Nueva andanada de la alcaldesa de Mogán contra la Ley de Vivienda Vacacional: «Un jubilado puede dar de alta una VV aquí pero no en Adeje»

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, critica a la consejera de Turismo, Jessica De León, por desconocer la legislación e impulsar una norma que genera caos administrativo e inseguridad jurídica para los propietarios de vivienda vacacional (VV). Bueno advierte sobre las consecuencias de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas aprobada el pasado 12 de noviembre por el Gobierno de Canarias y acusa a De León de tener un profundo desconocimiento tanto de la nueva ley que ha impulsado como de la legislación sectorial en materia de vivienda vacacional. La regidora asegura que las declaraciones y criterios emitidos desde la Consejería contradicen directamente el texto normativo aprobado y la legislación vigente, creando una situación de inseguridad jurídica que podría llevar al cierre masivo de viviendas vacacionales en el archipiélago.

Disparidad de criterios

La crítica de la alcaldesa de Mogán se centra en las contradicciones relativas al trámite de la comunicación previa de Actividades Clasificadas. Según Bueno, la Consejería ha instado a los propietarios que aún no han realizado este trámite a renunciar a su Declaración Responsable y a reiniciar el procedimiento de cero. Sin embargo, Bueno subraya que la Disposición Transitoria Primera de la propia Ley de Vivienda Vacacional establece un mecanismo de consolidación del uso turístico que no exige tal renuncia. La regidora insiste en que el orden exigido por la Consejera (Comunicación Previa anterior a Declaración Responsable) contradice directamente el artículo 6 de la Ley 7/2011, que estipula que la autorización sectorial –la Declaración Responsable– debe ser previa a la comunicación previa municipal. La alcaldesa advierte que seguir las indicaciones de la Consejería, como dar de baja la actividad, llevaría a los propietarios a perder su consolidación.

Discriminación a jubilados y desempleados

Onalia Bueno también ha desmentido la afirmación de la consejera sobre la inexistencia de reglamentos técnicos para el alojamiento turístico, citando el Decreto 142/2010 que sí regula hoteles y apartamentos. A su juicio, el vacío normativo existe solo en la Vivienda Vacacional y ha sido generado «exclusivamente por el Gobierno», lo que ha provocado que los ayuntamientos exijan requisitos dispares en la comunicación previa de Actividades Clasificadas.

Esta disparidad genera una discriminación territorial. La alcaldesa ejemplifica que en municipios como Adeje, Yaiza o Teror se exige el alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), a pesar de que es legal tributar por IRPF. Esta exigencia impide que jubilados y desempleados de estos territorios puedan mantener o iniciar una VV sin perder su pensión o prestación. Mogán, al no solicitar este requisito, permite a estos ciudadanos complementar sus ingresos. La solución, según Bueno, es «crear un reglamento que unifique los criterios de los 88 municipios de Canarias».

Propuestas para evitar el caos

La alcaldesa ha criticado el Artículo 5.2 F de la Ley, que solo permite la regularización de viviendas unifamiliares aisladas ante la falta de planeamiento municipal actualizado, calificándolo como «claramente discriminatorio» para el resto de viviendas residenciales que llevan años operando de forma reglada. Para evitar el caos administrativo y el cierre masivo de alojamientos, Bueno solicita al Gobierno de Canarias la unificación de criterios en las exigencias de Actividades Clasificadas para las VV. Como alternativas, propone eximir a la VV del trámite de Actividades Clasificadas, declararla como Actividad Inocua o asimilarla a los demás establecimientos turísticos manteniendo el régimen de Declaración Responsable.