de que la patronal turística estará en contra. Y lo asumimos. Pero siempre le hemos explicado que hay 16.000 personas viviendo en zona turística desde hace décadas, eso es una realidad, no un invento. Las leyes turísticas desde 1995 en adelante han sido cada vez más restrictivas, pero no pueden ir en contra de la realidad: la mayoría de los apartamentos se construyeron antes de 1995 y no podemos echar a 16.000 de nuestros vecinos de su vivienda a la calle.

¿Y el principio de unidad de explotación?

Ese concepto debe ser revisado. Nuestra propuesta es que en aquellos apartamentos donde no haya explotador turístico se permita la comercialización por muchas unidades y la gestión de los gastos comunes sea compartida.

¿Y si el explotador tiene más del 51%?

Pues loPues lo explota, y según la ley 7/1995, si no cumple con este requisito el propietario individual puede arrendar su apartamento conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En conclusión, ya desde 1995 también se estaba permitiendo vivir.

Pero entonces ya no es para que viva el propietario, sino también para alquilar.

Esa es la cuestión, cómo hacer compatible diversas comercializaciones en un complejo. Nosotros, en las alegaciones al proyecto de Ley de Vivienda Vacacional, propusimos que en el supuesto en que no haya explotador turístico se permita a los propietarios alquilarlo vacacionalmente a título individual. Pero en caso de que sí lo haya, debe haber un único explotador porque ya estaría cumpliendo con la ley vigente. En cualquier caso nosotros solicitamos al Gobierno que cuando empiece a tramitar la nueva ley de ordenación del turismo cuente con todos los municipios, especialmente con los turísticos.

La suspensión de las sanciones aún no se ha aprobado. ¿Durante cuánto tiempo van a estar los propietarios con la incertidumbre?

Este año estará aprobadas las ordenanzas provisionales y reconoceremos que el uso residencial y turístico es compatible, y con eso habrá total seguridad jurídica frente a todas las normas que el Gobierno de Canarias vaya a aprobar en el futuro y para que ninguna a otra Administración se le ocurra decir que estos 16.000 vecinos no pueden residir en sus viviendas. El reconocimiento del Ayuntamiento, que es el que tiene la competencia en Urbanismo, va a misa, y ya no se podrán iniciar expedientes contra quienes viven en zona turística. Agradezco al presidente Clavijo su sensibilidad para incorporar en 2017 en la Ley del Suelo una disposición que consolidaba el uso existente y la que tiene ahora de cara a aprobar un decreto que suspenda las sanciones,pero le pedimos que empuje a su consejera a que promueva una ley de ordenación del turismo donde se contemple a los que residimos aquí. No se pueden elaborar leyes que nos den la espalda a los canarios.

El anuncio de la suspensión se vendió como un éxito del PP. ¿Le ha molestado?

Así es el juego político. Pero me alegro de que el PP haya decidido sumarse a esta iniciativa que CC trabaja desde hace años. Eso sí, aún seguimos esperando que la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias aparezca por San Bartolomé de Tirajana para que conozca la realidad de quienes residen aquí, la necesidad de infraestructuras que tenemos y contar con su apoyo para uno de los principales municipios turísticos de Canarias. De momento, Turismo va a colaborar con la redacción de dos proyectos, pero la realidad es que en esta legislatura a día de hoy la inversión económica en el municipio es cero; aquí solo invierte el Ayuntamiento y el Cabildo.

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