Apuntalan el edificio del derrumbe de Vecindario, denunciado por vía judicial por convertir 8 en 25 viviendas

Trabajo a destajo desde primera hora del martes para apuntalar el edificio de Vecindario, del que fueron desalojados 45 inquilinos el sábado por peligro de derrumbe inminente tras un gran estruendo que provocó su hundimiento. Sobre este inmueble pesa un expediente disciplinario abierto por el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Lucía, que denuncia que el inmueble ha podido pasar de tener ocho  a 25 viviendas. Además de triplicar el número de unidades, la demanda, que se encuentra en vía judicial, incluye la antena de telefonía de grandes dimensiones ubicada en la azotea.  

La empresa especializada en ejecución de trabajos en estructuras, cimentación y cubiertas de edificios contratada por el propietario de la finca dañada tenía previsto culminar los trabajos el martes. Consisten en estabilizar y apuntalar la primera planta y el pilar del sótano, que se cedió bajo tierra más de cinco centímetros al parecer, durante el desarrollo de una obra que pudo ocasionar paralelamente también los daños estructurales.  

Hasta última hora del martes se mantenía activado un dispositivo municipal para proceder a la retirada del precinto del perímetro  de la avenida de Canarias afectado para por este incidente salvo en el edificio evacuado.  

No obstante, según el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Lucía, Leví Ramos,  hasta última hora del martes no habían recibido el informe detallado con las conclusiones del trabajo encargado por el dueño del edificio, que debe ser supervisado por el equipo responsable del área municipal por motivos de seguridad y  darle el visto bueno. Solo entonces se procederá a levantar parte del precinto.

Anuncia que reabrirá el tramo cortado al tráfico de la avenida de Canarias y los vecinos de los otros dos inmuebles adyacentes al dañado que también fueron desalojados por precaución podrán volver a sus hogares. También podrán volver a su actividad los negocios incluidos en el cierre perimetral salvo el que está ubicado en la primera planta del edificio desalojado. Sus inquilinos solamente podrán acceder a sus casas para recoger sus enseres. Lo harán como máximo dos personas por unidad familiar y siempre acompañados por un técnico de la dirección de obras.

Todos desde Cuba

Todos son de nacionalidad cubana, que emigraron a la isla buscando un futuro mejor y enviar dinero a sus familiares. Hasta este contratiempo. «¿Pero y a dónde vamos a ir? Cómo vamos a seguir así, aquí no podemos vivir. Trabajamos, enviamos dinero a nuestros familiares y pagamos el alquiler como es debido, y me veo aquí echada en la cama en una casa de muñecas, sin nada. Lo puesto. Queremos comprarnos una casa mi marido y yo con lo que ahorramos ¿Y ahora qué? Y nuestras familias en Cuba, están todos preocupados».

«Dejé tele y lavadora puesta»

Es Jaqueline Dávila, trabaja en una lavandería y su marido en una empresa especializada en la instalación de placas solares. Viven en Gran Canaria desde hace seis años y residen en este inmueble en el que todos son de nacionalidad cubana. Como casi todos, Jaquelin y su cónyuge salieron «corriendo» con lo puesto de casa «y hasta recuerda que «dejé puesta una lavadora y la tele encendida. Los vecinos «nos conocíamos de vista pero ahora nos hemos unido a raíz de este sucesos», comenta. 

 El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, confirmó  que pesa un expediente disciplinario abierto con anterioridad al siniestro al inmueble evacuado. Además, constan otros expedientes en distintas fincas del mismo propietario.  

El edil de Urbanismo asegura por su parte que el trabajo  prioritario en estos momentos  y «sobre el que están volcados técnicos y todo el departamento desde el mismo sábado es lograr dar seguridad e integridad al edificio».  

Quiso resaltar que lo importante es que todo vuelva a la normalidad y afianzar la seguridad, aunque avanzó que «posteriormente, no descartamos iniciar medidas en contra de los responsables de este incidente, tal y como hacemos con el resto de la ciudadanía en estas situaciones».

Muchos vecinos hablaban el martes también de que el culpable «puso peligro la vida de muchas personas y debe pagarlo», al recordar que el anuncio de peligro de derrumbe inminente y el desalojo de los 45 inquilinos, entre ellos tres menores, fue en minutos. 

Delito civil y penal

Ahora serán los peritos municipales quienes determinarán las causas del hundimiento del pilar central del céntrico edificio, que removió la estructura y provocó grietas visibles en su fachada.  

Según fuentes consultadas por este medio, las obras de este calibre deben estar tipificadas y respaldadas con certificaciones y autorización oficiales y de no ser así, se incurriría un delito no solo civil, sino penal. ´

Kits de ayuda

Por otra parte, el concejal responsable del área de Atención Social y Comunitaria, Saúl Goyes, indica que se han implementado diversas intervenciones sociales con el objetivo de garantizar las necesidades básicas de la población en situación de vulnerabilidad. Estas acciones buscan ofrecer una respuesta coordinada e interdisciplinar.

Son líneas de intervención y acciones desarrolladas que abarcan múltiples ámbitos esenciales para la calidad de vida de las personas beneficiarias». Detalla concretamente que se han actuado en cuatro áreas. Sobre asistencia material se han establecido diversas ayudas directas para garantizar la cobertura de necesidades básicas como un vale de 80 euros por persona para la adquisición de ropa, pijamas y ropa interior. 

Además, los kits son de productos higiénicos, incluyendo artículos de aseo personal; otro de productos de limpieza, con suministros esenciales; otro para bebés, que contienen productos esenciales como pañales y artículos de cuidado infantil; el kit con enseres básicos, que incluyen toallas, mantas, sábanas, almohadas, entre otros. 

El edil subraya que con esta actuación «garantizamos las condiciones mínimas de confort»

Además, Goyes querer aclarar que el «sufragio de la alimentación lo costea el ayuntamiento y cuenta con la colaboración con entidades encargadas de la preparación y reparto de comida para las personas en situación de vulnerabilidad».

Igualmente, sostiene que se ha prestado apoyo psicosocial y acompañamiento familiar. En este sentido, detalla que el equipo interdisciplinar compuesto por trabajadoras sociales, psicólogas, educadoras sociales y monitores de integración social «brinda apoyo integral a las familias beneficiarias», que incluye atención psicológica para gestionar el impacto emocional de la situación de vulnerabilidad así como el acompañamiento a las personas y familias beneficiarias en sus procesos personales y sociales.

Asegura que la coordinación institucional y comunitaria «para garantizar una intervención efectiva y sostenible es constante». Y especifica que son internamente, entre los diferentes departamentos municipales involucrados en la atención social y externamente, con entidades sociales y privadas que complementan los recursos municipales, asegurando una respuesta más amplia y eficiente.