Agüimes lanzará 1.700 viviendas nuevas de alquiler y baratas

Agüimes construirá 1.700 viviendas protegidas en régimen de alquiler a precio tasado, que irán destinadas únicamente a vecinos empadronados en el municipio con ingresos. Se convierte en uno de los primeros municipios que se acoge a la colaboración público-privada para responder al actual déficit en el mercado del alquiler y sus altos precios. El paquete de viviendas se hará en tres fases y se construirán en suelo de propiedad municipal disponible en seis barrios.

Con esta fórmula, los precios podrían rebajarse solo según estimaciones, de los 800 actuales a 320 por una casa de unos 70 metros cuadrados. Se trata del Plan de Desarrollo de Vivienda Protegida de Agüimes, que será sometido a sesión plenaria urgente este lunes acogido al Decreto Ley de Medidas Urgentes en el ámbito de vivienda, que declara la emergencia habitacional.

De Las Rosas al Cruce

El Pleno del Ayuntamiento de Agüimes se reunirá en sesión extraordinaria el próximo martes a las 11.00 horas con el único punto en el orden del día: Plan de Desarrollo de Vivienda Protegida como declaración de urgencia. Se dan a conocer la construcción de 1.700 viviendas en tres fases en suelo de propiedad municipal. A priori, dispone de bolsas de suelo público en seis barrios: Cruce de Arinaga, La Goleta, Playa de Arinaga, Las Rosas, Montaña Los Vélez y La Banda.

Esta iniciativa, que se acoge al Decreto Ley de Medidas Urgentes en el ámbito de vivienda que declara la emergencia habitacional, es de las primeras que se ejecutarán al amparo de esta normativa, con la que el municipio pretende suplir la carencia de viviendas asequibles que prevé una rebaja sustancial en el precio de oferta actual. Podrían pasar de los 800 euros actuales a los 320 por un piso de 70 metros cuadrados. 

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Público-privada

Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada para la construcción, en tres fases, de más de 1.700 viviendas en régimen de alquiler a precio tasado, el precio más bajo del mercado, fruto del convenio de cooperación con la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP) rubricado hace un año.  La fórmula se basa en la creación de nuevas viviendas en suelo público municipal de uso residencial y dotacional que sería cedido a la iniciativa privada para su desarrollo y posterior gestión.

Serán destinadas a personas empadronadas al menos desde hace cinco años en el municipio con ingresos ponderados de la unidad familiar de entre 2,5 y 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Su objetivo es ofrecer una solución habitacional a la población residente en Agüimes, con cupos específicos para jóvenes, mayores y personas con discapacidad.

El modelo  consiste en la prestación del suelo por parte del ayuntamiento al constructor, que una vez finalizada la obra, las mantendrá en explotación hasta que amorticen el gasto. «El ayuntamiento no cobrará tasas ni impuestos, porque todo recae en el fondo del precio final de la obra. Pero el suelo siempre será de propiedad municipal» aclaró el alcalde Óscar Hernández, tras la firma del convenio con la presidenta de la AECP , María de la Salud Gil, a primeros de abril de 2024. 

Según la figura, estas viviendas serían en régimen de alquiler y no contemplan la opción de compra, «con la idea de que el inquilino, una vez logre una mayor solvencia económica, la abandone y quede a disposición de otro vecino», según adelantó el primer regidor. Al respecto, anticipó que se aplicarían controles, como verificar el nivel de renta de los inquilinos.

Agüimes se postula con Mogán como pioneros en acogerse a la propuesta de la AECP y además, al amparo de las oportunidades que brinda el Decreto Ley de Medidas Urgentes convalidado en marzo de 2024 por el Gobierno canario, por el que se declara entre otros ámbitos, la emergencia habitacional. La nueva norma contempla medidas para facilitar la disponibilidad de suelo donde construir, simplificando los plazos y procedimientos administrativos sobre viviendas protegidas para favorecer su rápida construcción y puesta a disposición de los demandantes. El decreto mantiene la potestad de los municipios para determinar qué suelos se pueden destinar a vivienda pública.

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