La Intervención del Cabildo detecta 100 millones de subvenciones sin justificar a finales de 2024

El Cabildo de Gran Canaria y sus organismos autónomos gestionaron subvenciones por valor de 343,18 millones de euros durante el año pasado y a 31 de diciembre aún quedaban 100,30 millones pendientes de justificación, según revela el Informe Resumen Anual de la Intervención General del Ejercicio 2024, un documento que se eleva al Pleno de este viernes y que advierte de varios incumplimientos en la normativa de contratación pública y del personal de la administración.  

El informe, firmado el pasado 14 de abril por la interventora general accidental del Cabildo, Lidia Cristina Pérez, también enumera 59 contratos «sin respaldo legal» durante 2024, con los consecuentes reparos o revisiones de oficio por parte de ese organismo de fiscalización. De ellos, 18 contratos corresponden al propio Cabildo, 15 al Consejo Insular de Aguas, 13 al Instituto de Atención Sociosanitaria, cuatro al Instituto Insular de Deportes, cuatro al Consorcio de Emergencias, dos al Patronato de Turismo  y tres a la Autoridad Única del Transporte. 

El documento arranca con la queja de que el personal adscrito al control financiero, tanto en la modalidad de Auditoría Pública como de Control Permanente, «es claramente insuficiente» para abarcar las tareas encomendadas legalmente, teniendo en cuenta el volumen presupuestario del Cabildo, que supera los 800 millones de euros. Ante ello, se ha propuesto a la consejería responsable en materia de Hacienda una modificación en la relación de puestos de trabajo «con el objetivo de paliar esta carencia». 

Contratación

En materia de contratación pública, avisa el informe, «en el ejercicio de 2024, y como consecuencia de la gran movilidad que se ha producido en los dos últimos años entre el personal técnico de la Corporación, se siguen poniendo de manifiesto las carencias en materia de contratación existentes, que derivan fundamentalmente en falta de profesionalización y experiencia de gran parte de los técnicos que preparan estos expedientes en los centros gestores». Este inconveniente también ha afectado a los técnicos de fiscalización de contratos, ralentizando el trabajo realizado por la Intervención. 

En referencia a los contratos sin ese respaldo legal, la interventora accidental señala que la relación expuesta «evidencia un déficit de gestión en materia contractual en la mayoría de las áreas del Cabildo y entes dependientes, dando lugar a la formulación de reparos suspensivos por parte de esta Intervención o revisiones de oficio para declarar la nulidad de la contratación por parte de los órganos competentes, debido a la ausencia de trámites esenciales en los expedientes, como la inexistencia de contratos o la utilización de la figura del contrato menor, vulnerando lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de Contratos del Sector Público, por fraccionamiento del objeto del contrato».

En materia de subvenciones durante el ejercicio 2024, el Cabildo y sus organismos autónomos gestionaron subvenciones por un total de 343.187.089 euros, lo que representa el 21,16% del total de las obligaciones reconocidas ese año, con un incremento del 25,78% respecto al año 2023.

La gestión de las subvenciones, según el informe, «comporta una gran carga burocrática en todas las áreas del Cabildo, pues son expedientes que, dependiendo de la forma de concesión, permanecen activos largos periodos de tiempo y generan múltiples incidencias entre el inicio y el cierre, que generalmente culmina en una justificación de la actuación subvencionada, como mínimo, un año después».

Retrasos

También resalta el retraso existente a 31 de diciembre de 2024 en la fase de justificación de las subvenciones, en unos casos derivados por la falta de aportación de justificación por parte de los beneficiarios o de subsanación de errores en la justificación y en otros producido por el retraso en la revisión. 

«Por unas cosas y otras, la cifra que consta en la contabilidad a 31 de diciembre de 2024 es de 100.302.947 euros con plazo vencido pendiente de justificar», indica el dictamen, que subraya que  «este retraso se agrava porque en el Cabildo utiliza el sistema excepcional de abono previsto en la ley, el pago anticipado, como forma de pago generalizada cuando el régimen previsto en la normativa sobre subvenciones dispone que se pague previa justificación».

A esta excepción, «se une la circunstancia de que raramente se regula la posibilidad de exigir garantía (u otra medida cautelar) para garantizar el cumplimiento de la subvención y, por consiguiente, la justificación de la misma». Entre otras conclusiones, se recomienda «la utilización del procedimiento ordinario en régimen de concurrencia competitiva, pues en el 40,46% del total de subvenciones concedidas en el ejercicio 2024, se utilizó el procedimiento de concesión directa, normalizándolo como forma habitual, teniendo este procedimiento carácter excepcional». 

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