El juzgado respalda la multa a una propietaria por usar como residencia su bungaló en el sur de Gran Canaria

La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) manifestó este lunes su profundo malestar tras conocerse la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que ratifica la multa impuesta por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a Antonia López, vecina de San Bartolomé de Tirajana. La propietaria fue sancionada por utilizar su vivienda como primera y única residencia en una zona turística, sin destinarla a la explotación. Para la presidenta del colectivo, Maribe Doreste, se trata de un caso «especialmente injusto», ya que López, que comparte la propiedad del inmueble al 50% con su hija, fue denunciada por la misma persona que le vendió el apartamento en 2006 —entonces libre de cargas y sin limitaciones de uso— y que, 18 años después, reclama ahora la vivienda con fines turísticos.

Según afirmó Doreste, se trata de la primera vez que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ratifica una multa impuesta por la Consejería de Turismo, ya que hasta ahora todas las sanciones contra propietarios de apartamentos en zonas turísticas habían sido anuladas. Además, la sentencia sostiene que la propietaria habría alquilado el inmueble como vivienda vacacional, algo que la portavoz de la PALT desmiente, dado que el apartamento «nunca» ha sido destinado a la explotación turística ni al alquiler vacacional. «Esta es su casa, no tiene nada que ver con alquileres vacacionales», argumentó la presidenta.

Sentencia contradictoria

La portavoz del colectivo calificó la sentencia de «incongruente y contradictoria». Explicó que la sanción se fundamenta en que el planeamiento considera el suelo del inmueble como turístico y especializado. Sin embargo, cuando la propietaria solicitó la aplicación del uso consolidado —un derecho que corresponde a quienes adquirieron la propiedad antes del 1 de enero de 2017 y que deberían poder mantener su uso residencial— la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias lo denegó, alegando que el suelo no está especializado. «No le permiten acogerse al uso consolidado porque dicen que el suelo no está especializado, pero a la vez la multan porque consideran que sí lo está», recalcó Doreste.

La multa impuesta por la Consejería de Turismo a Antonia López por no destinar su residencia al uso turístico asciende a 2.250 euros, a los que se sumarán las costas del proceso. Este caso se produce poco después de que, en el pasado mes de julio, la Justicia anulara otra sanción del mismo importe impuesta a una vecina de Playa del Inglés por no destinar su vivienda a la explotación turística. La presidenta de la plataforma de afectados criticó que el departamento que dirige Jéssica de León continúe tramitando nuevos expedientes sancionadores contra propietarios en situaciones similares a la de López, pese a que la Justicia, salvo en esta ocasión, siempre les ha dado la razón. «Esto es un no parar», denunció.

Expropiación

Doreste acentuó que la Ley 2/2013, aplicada por la consejería que dirige De León para sancionar a Antonia López, nunca se había puesto en práctica hasta ahora y podría extenderse a otros vecinos en situaciones similares. Es más, en San Bartolomé de Tirajana unas 17.000 personas viven en su primera residencia en zonas turísticas. «Es una ley para expulsar a los propietarios de sus viviendas, algo vergonzoso para todos los canarios», recalcó.

Según la presidenta de la PALT, estos trámites sancionadores se realizan bajo el pretexto de la «renovación», lo que, a su juicio, ha supuesto una especie de «expropiación encubierta» del patrimonio de miles de familias canarias. «Nos piden nuestras casas para las cuales ni siquiera hay demanda, ni trabajadores para gestionarlas, y si los turistas cada vez son más, será que no somos impedimento en la convivencia cuando están entre nosotros», manifestó.

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