Reactivan el desahucio de una familia de Ingenio con seis hijos menores: “No sé a dónde vamos a ir”

El desahucio de una familia de Ingenio con seis hijos menores será ejecutado de forma inminente. La orden de salida, que había sido suspendida en septiembre a la espera del informe de vulnerabilidad, se ha reactivado y está prevista para este jueves 13 de noviembre.

A solo cuatro días de la fecha señalada, Moisés Macías, padre de la familia, reconoció este sábado que “no sabe a dónde ir”. Una incertidumbre que se suma a la grave crisis habitacional que atraviesa la Comunidad Autónoma.

Macías percibe un salario mínimo como reponedor, empleo al que accedió tras renunciar a la incapacidad absoluta para poder trabajar, reduciéndola a una incapacidad total. Los ingresos familiares rondan actualmente entre los 1.300 y 1.400 euros, después de haber subsistido durante meses con apenas 980. Aunque la madre, Raquel, consiguió empleo hace dos semanas, el salario sigue siendo insuficiente para acceder a una vivienda en el mercado actual.

Isabel Saavedra, abogada de la plataforma Derecho al Techo y encargada de este caso, denunció que el juzgado haya reactivado el procedimiento tras considerar que el informe de vulnerabilidad ya no es necesario, al contar la familia con ingresos regulares. “Más allá de tener un trabajo, con los precios de los alquileres actuales es imposible acceder a una vivienda digna”, reprochó Saavedra.

Una vivienda en manos de un “fondo buitre”

La letrada subrayó además que la situación se agrava porque la vivienda pertenece al fondo Promontoria Yellowstone, con sede en Irlanda. “No tienen la menor idea de dónde estamos ni de quiénes somos. Especulan con este bien, que probablemente destinarán a la compraventa o al alquiler a un precio mucho mayor”, afirmó y criticó la falta de actuación por parte de las administraciones públicas. Según explicó, tanto el Ayuntamiento de Ingenio como el Gobierno de Canarias conocen el caso, pero “aunque la legislación española establece que las administraciones deben ofrecer una alternativa habitacional, hasta el momento no han dado ninguna solución”.

Acerca de la historia

La familia compró la vivienda en el año 2006 y pagó la hipoteca durante 14 años. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Raquel perdió el empleo pocos meses antes del inicio de la pandemia de la covid-19. Las restricciones sanitarias dificultaron que pudiera encontrar otro trabajo.

Con los ingresos reducidos a una pensión por incapacidad y a un subsidio de desempleo, la pareja se vio obligada a dejar de abonar las cuotas del préstamo hipotecario. Ahora, pese a haber recuperado la estabilidad laboral y contar con medios suficientes para saldar la deuda, se enfrentan a un nuevo obstáculo: el fondo que adquirió su crédito al banco exige por la vivienda el 86% del precio original de compra, sin descontar los pagos realizados durante esos 14 años.

La abogada de la familia ha presentado un nuevo recurso con la esperanza de que el desahucio vuelva a suspenderse si no se resuelve antes de la fecha prevista. Saavedra manifestó su preocupación por las consecuencias que podría tener el desalojo, advirtiendo que, de producirse, los hijos menores podrían ser trasladados a un centro de acogida.

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