El volador que ocultó un desfalco en Santa Lucía

El periódico La Crónica de Las Palmas abría su portada del 1 de noviembre de 1923 con un titular tan sorprendente como insólito: Inspección en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Una comisión enviada por la Delegación del Gobierno se había personado en dicho consistorio para investigar un presunto desfalco en las arcas municipales.

Todo comenzó el 13 de diciembre de 1922. Ese día, el alcalde de Santa Lucía, Francisco Araña Pérez, se presentó en el juzgado de Telde para interponer una denuncia por sustracción. Lo acompañaban Manuel Sánchez Quevedo y Francisco Suárez Rodríguez, depositario y secretario-contador del Ayuntamiento, respectivamente. Esa misma mañana, al abrir la caja de caudales, habían descubierto que faltaba dinero. Preparaban la cantidad necesaria para cubrir unos libramientos de 100 y 50 pesetas, correspondientes al pago de los fuegos artificiales de las fiestas de la patrona del pueblo y del patrón del pago de Sardina, cuando advirtieron el desfalco.

Aparentemente, la caja de madera y sus tres cerraduras no mostraban desperfecto alguno, ni señales de fuerza o manipulación externa. Tras una revisión minuciosa del contenido, se constató que faltaban 1.850 pesetas en billetes y otras 38,28 ptas. en monedas, una cantidad considerable para la época. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo no fue el monto desaparecido, sino la insólita justificación ofrecida por el entonces alcalde, don Francisco Araña Pérez.

Llamados a declarar en el momento de la inspección, comparecieron Francisco Araña, el recaudador y el guardia municipal. Cuando se le preguntó al primero por el dinero extraviado, insistió en su extravagante explicación: -Un volador entró por la ventana y quemó los billetes.

El inspector, atónito, le preguntó entonces si las monedas de plata -los duros- también habían ardido. A lo que el exalcalde respondió con pasmosa tranquilidad:

-Puede ser.

Según su versión, durante las fiestas patronales de Sardina, un cohete volador -de esos que iluminan las celebraciones populares- habría tenido tan buena puntería que, tras ascender a los cielos, entró por una ventana de las casas consistoriales, impactó directamente en la caja fuerte y prendió fuego tanto al dinero como a los documentos allí guardados. Entre las cenizas, afirmaron, también se habrían quemado las hojas de un periódico local que se encontraba dentro de la caja, puestas allí para evitar que las monedas se deslizaran por una rendija.

Por entonces, los dineros del pueblo se guardaban en una simple caja de caudales.

La explicación rozaba lo inverosímil, y así lo entendió la comisión gubernativa, que informó de inmediato al titular del Juzgado de Telde, Manuel Araña y Araña, poco después de sellar y lacrar el arca municipal, levantando un acta detallada de lo encontrado (y de lo que no se encontró). El juez consideró que los hechos denunciados constituían un delito, por lo que se incautó de las llaves de la caja y ordenó el inicio de los interrogatorios bajo el sumario 73/1922.

Mientras tanto, el pueblo, entre la incredulidad y la sorna, comentaba en cada esquina la maestría del volador que se había salido con la suya en aquel atraco memorable.

La explicación del Secretario

La mecha prendió con la declaración del ex secretario municipal. Francisco Suárez Rodríguez confesó que, en ocasiones, ante la falta de ingresos, la caja quedaba sin dinero, por lo que colocaban vales del recaudador, tratándolos luego como si fuera dinero en metálico. «Si el recaudador tiene dinero en su poder, lo entrega. Si no, se toma del dinero de la fianza», explicó.

Y añadió que era posible que dicha fianza «hubiera ido menguando hasta agotarse». Ante estas palabras, el alcalde y el depositario cerraron filas de inmediato. Ambos aseguraron que nunca -jamás- se extraía dinero del sobre, «por ningún concepto, pues se respetaba como depuesto», afirmó con firmeza Francisco Araña.

El alcalde por aquel entonces, Francisco Araña, justificó la falta del dinero diciendo que «un volador entró por la ventana y quemó los billetes»

Para entonces, la secretaría municipal fue ocupada por Daniel Afonso, vecino de Santa Brígida, quien renunció al poco tiempo de entrar al consistorio.

