Turismo se abre a que los propietarios con apartamentos en complejos turísticos puedan comercializarlos de forma individual

Los propietarios de los apartamentos que se encuentran ubicados en complejos turísticos podrán comercializarlos por su cuenta, fuera del operador turístico que gestiona el establecimiento. Así lo adelantó este martes la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que durante la fase de consultas previas de cara a la elaboración de la futura Ley de Ordenación del Turismo ha planteado que los dueños de los bungalós puedan desmarcarse de la unidad de explotación para su alquiler vacacional. El anuncio cobra especial relevancia porque hasta ahora la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias establece el principio de unidad de explotación, que por primera vez examinará el Tribunal Supremo tras haber admitido a trámite el recurso de casación del propietario de un apartamento en San Bartolomé de Tirajana para determinar si choca o no con las normas europeas de servicios.

La posibilidad de que los propietarios de apartamentos ubicados dentro de complejos turísticos con un operador puedan comercializarlos de forma individual estará condicionada a que se mantenga una administración conjunta, que exista un representante único y que se conserve la unidad de explotación para cubrir los gastos comunes del complejo.

La propuesta se incluye en los trabajos de revisión de la ley turística actual y persigue adaptar la normativa a la realidad de muchos complejos en los que conviven propietarios que explotan sus apartamentos de forma turística y otros que los utilizan como segunda residencia. La finalidad es que cada apartamento-unidad pueda operar de forma independiente, en unión con otras o incluidas dentro de la unidad de explotación; eso sí, siempre aportando a los gastos comunes del edificio.

Más del 90% del alquiler vacacional, en zona turística

Turismo realizó el anuncio tras una reunión en el Parlamento de Canarias entre la titular de ese departamento, Jéssica de León, y Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, municipio donde más del 90% de la oferta del alquiler vacacional se encuentra en la zona turística. El edil mostró su confianza en que se adapte la normativa a la realidad del mercado turístico en el sur de la isla, con la posibilidad de ofrecer más flexibilidad a los propietarios sin comprometer la gestión ordenada de los complejos turísticos.

Por su parte, De León remarcó que la reforma de la Ley de Turismo busca adaptarse a las realidades actuales del mercado turístico de Canarias, incluyendo situaciones que la normativa de 2013 no llegó a prever, como el auge de la economía de plataformas. «Durante más de trece años, muchos propietarios se han visto atrapados por la normativa, sancionados por la Consejería de Turismo y obligados a cumplir con reglas que no reflejaban las dinámicas del mercado actual», manifestó.

Alejandro Marichal aprovechó la reunión con la consejera para trasladarle otra propuesta a fin de aliviar la situación de las personas que viven en apartamentos en zonas turísticas, a quienes la consejería empezó a poner multas por no cederlos a la explotación -sanciones que en enero acordó suspender vía decreto-. El concejal solicitó a De León que su consejería suspenda o modifique el artículo 3 del Decreto Ley 2/2025 del pasado enero, con el objetivo de evitar sanciones a las personas que residen en zonas turísticas, que en su localidad suman más de 16.000 vecinos.

Hasta 5.000 euros

Ese decreto obliga a los residentes en zonas turísticas, ya sea como primera o segunda residencia, a presentar un estudio técnico del área para evitar sanciones. En dicho informe se analiza, además, la estructura de la propiedad, así como la calidad de la edificación residencial y turística.

El coste de estos estudios puede ascender hasta los 5.000 euros, lo que representa una carga económica significativa para los propietarios. Ante esta situación, Alejandro Marichal propuso que sea el Ayuntamiento quien se encargue de elaborar y presentar los informes, aprovechando que ya cuenta con la documentación y la regulación de todos los complejos turísticos del municipio. La iniciativa busca aliviar a los vecinos de la pesada carga administrativa y financiera que implica cumplir con estos requisitos para evitar sanciones, cuyo valor supera el coste del propio estudio. «Es inviable que los propietarios que viven en apartamentos ubicados en zonas turísticas puedan llegar a cumplimentar todo lo que exige el artículo 3 del Decreto Ley 2/2025 de Ordenación del Turismo en Canarias», reconoció Marichal.

El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana recordó también que actualmente el Ayuntamiento está redactando las Ordenanzas Provisionales para modificar el Plan General de Ordenación con el objetivo de compatibilizar el uso residencial y de segunda residencia con el turístico. «La aprobación inicial de estas ordenanzas verá la luz en pocos meses, y la realidad que resulte quedará reflejada en la nueva normativa», indicó.

Por último, Marichal también solicitó a la consejería ocho millones de euros para rehabilitar del poblado de San Fernando, con el objetivo ensalzar su patrimonio histórico y arquitectónico. La propuesta contempla una intervención integral que incluye la creación de una plataforma peatonal única, el soterramiento de las redes de electricidad y telecomunicaciones, la mejora del alumbrado público y la recuperación de la vegetación histórica del lugar. Con estas medidas, se pretende revalorizar el patrimonio arquitectónico del poblado y transformar el espacio en un punto de referencia cultural y turístico de la zona.