Identificados por ahora 68 migrantes en el núcleo de chabolas de Bahía de Formas en Santa Lucía

La Policía Local de Santa Lucía ya ha identificado hasta el momento a 68 personas migrantes de diferentes países latinoamericanos que residen en las infraviviendas localizadas en el asentamiento ilegal de Bahía de Formas, donde las fuerzas de seguridad actúan desde el sábado para identificar - por orden del Juzgado nº 3 de San Bartolomé de Tirajana- a las cientos de personas que desde hace años residen en un núcleo chabolista que ha crecido en un suelo rústico de propiedad privada.

Desde el comienzo de la operación, también se han precintado cinco sectores en el mismo terreno, que tiene una extensión total de 140.000 metros cuadrados, repartidos en 238 parcelas y subparcelas de diferentes tamaños.

El precinto de esos espacios en ese suelo, que antes estuvo dedicado a la agricultura, tiene como objetivo frenar que el núcleo de chabolas continúe creciendo en este suelo privado y calificado como rústico y que desde hace algunos años está siendo utilizado como lugar de residencia por cientos de personas ante la crisis habitacional y la falta de recursos económicos.

El operativo, del que también forman parte la Guardia Civil con la Unidad del Seprona, agentes de Extranjería de la Policía Nacional, 11 técnicos municipales de Disciplina Urbanística y nueve de Servicios Sociales, continuaban ayer notificando a las personas que residen en ese asentamiento que deben comparecer en el Seprona del puesto de la Guardia Civil de Vecindario para identificarse.

Asentamiento ilegal de chabolas en Bahía de Formas, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana

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Sin detenidos

Fuentes de la Policía Local informaron que en la revisión de las infraviviendas a las que han podido acceder se han encontrado con familias con recién nacidos que habitaban en buenas condiciones. También identificaron a tres menores sin escolarizar, con los que los técnicos de Servicios Sociales ya están trabajando para darle solución. Las mismas fuentes también señalaron que no se ha detenido a nadie.

No obstante, el Ayuntamiento de Santa Lucía avisa a través de cartelería que saltarse los precintos establecidos por la Policía Local y la Guardia Civil supone un delito de desobediencia a la autoridad con pena de prisión, tipificado en el artículo 556 del Código Penal.

Se calcula que actualmente están viviendo en este asentamiento ilegal en torno a 200 familias, que carecen de servicios públicos básicos como alumbrado, agua, recogida de residuos y canalizaciones de alcantarillado, por lo que la mayoría de las viviendas tienen construidos pozos sépticos. Aunque hay infraviviendas hechas con materiales de construcción, otras están levantadas con todo tipo de materiales, como palés de madera o plásticos, lo que hace que la zona tenga un alto riesgo potencial en caso de incendio, como el que ya ocurrió en marzo de este año, aunque no se registraron víctimas.

En la parcela también hay, además de las viviendas, pequeños huertos, espacios con animales y lugares con vehículos en su interior, entre otros usos que se les ha dado a las parcelas.

Temor e incertidumbre

Las personas que residen en el asentamiento ilegal confiesan que continúan con el miedo y la incertidumbre, y muchas tienen temor a hablar de su situación, aunque destacan el trato correcto que han recibido por parte de las fuerzas de seguridad que están interviniendo en la zona.

Todas las personas con las que este periódico pudo hablar coincidían en que la falta de viviendas les ha hecho buscar un techo y lo han encontrado en este asentamiento. Elisa, de origen colombiano, dice que viven en un círculo vicioso. Cuando llegan y mientras legalizan su situación ante la administración no pueden trabajar de forma legal. Si no tienen nómina no pueden alquilar, y si alquilan piden dos o tres de meses de fianza, más el mes del contrato. Los alquileres son muy altos, las condiciones inalcanzables para muchas personas, y los pisos que se ofertan suelen ser muy pequeños y la mayoría sin muebles. «Como comprenderán no podemos vivir en la calle, que eso sí que generaría un problema en todos los sentidos». Un amigo suyo, Edison, no duda en prestarle la ayuda que necesite. «No podemos dejar tirados a nuestros compatriotas, pero tampoco puedo, en mi caso, llevármelos al piso en el que vivimos porque ya estamos seis personas de mi familia».

Elisa y Edison coinciden en que esta zona antes era un vertedero de basura y son las personas que residen en la parcela los que los han limpiado y adecentado con sus propios medios. «Venimos a trabajar para tener una oportunidad de vida aquí. No somos ocupas. Sabemos que es algo ilegal, pero es la necesidad la que nos lleva a buscar un techo».

La pareja de paisanos dejan en el aire la pregunta que se hacen en este momento las cientos de personas que residen en la parcela: "Si nos vamos, ¿a dónde vamos a ir todas las familias que vivimos aquí?".

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