El concejal cesado de Santa Brígida, José Javier Ramírez, continúa de edil tras vender material municipal
El PP cree que «lo correcto» sería que el regidor entregue su acta y exige al alcalde «más transparencia» sobre cómo se llevó a cabo la comercialización

Exterior del almacén municipal Brimate del Ayuntamiento de Santa Brígida. / LP/DLP
El hasta ahora concejal de Alumbrado y de Vías y Obras del Ayuntamiento de Santa Brígida, José Javier Ramírez Mendoza, mantiene su acta tras conocerse que en septiembre vendió material municipal sin autorización por un importe de 780 euros. Aunque el alcalde del municipio, José Armengol de Ando Sataute —formación a la que ambos pertenecen— lo cesó el pasado viernes, alegando una «pérdida de confianza», y también lo apartó de la Junta de Gobierno Local, el municipio espera ahora la decisión del concejal respecto a su continuidad. Mientras tanto, el Consistorio guardó silencio este lunes, aunque fuentes oficiales apuntan a que pronto se emitirá un comunicado que aclare la situación.
El alcalde actuó tras recibir una denuncia del PP el pasado 20 de noviembre, en la que el grupo de la oposición afirmaba que Ramírez presuntamente manipuló, transportó y entregó material de residuos —cables de cobre y aluminio— procedentes del almacén municipal a un gestor autorizado sin seguir el procedimiento administrativo establecido. El portavoz de los populares, Martín Sosa, explicó este lunes que el partido tuvo conocimiento del caso a través de vecinos del municipio, quienes trasladaron el rumor de que «presuntamente se había llevado a cabo la venta de ese material». Añadió, además, que a pesar de que están conformes con la firme reacción del regidor, «quizás lo correcto según los códigos éticos del partido sería entregar el acta». Sin embargo, esclareció que «esa es una decisión personal del concejal y en la que ellos no opinan».
Sin respuestas
A través de la sede electrónica del Ayuntamiento, el PP solicitó al alcalde el pasado 20 de noviembre diversa información relacionada con los hechos. Entre la documentación requerida figuraban los albaranes de entrega en la recuperadora donde se depositó el material, los tiques de pesaje y el importe percibido. También pidieron conocer los cauces legales seguidos para reintegrar ese dinero en las arcas municipales y, en caso de haberse realizado la operación mediante un gestor autorizado, que se les facilitara el número de expediente correspondiente o el convenio formalizado con dicho tercero. «Nuestra sorpresa llega cuando el 27 de noviembre vemos que en la documentación que nos facilitan hay una serie de albaranes a nombre del propio concejal emitidos por un tercero pero, lo más sorprendente es que el abono de ese dinero en las arcas municipales se produce el día 25 de noviembre, cinco días más tarde de la presentación del escrito», recalcó el portavoz de los populares.
Esclarecer lo ocurrido
Por este motivo, el 27 de noviembre los conservadores volvieron a dirigirse al alcalde de Santa Brígida a través de la sede electrónica para solicitar que se esclarecieran los hechos, al considerar que existía una «mala praxis», ya que la mercancía se vendió «sin ningún tipo de contrato suscrito con nadie y el ingreso del dinero se hizo cinco días más tarde de nuestra denuncia». No obstante, el PP afirma que aún no ha recibido respuesta a este último requerimiento y advierte de que, en función de la contestación municipal, «seguirán indagando, porque el alcalde solo se limita a decir que, tras el esclarecimiento que le dio el concejal sobre lo ocurrido, él lo cesó». Sin embargo, los conservadores creen que detrás de esto «existen más actos iguales».
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