Vecinos de El Burrero se plantan contra el deslinde de Costas con 50 alegaciones, algunas con 60 páginas

El conflicto por la nueva delimitación del dominio público marítimo-terrestre en El Burrero, en Ingenio,entra en una fase decisiva tras finalizar el plazo. Más de medio centenar de vecinos de El Burrero Norte y Vista Alegre han presentado alegaciones formales contra la ampliación del deslinde propuesta por la Demarcación de Costas, un cambio que extendería la zona de servidumbre desde los 20 metros actuales hasta casi 100 metros y que afecta directamente a unas 60 viviendas del núcleo costero. Las reclamaciones de los residentes se registraron de manera paralela a las formuladas por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Ingenio, que también han expresado su oposición al planteamiento estatal.

El plazo de alegaciones concluyó, pero apenas cerrado, los afectados empezaron a recibir una nueva comunicación: Costas les notificaba que el 17 de diciembre comenzará la colocación de los mojones que materializan físicamente la nueva línea propuesta.

Algunas alegaciones, hasta con 60 páginas, aportan resoluciones urbanísticas desde 1968 que acreditan la existencia consolidada del barrio antes de la Ley de Costa

Desde el BOE de 1968 a fotos

Los vecinos han acompañado sus escritos con mucho materia. Los más antiguos hasta con anexos de 60 páginas en las que incluyen fotografías históricas, informes, publicaciones del BOE desde 1968, planos urbanísticos, informes municipales y registros que, "desmontan los argumentos de Costas para modificar el deslinde", asegura el portavoz Miguel Ángel Cruz.

Sostienen que la propuesta contradice las propias conclusiones de los técnicos de la Demarcación que en su día validaron la delimitación actualmente vigente, incorporada además en el Plan General de Ordenación (PGO) de Ingenio como una línea ajustada a la realidad física del litoral y a la condición urbana del núcleo.

La documentación presentada por los residentes subraya que El Burrero cuenta con viviendas consolidadas desde hace décadas, con licencias y reconocimiento urbanístico, y que la franja de 20 metros mantenida hasta ahora se basa en criterios técnicos y jurídicos que siguen vigentes. A su juicio, "no existe motivación suficiente para una ampliación tan sustancial de 100 metros", un cambio que considera "desproporcionado e injustificado".

Temor a las consecuencias legales y patrimoniales

La ampliación del dominio público implicaría la entrada de viviendas, garajes, muros y espacios privados dentro de la zona de servidumbre, lo que podría conllevar restricciones de uso, limitaciones para reformas, pérdida de valor patrimonial y, en el peor de los escenarios, eventuales órdenes de retirada o demolición en un futuro. De hecho, el Ayuntamiento ha suspendido la concesión de licencias.

Los vecinos insisten en que no están ante una cuestión administrativa menor: el nuevo trazado alteraría la seguridad jurídica de quienes han vivido en El Burrero durante generaciones. Varios afectados remarcan que la actual delimitación cuenta con décadas de historia, fue avalada técnicamente por los propios responsables de Costas y no ha sido cuestionada hasta ahora, de modo que la propuesta de Costas genera más incertidumbre que soluciones.

La notificación sobre la colocación de los mojones incluso antes de finalizar el plazo de alegaciones ha sido entendida por los vecinos como una señal de falta de escucha. Cree que debería analizar antes las objeciones presentadas no solo por particulares, sino también por las administraciones local y autonómica, que darán a conocer el contenido de sus alegaciones a la Demarcación una revisión detallada del expediente.

No obstante, el acta de apeo prevista para el 17 de diciembre, suele ser uno de los actos que forman parte del deslinde y se hace para informar a los afectados de cual seríá el nuevo deslinde y que puedan alegar en el lugar lo que estimen oportuno.

Incertidumbre creciente en el barrio

En El Burrero, un núcleo con identidad propia y una fuerte vinculación al litoral por los ingenienses, crece la inquietud. Las familias defenderán la realidad urbana del barrio, convencidas de que la modificación del deslinde no solo carece de base técnica, sino que ignora la evolución histórica del enclave y la propia documentación del expediente vigente.

