Puertos Canarios da un ultimátum a la cementera de Santa Águeda: deberá presentar el proyecto de desmantelamiento antes de mayo

Puertos Canarios remite una resolución a la cementera concesionaria hasta ahora del muelle de Santa Águeda, en San Bartolomé de Tirajana, en la que le insta a entregar antes del mes de mayo un plan para el desmantelamiento de las instalaciones, entre las que se incluyen naves y grúas. Además, el ente público dependiente del Gobierno de Canarias comunica el cobro de las tasas, al seguir operando Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) hasta la fecha y pese a la comunicación, hace un año, en que se denegaba la prórroga de la concesión. La empresa ha recurrido la resolución y a su vez mantiene judicializado el expediente de desahucio.

La resolución con fecha del 24 de octubre firmada por el director-gerente, Gilberto Moreno, da traslado del informe técnico emitido el 16 de septiembre donde se relacionan las instalaciones, estructuras y obras a retirar o demoler. A su vez, insta a Ceisa a presentar el proyecto de retirada y/o demolición de instalaciones dentro del plazo máximo de seis meses para su aprobación por Puertos Canarios y posterior ejecución por dicha entidad. Esto es, deberá entregarlo antes del mes de mayo.

Un dron para la inspección

A su vez, y una vez se ha comunicado a la empresa la reversión de las instalaciones portuarias sin que la compañía haya cesado la actividad comercial, ni la ocupación de forma voluntaria, en lo que se interpreta como una situación extraordinaria y de carácter transitorio hasta que se haga efectivo desalojo de las instalaciones y el cese de actividad, así como al resultado de las acciones judiciales interpuestas, Puertos le ha comunicado una apertura del procedimiento administrativo para hacer efectivo el cobro de tasas o multas, que se calcularán a partir del uso no autorizado de la superficie y actividad realizada.

Una fuente de Puertos Canarios reconoce que ha tenido dificultades para acceder a las instalaciones para realizar el inventariado en la zona de titularidad pública -al impedirle la empresa acceder por terrenos de su propiedad- por lo que tuvo que recurrir a un dron para hacer el inventario de bienes a desmantelar.

Judicializado

Por su parte, fuentes de la empresa ha manifestado que han recurrido la resolución en alzada, porque entienden que «es contraria a derecho y porque se trata de una actuación a espaldas del procedimiento judicial en curso». Además, confirman que llegarán «a todas las sedes judiciales, porque estamos convencidos de que tenemos la razón y nos están negando nuestros derechos».

Como se recordará, el 12 de febrero de 2025, se notificó a Ceisa el acuerdo del consejo de administración de Puertos Canarios del 4 de diciembre de 2024, a través del cual se deniega la prórroga de la concesión del Puerto de Santa Águeda. Este acuerdo contempla la retirada y demolición de las instalaciones y obras ejecutadas en el puerto. Entre ellas varias naves y la presencia de grúas para la descarga de la mercancía desde los barcos al muelle.

Extinguida la concesión, revierten los terrenos, obras y las instalaciones a la Administración, que serán entregadas sin cargas y en estado de conservación y funcionamiento adecuado.

Retirada de áridos

A su vez, el acuerdo del consejo de administración ya determina que, a partir de la notificación de la resolución, la cementera iba a disponer de un plazo máximo de seis meses para presentar el proyecto de retirada de instalaciones o demolición de obras que, una vez aprobado por Puertos Canarios, una vez también fue aclarada la duda planteada por dicha entidad mediante escrito de 7 de marzo. Sin embargo, hasta ahora no se había trasladado a la empresa el requerimiento formal.

El director técnico emitió un informe el 16 de septiembre que propone la retirada y demolición completa de las instalaciones e infraestructuras destinadas a la descarga, transporte y almacenamiento de áridos que la entidad Ceisa ha ejecutado durante la vida de la concesión sobre la infraestructura portuaria.

De forma paralela, el 7 de julio se dictó una sentencia dentro del procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria a instancias de Ceisa, anulando el acto presunto de la administración desestimatorio de la solicitud de prórroga.

La sentencia no ha sido firme atendiendo al recurso interpuesto por la Administración, sin que conste la suspensión ni adopción de medida cautelar respecto a la resolución emitida por la Administración, por lo que el acto administrativo sigue siendo ejecutivo, según Puertos Canarios.

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