El Cabildo de Gran Canaria aprueba el Presupuesto de 1.055 millones con los únicos votos de NC y PSOE

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este miércoles el Presupuesto de la Isla para el año 2026, que asciende a 1.055 millones de euros, con los 15 votos del gobierno de Nueva Canarias-FAC y el PSOE y el rechazo de los 11 consejeros de los tres grupos de la oposición -PP, CC y Vox-, que vieron desestimadas sus tres solicitudes de devolución y todas las enmiendas parciales, más de 60

No hubo sorpresas en el Pleno extraordinario de las Cuentas del próximo año, que salieron adelante tras poco más de una hora de debate y con la ausencia de tres consejeros por enfermedad, una de NC (Minerva Alonso) y dos del PP (Aurora del Rosario y Daniel Reyes).

El Cabildo dispondrá el próximo año de un Presupuesto que supera por primera vez los mil millones de euros, en concreto unos ingresos de 1.055.413.689 euros, lo que supone un incremento de 69,6 millones respecto a las cuentas de este año, un porcentaje del 7,08%. De esa cantidad, algo más de 220 millones se destinarán a inversiones, un 20,86% del presupuesto.

Comparaciones con Tenerife

Tras un debate en el que el consejero de Hacienda, Pedro Justo, expuso las principales cifras del Presupuesto y los portavoces de la oposición reclamaron su retirada, y antes de proceder a las votaciones, el presidente Antonio Morales intervino para reprochar a CC y PP que insistan en las comparaciones con el Cabildo de Tenerife, donde gobiernan ambos partidos, cuando la «gran mayoría» de los datos económicos, sociales y medioambientales son «demoledores» a favor de Gran Canaria.

Por las alusiones, en particular por las críticas ante la escasa inversión en vivienda e instalaciones sociosanitarias, Morales recordó que las competencias para construir casas de protección pública o centros para personas dependientes son del Gobierno de Canarias, también con gobierno de CC y PP, aunque el Cabildo se ha tenido que hacer cargo de muchos de esos gastos en los últimos años por no hacerlo el Ejecutivo autonómico de Fernando Clavijo.

«No me gustan las comparaciones porque cada isla tiene su rumbo», manifestó el presidente antes de aportar algunos datos de las organizaciones empresariales y del Consejo Económico y Social de Canarias «ante la insistencia por parte de CC en comparar a Gran Canaria con Tenerife». Así, preguntó a la portavoz nacionalista, Vidina Cabrera, si ese examen a las dos islas capitalinas «se refiere por ejemplo al vertido de aguas fecales al mar, con numerosas sanciones de la Unión Europea a Tenerife por estar vertiendo continuamente esas aguas y ninguna a Gran Canaria».

Inversiones

Respecto a las críticas a la política de atención social, también le preguntó si conoce alguna otra isla que tenga un Plan Sociosanitario de 1.600 millones, casi 2.000 millones si se le suman los acuerdos con las organizaciones del tercer sector para cubrir 400 plazas. Igualmente, espetó si se pueden comparar con Gran Canaria los colapsos diarios de tráfico que se producen en Tenerife.

Sobre otro de los argumentos de CC para rechazar el Presupuesto, la menor inversión en Juventud y Educación, sostuvo que el paro juvenil en el último año ha descendido un 12,6% en Gran Canaria y en Tenerife solo un 5,5%, mientras que la población en riesgo de pobreza y exclusión social es de 329.000 personas en aquella isla y 263.000 en Gran Canaria.

Morales precisó que al igual que el Cabildo no construye hospitales ni colegios porque esas son responsabilidades de la Comunidad Autónoma, tampoco tiene las competencias para las viviendas sociales, pero aún así concede 10 millones a fondo perdido al Gobierno canario para que las construya.

Morales se mostró visiblemente molesto por las alusiones de la oposición al incremento de las listas de espera para una vivienda o una plaza sociosanitaria. «El Cabildo no tiene listas de espera, son las del Gobierno de Canarias, que es el que valora y declara la dependencia de las personas», resaltó el presidente, quien negó que la institución tenga la culpa de la subida de la cesta de la compra.

En su defensa del Presupuesto, lo calificó como «el más importante» en la historia de la corporación insular y aseguró que tiene un fuerte componente de reactivación económica y de inclusión social, buscado el desarrollo «sin dejar a la gente atrás». Así, destacó que el 33% del total presupuestado, casi 63 millones más que en este 2025, se destina a políticas sociales, y otro 30% a la reactivación económica.

En respuesta a la visión negativa de los grupos de la oposición y las comparaciones con otras islas, Morales sostuvo que Gran Canaria «tiene en estos momentos los mejores indicadores» en energías renovables, soberanía alimentaria, seguridad hídrica, economía azul, sector audiovisual y obra pública, con la inversión de más de 2.000 millones en todo el territorio y proyectos de trascendencia económica y social como la ampliación del Estadio de fútbol, el nuevo Infecar, la central hidroeléctrica de Salto de Chira, el Museo de Bellas Artes o los nuevos centros sociosanitarios de próxima apertura.

Oposición

El portavoz del PP y líder de la oposición, Miguel Jorge, fundamentó su rechazo al Presupuesto en el «clientelismo político» por las subvenciones nominativas, «el dedazo», y por un gobierno «cada vez más inflado y caro que no atiende a los problemas reales de los grancanarios, como el paro, la pobreza o la vivienda.

«El gobierno del Cabildo va por un lado y la sociedad por otro, como lo demuestra que el Consorcio de Vivienda no haya puesto una sola casa nueva en diez años y solo se están construyendo las 63 de El Secadero», apuntó.

Por su parte, Vidina Cabrera afirmó que «este 2026 es el año de la precampaña de NC-PSOE y se ve que están muy nerviosos, con megaproyectos faraónicos a costa de resolver necesidades reales de la ciudadanía, más de 800 subvenciones a dedo y un gasto de 5.000 euros al día en publicidad institucional para el presidente y el vicepresidente». A su juicio, eso se llama «hipocresía y deshonestidad».

Yeray Suárez, portavoz de Vox, consideró que el Presupuesto «está basado en un modelo irresponsable, irreal y contrario al interés de los grancanarios», pues a su juicio «no cumple con los principios mínimos de rigor, estabilidad y sostenibilidad que el Cabildo está obligado a garantizar».

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