Dependencia en Canarias: el gasto sanitario podría aumentar hasta los 4.388 millones de euros en 2039

La atención a la dependencia en Canarias se encuentra en una crisis de cuidados que muestra su rostro más cruel en la gestión de las listas de espera, en las que 23.351 solicitantes se convirtieron en víctimas del sistema debido a retrasos burocráticos entre 2017 y 2024. Los hándicaps de la dependencia pesan sobre la población canaria, cada vez más envejecida, una cohorte en el que las personas mayores de 65 años aumentaron un 86% en dos décadas.

Estas son algunas de las conclusiones que extrae el informe El envejecimiento poblacional en Canarias, un reto asistencial creciente sobre los retos que padece la asistencia sociosanitaria. En sí, lo que ocurre es que la demanda de cuidados crece de forma constante y la oferta de recursos no consigue seguirle el ritmo. A este desajuste se le suma la presión asistencial de una población extranjera numerosa que también recurre a los servicios sociosanitarios, y que en 2024 alcanzó a 505.075 personas, el 22,7% del total poblacional en las Islas.

Estado del bienestar "insostenible"

«La conclusión más importante que hemos entresacado es que el Estado del bienestar, tal y como está planteado, no es sostenible, ni en este momento ni a futuro», reseñó ayer la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Rosa Rodríguez, que dirigió este informe del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas.

Aunque la mayoría de los extranjeros se concentra en edades laborales, existe un contingente creciente de residentes jubilados que incrementa la demanda de apoyos; en 2022 eran 58.138, el 13,06%. Rodríguez explica que esta situación arrastra a las familias a asumir cuidados que afectan su empleo, su salud y su economía.

«Yo soy muy incrédula cuando la gente dice que hay que reducir la tasa de paro o mejorar las condiciones salariales. En mi opinión, estamos en otro momento histórico con la incorporación de la inteligencia artificial», aseguró Rodríguez, que demandó que el Estado no debe «presionar» a los contribuyentes para sostener el sistema de pensiones.

Listas de espera

En concreto, las demoras en la administración de los Programas Individuales de Atención (PIA) es una de las cuestiones que más preocupa a la economista, ya que Canarias se encuentra entre las cinco primeras comunidades del Estado con más tiempo de espera.

Solo en siete años, fallecieron 23.351 solicitantes, lo que equivale a un promedio de ocho muertes diarias. Estas reflejan la realidad cruda de un sistema de cuidados cargado de «déficits», que deriva la carga asistencial al ámbito familiar y perjudica el bolsillo de las familias, con gastos que «no pueden afrontar».

«De aquí al año 2030 se prevé que aproximadamente 500.000 personas sean mayores de 65 años», lo cual «va a tener un impacto en el número de residencias, plazas residenciales, y actividad sociosanitaria», manifestó el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho, donde ayer se presentó este informe.

Otra dimensión de la crisis se lee a través de la falta de plazas residenciales. Las ratios actuales resultan insuficientes para ofrecer alternativas a cuidados informales. Según el estudio, el déficit del parque de residencias requerirá de casi 13.000 plazas más.

Por provincias, Las Palmas siempre ha presentado una población más anciana que en Santa Cruz de Tenerife. El desarrollo turístico en Lanzarote y Fuerteventura es otra de las causas que se atribuyen al crecimiento y envejecimiento de su población. En ellas se ha duplicado y triplicado la cantidad de habitantes, respectivamente.

El estudio alerta de que la ventana para corregir el rumbo de la dependencia se estrecha cada año. «El sistema no se sostiene financieramente», alegó la economista, «ni siquiera en el presente». En la actualidad, el coste medio anual por persona que recibe asistencia sociosanitaria es de 4.961 euros.

Rodríguez argumenta que si se hubiesen atendido todas las personas de la lista de espera, se hubiesen necesitado 160 millones de euros más a añadir al gasto público invertido por las Administraciones Públicas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que ascendió a 242,3 millones de euros.

En los pronósticos del informe para 2030, para mantener la capacidad actual del sistema -con el mismo gasto medio por persona de 1.865 euros y el mismo nivel de lista de espera-, debido al aumento poblacional, será necesario aumentar el gasto sanitario público en torno a 150 millones de euros, un 3,7% más que en 2022, hasta alcanzar un presupuesto total de 4.248 millones de euros para una comunidad en la que «la mortalidad supera a la natalidad con creces».

Según el estudio, aunque entre 2030 y 2035 el ritmo de crecimiento «se modera», será necesario un incremento adicional del 1,8%, situando el gasto sanitario canario en 4.325 millones de euros. En 2039 se requerirá un aumento del 7,1% más que en 2022, unos 289 millones de euros más, hasta alcanzar los 4.388 millones de euros.

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