La junta de propietarios del centro comercial Metro aprueba 800.000 euros para el derribo del edificio

La demolición del centro comercial Metro está más cerca. La comunidad de propietarios del emblemático espacio comercial de Playa del Inglés ha aprobado esta semana una derrama de 800.000 euros para redactar el proyecto de demolición y derribar después el edificio, según han confirmado fuentes próximas a los titulares de los negocios del inmueble. Con esta medida, los propietarios persiguen cumplir con la orden emitida por la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana -por orden del TSJC- que en septiembre de 2022 declaró la situación de ruina del edificio y ordenó su demolición y que ratificó en marzo de 2025 una vez desestimado el recurso de reposición interpuesto por la sociedad Esquina Alemana S. L.

La intención de la comunidad de propietarios es presentar el proyecto de derribo ante la oficina de Urbanismo durante este mismo verano con el objetivo de que el Consistorio pueda examinar el documento y otorgar la licencia de demolición a principios del mes de septiembre para proceder después a derruir el edificio antes de final de año. Pero hay otro handicap, advierten las mismas fuentes, y es cómo se recaudarán esos fondos entre el alrededor del centenar de comuneros. El dinero no solo será para redactar el proyecto y derribar, sino también para vallar después el solar de 4.500 metros cuadrados que quedará vacío en pleno corazón de Playa del Inglés. «La que quiere la comunidad es terminar con un asunto que se prolonga ya 13 años», señalan. Desde que ratificó la ruina en marzo, el Ayuntamiento les había dado dos meses para presentar el proyecto y, si no cumplían, sería el propio Consistorio el que ejecutaría la obra de forma subsidiaria repercutiendo después los costes a los propietarios. Pero quedó a la espera.

El edificio está prácticamente clausurado desde 2012 dado que no reúne las condiciones mínimas de seguridad para estar abierto al público y sufre importantes deficiencias en su estructura incluso con riesgo de desprendimiento de los techos del sótano, según atestiguan varios informes municipales. La situación se agravó tras el incendio de un local en 2013. No obstante, aún permanecen abiertos unos cinco locales que están ubicados en la planta alta.

Un largo periplo

En 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó al Ayuntamiento a iniciar el expediente de declaración de ruina tal y como le reclamaba la comunidad de propietarios desde 2013 y dando por buenos varios informes elaborados por los técnicos municipales que en 2012 advertían de las graves afecciones en la estructura. En cumplimiento de ese fallo, un año después el Consistorio decretó la ruina y ordenó la demolición en un documento que incluía un informe del arquitecto Rafael Redondo Peñaranda que previamente se había añadido al procedimiento de solicitud de inicio de expediente de ruinas instado por el empresario Eduardo Mansur en 2020 y en el que constataba las fisuras en la infraestructura y problemas en los muros de contención.

En abril de 2024, Urbanismo ordenó tapiar las plantas bajas del centro comercial pero al adquirir firmeza la ruina en marzo, en mayo Urbanismo envió un oficio a Vías y Obras para que tapiase todos los accesos al centro comercial, lo que implicará el cierre de los establecimientos que aún permanecen abiertos. ¿Cuándo? Fuentes municipales explicaron este jueves que el Consistorio no dispone de medios para ejecutarlo y que baraja la posibilidad de contratar una empresa externa.

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