La residencia Tarazona de Guía espera por el acuerdo sociosanitario del Gobierno y Cabildo

El retraso en la firma de un nuevo convenio entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria retrasa la apertura de todo el complejo sociosanitario Tarazona, en La Atalaya de Guía, que sigue sin usuarios. La residencia de mayores, cuya área antigua con 26 usuarios se cerró hace tres años de una forma temporal para unirla a las nuevas instalaciones, permitirá cuando se ponga de nuevo en funcionamiento reducir las listas de espera, gracias a sus 94 plazas y otras 30 del centro de día, tras una inversión de ocho millones.

El Ayuntamiento de Guía anunciaba en noviembre de 2022 la reubicación temporal de las 26 personas mayores que residían en Tarazona en otros centros dependientes del Cabildo de Gran Canaria, debido a las obras para facilitar su integración en el Complejo Sociosanitario de Guía, que conforman la unión de la zona antigua con la de nueva construcción sin inaugurar.

De cuatro meses a tres años

El traslado se estimaba para cuatro meses, pero la realidad es que el cierre de la zona antigua lleva tres años. Entre otras razones porque existía una ruptura de los anteriores gestores municipales con los seis propietarios colindantes del antiguo inmueble para regularizar la situación.

El concejal Política Social y Mayores, Alejandro Rivero, señala que ya tienen prácticamente listo el proceso de licitación del servicio, a la espera solo de que se firme el convenio entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo, que permitirá definir el precio de cada usuario por día, un paso esencial para determinar las condiciones económicas de la empresa que asuma el servicio

«No se trata de un problema local, sino de una situación administrativa general que afecta a múltiples municipios de Canarias», alega el concejal.

Problemas con los vecinos

Alejandro Rivero reconoce en cualquier caso «la inquietud de quienes esperan este recurso con ilusión y necesidad». Y recalca que «todo está preparado para abrir el centro en cuanto se formalice el nuevo convenio autonómico», una vez se lleve a cabo el proceso de licitación del servicio.

De forma paralela, el Ayuntamiento tiene que acometer la instalación de una tubería que estropeó la obra, y que es uno de los compromisos adquiridos con los dueños colindantes que tenían bloqueada su inscripción legal en el Registro de la Propiedad, ya que la remodelación afectaba a derechos de los vecinos colindantes. «Hay que reponer la red para que el agua llegue al estanque que está detrás de Tarazona», añade.

"Estaba en un limbo jurídico"

Alejandro Rivero

— Concejal de Política Social y Mayores

El concejal defiende que «el actual grupo de gobierno heredó un centro en situación de bloqueo, con problemas jurídicos, sobrecostes y falta de planificación. Durante tres años, el inmueble permaneció cerrado, generando un coste anual de mantenimiento muy elevado y sin uso efectivo».

Pagar el mantenimiento

Alejandro Rivero defiende que durante el anterior mandato «no se adoptó ninguna medida para resolver el problema con los propietarios colindantes, dejando el centro en un limbo jurídico durante años. Lo más sorprendente es que, mientras se sostenía que el inmueble no pertenecía al Ayuntamiento, el grupo de gobierno se comprometió entonces a seguir pagando su mantenimiento, lo que supuso una carga económica injustificada sobre los bolsillos de los ciudadanos de Guía», señala el edil.

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