Un vecino de Mogán afronta 33 años de cárcel por presuntos abusos sexuales a su hijo y a sus siete sobrinos

La Fiscalía ha pedido una pena de hasta 33 años de cárcel para un vecino de Mogán acusado de abusar sexualmente de su hijo y de sus siete sobrinos en su propio domicilio, donde pernoctaban con frecuencia los menores de la familia. Los hechos se habrían prolongado en el tiempo durante 19 años, pues se habría dirigido contra las primeras víctimas en 1995 y contra las últimas en el año 2014. Finalmente, J. A. A. se sentará en el banquillo en dos jornadas de juicio, que tendrán lugar el martes 11 y el miércoles 12 de noviembre, frente a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

La casa donde supuestamente tuvieron lugar los abusos se encuentra en la Subida de los Riscos, en el término municipal de Mogán, y todos los denunciantes vivieron en ella, bien de forma permanente o temporal. El presunto agresor aprovechó la presencia de los menores en el interior de su domicilio para realizarles tocamientos de índole sexual "en un número indeterminado pero elevado de ocasiones", según describe el escrito de acusación.

Tres de los supuestos abusos han sido calificados por el Ministerio Público como de tipo continuado, por haberse extendido a lo largo de un periodo de hasta cuatro años, pero no se dirige acusación respecto a los mismos debido a que ya se encuentran prescritos. Este tipo de delitos, que conllevan penas inferiores a los 10 años de prisión, tienen un plazo máximo de diez años antes de quedar impunes.

Tres de los delitos se encuentran prescritos

Solo se piden penas, en consecuencia, por los cinco delitos restantes, las cuales van desde los tres hasta los doce años en función de la gravedad.

Conllevan además otras penas accesorias como órdenes de alejamientopara proteger a las víctimas, la pérdida de la patria potestad respecto a su hijo y periodos de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena privativa de libertad.

Acciones civiles y penales

Tres de las víctimas interpusieron denuncia por estos hechos en diciembre del año 2014, siete años después de haber alcanzado la mayoría de edad. Tanto los perjudicados como sus representantes legales han exigido cuantas acciones civiles y penales pudieran corresponderles por estos hechos.

Los cinco menores cuyos delitos no han prescrito debido al tiempo transcurrido reclaman una responsabilidad civil que asciende a 20.000 euros para cada uno, debido a los daños morales derivados, unas cuantías que pueden ascender en función del interés legal que se pueda determinar en una futura sentencia.