La cementera reclama medidas cautelares para frenar el desmantelamiento del muelle de Santa Águeda

Cementos Especiales de las Islas (CEISA) solicitó este viernes en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria la nulidad de la resolución de Puertos Canarios para desmantelar el Puerto de Santa Águeda, así como la suspensión inmediata de sus efectos, hasta que se produzca una sentencia firme. Puertos Canarios había dado un plazo de seis meses a CEISA para presentar un proyecto de demolición de sus instalaciones en el muelle antes de mayo de 2026.

Según CEISA, la decisión de Puertos Canarios es contraria a la sentencia dictada el pasado 7 de julio por el propio juzgado, que anuló la desestimación de la solicitud de concesión portuaria presentada por la empresa y ordenó retrotraer las actuaciones administrativas para tramitar un nuevo expediente conforme a Derecho. Dicha sentencia fue posteriormente aclarada mediante un auto judicial que establecía que la cantera, la fábrica y el puerto constituyen «un todo indivisible y necesario» para el desarrollo de la actividad industrial de la cementera.

Una reconstrucción de 38 millones de euros

La empresa advierte de que la ejecución inmediata de la resolución administrativa supondría la paralización total o casi total de su actividad, al afectar directamente al núcleo logístico y productivo de CEISA. El Puerto de Santa Águeda registra un tráfico cercano al medio millón de toneladas anuales y constituye la única vía de entrada de materias primas esenciales para la fabricación de cemento, así como la salida del producto terminado hacia el resto del Archipiélago.

CEISA sostiene que el desmantelamiento del puerto implicaría actuaciones irreversibles y gravemente perjudiciales, como la demolición de instalaciones plenamente operativas. La compañía subraya que, en caso de que la Justicia dictara una sentencia a su favor, sería necesario reconstruir o reinstalar las infraestructuras demolidas, lo que supondría un coste superior a los 38 millones de euros y un uso ineficiente de recursos públicos y privados.

Riesgo de suministro de cemento en Canarias

Además de los perjuicios económicos para la empresa, CEISA alerta de impactos negativos de carácter general. Entre ellos, señala el riesgo para el suministro de un producto considerado estratégico en Canarias, la afección al empleo de cientos de trabajadores, la inestabilidad del sector de la construcción y la incoherencia con las políticas públicas de sostenibilidad. La pérdida del puerto industrial obligaría a trasladar materias primas y cemento por carretera, lo que incrementaría la huella de carbono en más de 3.000 toneladas anuales de CO₂, con un tráfico estimado de casi 100 camiones diarios.

En este contexto, la compañía califica la actuación de Puertos Canarios como una «temeridad inexplicable», al promover el desmantelamiento de una infraestructura industrial con más de 70 años de actividad mientras el proceso judicial continúa abierto y existe una resolución judicial favorable en primera instancia. No obstante, CEISA manifiesta en un comunicado su confianza en la Justicia y confía en que la decisión judicial se adopte con la suficiente rapidez para evitar daños irreversibles.