Más de la mitad de las subvenciones del Cabildo sin justificar a tiempo son de los ayuntamientos
Pedro Justo detalla que 57 de los 100 millones sin acreditar a finales de 2024 corresponden a los municipios

Pedro Justo, Antonio Morales y Aridany Romero, de espaldas, charlan antes del Pleno. / David Delfour
Más de la mitad de las subvenciones del Cabildo de Gran Canaria que no se justificaron en el plazo establecido corresponden a los ayuntamientos de la isla, según explicaron ayer el presidente del gobierno insular, Antonio Morales, y el consejero de Hacienda, Pedro Justo, quienes restaron importancia al informe de la Intervención General que revela que a 31 de diciembre de 2024 todavía no se habían acreditado los gastos de 100,3 millones de euros por parte de los beneficiarios.
De esa cantidad, 57 millones no habían sido justificados por los 21 ayuntamientos, mientras que los otros 43 millones corresponden a otras entidades y asociaciones que recibieron subvenciones durante el ejercicio presupuestario de 2024. Según Morales y Justo, la documentación de esos gastos con fondos públicos se está entregando en los primeros meses de este año, sin que haya riesgo sobre la correcta utilización del dinero.
El gobierno insular incumplió la regla de gasto por un exceso de 84 millones y debe presentar un Plan Económico Financiero
En un Pleno que duró cinco horas pese a que el gobierno del pacto NC-PSOE solo llevó a votación dos propuestas, y una de ellas por urgencia, los informes de la Intervención se colaron en los debates porque, además de las advertencias sobre uso de las subvenciones a dedo frente a las de concurrencia competitiva, ese departamento concluye en otro dictamen que «la liquidación de los presupuestos del sector público del Cabildo Insular para el ejercicio 2024 cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y del nivel de deuda pública, pero incumple el objetivo de la regla del gasto».
Incumplimiento
Este último incumplimiento, por un exceso de 84,4 millones de euros sobre el gasto máximo permitido, obliga al Cabildo a elaborar un Plan Económico Financiero para este año y el próximo, que debe ser aprobado en el Pleno de mayo y remitido al Gobierno de Canarias.
Frente a las críticas de los tres grupos de la oposición sobre las subvenciones a dedo, que a su juicio convierten esa fórmula excepcional en lo habitual por «clientelismo político», el presidente y el responsable de Hacienda respondieron que esa forma de conceder las subvenciones cumple con la legalidad y «se ha usado siempre», también en la etapa del PP.
Respecto a la abultada cantidad de ayudas sin justificar al cierre del ejercicio presupuestario, Pedro Justo detalló de 57 de los 100 millones pertenecen a los ayuntamientos y citó entre ellos a los de San Bartolomé de Tirajana y Agaete, cuyos respectivos alcaldes, Marco Aurelio Pérez y María del Carmen Rosario, son también consejeros del PP en el Cabildo.
Tras tachar esas críticas de «populistas», retó a la oposición a decir cuáles de esas subvenciones directas se deben eliminar, pues entre los beneficiarios se encuentran ONG como Cruz Roja o Cáritas y entidades deportivas como la UD Las Palmas.
En su intervención, el portavoz del PP, Miguel Jorge, recomendó a los miembros del gobierno que lean los informes de la interventora general porque en sus análisis de los presupuestos «le saca los colores a la mayoría de las áreas».
Jorge denunció que la concesión de subvenciones y el posterior control del buen uso del dinero se ha convertido «en la principal actividad» del Cabildo y sus trabajadores. También recordó que la Intervención alerta cada año de que el Plan Estratégico de Subvenciones debe incluir un informe de evaluación, sin que hasta ahora se haya hecho caso.
Vidina Cabrera, portavoz de CC, comentó que toda la oposición esta ya cansada de repetir en cada Pleno o Debate de la Isla que las subvenciones a dedo se hayan convertido en lo normal, cuando solo se debe hacer en casos excepcionales. «Ya solo nos queda preguntar, ¿cuándo van a cambiar esa fórmula y van a trabajar como debe ser?», preguntó.
El portavoz de Vox, Yeray Suárez, opinó el informe da la razón a su grupo cuando afirma que el Cabildo es «una regadera de dinero para comprar voluntades».
Canalizaciones en La Ballena y convenio de la dependencia
El Pleno del Cabildo aprobó dos proyectos recogidos en el Plan de Cooperación con los Ayuntamiento de 2025. El primero destina 425.000 euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para acometer la canalización del Barranco de La Ballena en el tramo comprendido entre la Plaza América y la calle Vergara, una obra para prevenir riesgos por desbordamientos en caso de fuertes lluvias. El otro proyecto, de 67.000 euros , corresponde al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y creará zonas de sombra y un merendero en el Camino de Santiago a su paso por Tunte.
Por urgencia, también con el apoyo de NC, PSOE, PP y CC y la abstención de Vox, salió adelante una modificación presupuestaria de 4,25 millones para subvenciones a varias ONG, entre ellas Adepsi y Aprosu, para obras en sus dependencias.
De las siete mociones que se debatieron, solo dos salieron adelante, la de NC-PSOE y otra de CC, aunque enmendada por los grupos de gobierno. En la primera se insta al Gobierno de Canarias a la negociación, aprobación y firma de manera urgente de los convenios de cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y los Cabildos para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia. La consejera de Política Social, Isabel Mena, calificó la situación «de enorme gravedad» se inicia el mes de mayo y el Gobierno de Canarias ni siquiera ha iniciado las negociaciones con los siete cabildos para ele nuevo convenio para la dependencia correspondiente a 2025.
A propuesta de la portavoz de CC, Vidina Cabrera, se aprobó una moción para la puesta en marcha de una aplicación gratuita de intercambio de productos, utilizando los puntos limpios fijos, que redunde en una mejora de la gestión de los residuos y el impulso de la economía circular. Se incluyó una enmienda transaccional de los grupos de gobierno para incorporar un sistema de incentivos y recompensas a los usuarios.
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