Con fecha del 17 de diciembre y a la espera de que Costas se pronuncie sobre las alegaciones, que tiene un plazo de hasta dos años, mientras que los vecinos también podrán aportar más anexos.

Los residentes confían en que las administraciones implicadas actúen para garantizar que ninguna actuación avance sin resolver primero un debate que, insisten, es fundamental para el futuro de El Burrero.

"Grave negligencia"

En las alegaciones, afectados de El Burrero, El Burrero Norte y Vista Alegre para frenar la aplicación de una servidumbre de protección de 100 metros en el nuevo deslinde marítimo-terrestre. Defienden que estos núcleos ya eran suelo urbano consolidado antes de la Ley de Costas de 1988 y que, por tanto, debe mantenerse la franja reducida de 20 metros. Para ello, algunos, los de más antigüedad , aportan resoluciones urbanísticas desde 1968 a 1986 que acreditan la existencia consolidada de estos barrios antes de la Ley de Costas. Denuncian un error técnico en el nuevo trazado al tomar como referencia la avenida marítima construida tras la demolición del núcleo original; y recuerdan que Costas ya aplicó 20 metros en informes urbanísticos anteriores y advierten de que imponer 100 dejaría a muchos inmuebles en fuera de ordenación.

Advierten que si el ancho de servidumbre correcto fuera de 100 metros, como propone el actual Jefe de la demarcación de Costas, «supondría una grave negligencia por parte de sus compañeros predecesores que emitieron informes favorables a los 20 metros de la zona de servidumbre".

Mantener la servidumbre de 20 metros

Los vecinos sostienen que el borrador del nuevo deslinde fija de forma errónea una servidumbre de protección de 100 metros, pese a que la legislación establece que debe aplicarse una franja reducida de 20 metros cuando se trata de suelos urbanos aprobados antes de 1988. Afirman que tanto el núcleo fundacional de El Burrero como las zonas de El Burrero Norte y Vista Alegre cumplían ese requisito, con edificaciones consolidadas, servicios y clasificación urbanística previa a la Ley de Costas.

Alegaciones con base legal y urbanística histórica

Para demostrarlo, aportan resoluciones municipales y documentos urbanísticos fechados en 1968, 1972, 1974, 1983 y 1986 que reconocían estas áreas como suelo urbano. Añaden que la Ley 2/2013, que permite acreditar la condición de suelo “materialmente urbano” por consolidación previa a 1988, refuerza su posición. Según las alegaciones, estos núcleos superaban ampliamente los requisitos exigidos por la normativa.

Error en la base técnica del nuevo trazado

Los vecinos alertan de que la Demarcación de Costas habría tomado como línea intermareal la actual avenida marítima, una infraestructura ejecutada tras la demolición del núcleo fundacional y fruto de una permuta de viviendas con el Ayuntamiento. Sostienen que el deslinde vigente —anterior a la Ley de Costas— se apoyaba en la línea costera real existente antes de estas obras y que no reconocerlo supondría un “fraude de ley”.

Costas ya aplicó 20 metros en precedentes oficiales

Las alegaciones recuerdan que la propia Administración estatal avaló una servidumbre de 20 metros en dos instrumentos urbanísticos: las Normas Subsidiarias de 1989 y el Plan General de 2004/2005, ambos informados favorablemente por la Dirección General de Costas. Incluso en 2012, un informe técnico para autorizar un quiosco en el paseo marítimo mencionaba que solo ocupaba “parte” de la servidumbre, lo que —según los afectados— solo encaja con un ancho de 20 metros.

Riesgo de afección y pérdida de derechos

Los afectados advierten de que imponer 100 metros generaría afecciones no previstas por la ley, colocaría a numerosas viviendas en situación de fuera de ordenación y vulneraría principios básicos de seguridad jurídica.

Solicitan así que se admita íntegramente la alegación presentada como que se aplique la servidumbre de protección de 20 metros en El Burrero Norte y Vista Alegre, conforme a la legislación vigente y se mantenga el deslinde original previo a la construcción de la avenida marítima y recogido en el planeamiento municipal.

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