El CIEGC presenta alegaciones al nuevo Real Decreto sobre autoconsumo para adaptar la normativa a la realidad social de las islas
El Consejo Insular de la Energía (CIEGC) del Cabildo de Gran Canaria presenta alegaciones al Real Decreto de autoconsumo: pide acceso a datos (SIPS), ampliar la compensación de excedentes a 500 kW, facilitar la conexión de baja tensión y eliminar el aval de 40 €/kW para impulsar la transición energética justa en Canarias
Imagen de LA instalación sostenible en Gran Canaria. / LP/DLP
LP/DLP
El Consejo Insular de la Energía (CIEGC), órgano dependiente del Cabildo de Gran Canaria, ha presentado un conjunto de alegaciones al proyecto de Real Decreto de modificación del autoconsumo y del almacenamiento distribuido, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con el propósito de adaptar la normativa a la realidad territorial y social de las islas y reforzar el papel de las Comunidades Energéticas como herramienta social y económica para la descarbonización.
Desde el CIEGC destacan la buena dirección del borrador del Real Decreto que introduce avances significativos en la regulación del autoconsumo, simplifica los procedimientos administrativos e impulsa el almacenamiento distribuido y el autoconsumo colectivo. No obstante, consideran esencial una serie de modificaciones que permitirían acelerar el despliegue de las comunidades energéticas en Gran Canaria y en el conjunto del Archipiélago.
Medidas para fortalecer el desarrollo de las comunidades energéticas
El CIEGC propone cuatro medidas clave para fortalecer el desarrollo de las comunidades energéticas. En primer lugar, solicita habilitar el acceso integral a los datos del Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS/SIS), gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para que las comunidades energéticas puedan identificar y contactar con los usuarios potenciales, conocer sus perfiles de consumo, y planificar proyectos reales y equilibrados dentro de su ámbito territorial.
En segundo lugar, plantea ampliar el límite de potencia del régimen de compensación simplificada de excedentes hasta 500 kW, lo que permitiría que los usuarios conectados a instalaciones de mayor tamaño puedan beneficiarse directamente de los excedentes de energía renovable generada por sus comunidades.
La tercera propuesta consiste en permitir la conexión en baja tensión de instalaciones superiores a 100 kW, aplicando procedimientos simplificados y precios a baremo, evitando la construcción de centros de transformación y reduciendo notablemente los costes de inversión.
Por último, el CIEGC solicita eximir del aval económico de 40 €/kW a las comunidades energéticas y entidades públicas promotoras de proyectos colectivos, al tratarse de iniciativas sin ánimo de lucro orientadas al consumo compartido y la participación ciudadana.
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