Maribe Doreste, presidenta de los afectados por la Ley Turística: «Los propietarios de apartamentos no vamos a costear los lujos de los operadores turísticos»

La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) ha mostrado su rechazo a que los pequeños propietarios que tienen la primera residencia en apartamentos ubicados en complejos en zona turística y que cuentan con un operador turístico tengan que contribuir a los gastos que genera esa actividad económica si deciden comercializar individualmente su bungaló. Su negativa llega después de que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, en la fase de consultas previa a la elaboración de la futura Ley de Ordenación del Turismo en Canarias, plantease el martes que los dueños de los apartamentos puedan desmarcarse de la unidad de explotación para su alquiler vacacional. Por ello, la PALT anuncia su decisión de romper relaciones y no participar en futuras convocatorias de reuniones con la actual consejera de Turismo de Canarias, Jéssica de León.

Para la presidenta del colectivo de afectados, Maribe Doreste, esta iniciativa colocaría a miles de propietarios en una posición «especialmente injusta», sobre todo a los que tienen su primera residencia en zona turística -que en casos de municipios como San Bartolomé de Tirajana ascienden a 17.000 vecinos- al obligarles a costear servicios y mantenimientos del complejo sin participar «en el negocio de los extrahoteleros». «¿Por qué se obliga a los propietarios de los apartamentos a asumir los gastos de una actividad económica de la que no participan y de la que, además, no obtienen ningún beneficio?», cuestiona, en relación a gastos como el pago de derramas, pagos de su personal tales como recepcionistas, personal de limpieza de los bungalós o el abono de seguros.

Doreste argumenta que con esta medida planteada por la Consejería de Turismo «se da por hecho que el complejo es turístico en su totalidad» y que ahora serán todos los propietarios los que deberán asumir costes extras. «Le hemos dado permiso a los operadores para que convivan junto a nosotros en los complejos pero ahora, con esta medida, son ellos los que tienen unos privilegios que se anteponen a los derechos de los propietarios y residentes», critica.

Nada de lujos

No obstante, la presidenta del colectivo asegura que los dueños de apartamentos que no están destinados a la explotación turística no se niegan a pagar los gastos comunes inherentes al día a día de un complejo. Eso sí, advierte, no van a costear los «lujos» de los operadores ni los servicios adicionales. «No tiene sentido», manifiesta.

Doreste afirma que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias contactó con el colectivo hace alrededor de una semana para iniciar una negociación destinada a beneficiar, en la medida de lo posible, a los propietarios de bungalós en relación con las futuras modificaciones de la Ley de Ordenación del Turismo en Canarias. «Habíamos acordado seguir manteniendo reuniones y que la plataforma presentara un escrito con las peticiones de cambio. Sin embargo, a los pocos días de esa última conversación, salta esta noticia», lamenta la presidenta.

Propietarios aborrecidos

Los propietarios de apartamentos y bungalós denuncian que la modificación prevista en la próxima Ley de Turismo de Canarias busca «aborrecer» a los pequeños dueños de bungalós ubicados en complejos turísticos. «Parece que lo que pretende la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias es expropiarnos de nuestros inmuebles», sostiene con un enfado manifiesto. La plataforma de afectados reclama que, si ese es el objetivo y Turismo considera que existe un fin constitucionalmente legítimo para que este procedimiento se lleve a cabo, se aplique la Ley de Expropiación Forzosa «de manera clara y directa». «Luego que nos indemnicen todo lo que nos deben», asevera.

Los afectados, además, subrayan que la consejera de Turismo, Jéssica de León, «nunca ha sido transparente» en cuanto a los cambios que su departamento prevé introducir en la nueva normativa ni el modo en que estos repercutirán en los propietarios. «Lo único que ha hecho hasta ahora la consejería es multarnos, utilizando este principio de unidad de explotación de forma torticera sobre los propietarios de apartamentos ubicados en complejos», remata Doreste.

Persecución

Pese a que el pasado mes de julio la Justicia anuló una sanción de 2.250 euros impuesta por la Consejería de Turismo a una vecina de Playa del Inglés por no destinar su vivienda al uso turístico en la unidad de explotación, Doreste reprocha que el departamento que dirige De León continúa tramitando expedientes sancionadores contra otros propietarios que están en situaciones similares o que se niegan a que sus apartamentos sean explotados con fines turísticos. «Aunque la Justicia no le dio la razón, la consejera sigue acumulando expedientes día tras día, alcanzando ya una cifra de aproximadamente 400 sanciones más tras aquel juicio, lo que demuestra que esto se ha convertido en una auténtica persecución».

Suscríbete para seguir leyendo