El origen de la investigación se remontaba a la denuncia por estafa presentada por el anterior recaudador municipal, Bartolomé López Hernández, quien aseguraba haber entregado 1.888,28 pesetas a las arcas municipales como fianza por su cargo como recaudador de arbitrios.

Sin embargo, al constituirse el nuevo consistorio en cumplimiento de un real decreto del Directorio Nacional -que reorganizaba las corporaciones locales tras la dictadura de Primo de Rivera-, se realizó el arqueo de las cuentas municipales y se descubrió que el dinero había desaparecido.

La inspección destapó a su vez un sinfín de irregularidades atribuidas a la anterior Corporación: los libros de actas no se ajustaban a lo establecido por la Ley, hacía casi dos años que no se llevaban a cabo las funciones administrativas básicas y, en varios ejercicios, no se había cobrado absolutamente nada.

La prensa toma partido

El redactor de La Crónica, no menos sorprendido por el relato del volador, ironizó en su crónica sobre el peculiar suceso: «Los famosos pirotécnicos de algunos pueblos de esta isla están de enhorabuena; pues con la implantación de esta nueva industria incendiaria, que da lugar a la confección de grandes programas de festejos, no descansarán ni los domingos».

En opinión del periodista, cualquier fueguista podría culminar con éxito un golpe de maestría para llevarse por los aires los dineros públicos, sin necesidad entrar furtivamente al ayuntamiento o a un banco por recónditas tuberías subterráneas, o excavando túneles agobiantes, sino lanzando al aire un volador a plena luz del día y a la vista de todo el mundo. Ladrones de mecha fácil.

Unos días después, Francisco Araña escribió al Diario de Las Palmas para expresar su indignación ante los rumores que corrían sobre él. Tras recalcar que, «en los pueblos, a los alcaldes sólo se les puede exigir honradez», pues suelen desconocer la complejidad administrativa y legal del funcionamiento de las corporaciones -«como no puede ser menos», apuntó-, se mostró firme en la defensa de su honor.

Negó categóricamente haber querido presentar la desaparición del dinero como un hecho fortuito. «Lo de que yo haya pretendido hacer pasar por un hecho casual dicha desaparición, inventando la burda historieta del volador, que el cronista se permite comentar, apurando su instinto malévolo y burlesco, para hacerme pasar, ante sus lectores, como un ciudadano no sólo inmoral sino estúpido», escribió con visible malestar.

Entretanto, Bartolomé López tenía muy claro que quería recuperar su fianza, y aquel asunto del robo le olía a chamusquina. Para defender sus intereses contó con Montiano Placeres Torón como procurador: un auténtico hueso duro de roer y reconocido poeta de Telde, que no se dejó intimidar cuando intentaron cerrar el caso por la vía rápida en varias ocasiones.

Cada vez que un auto le resultaba desfavorable, respondía con un nuevo recurso, decidido a llegar hasta el final. Pero vayamos por partes.

En la presentación de la denuncia, Montiano expuso que su cliente ya había concluido sus funciones como recaudador municipal, dejando su cuenta totalmente saldada, y que el consistorio había acordado devolverle la fianza. Pero como el alcalde no daba la orden para la devolución, «volvió a solicitarla», añadió.

Sin embargo, antes de que se ejecutara el reintegro, se produjo el robo del dinero de las arcas municipales. La fianza -recordó- se encontraba en la caja de caudales, cuando en realidad debería haber estado en la Caja General de Depósitos.

Con el paso de los días, el Juzgado de Instrucción de Telde emitió un auto en el que decretaba que «no ha lugar el procesamiento de los querellados», basándose en que, en el Sumario 73/1922, no se había dictado procesamiento alguno por la sustracción de la fianza.

Además, el juez consideró que los inculpados no tenían obligación legal de devolver la fianza al recaudador, por lo que no podía apreciarse delito de estafa. Por otra parte, dio por fundamentada la negativa del alcalde a efectuar el reintegro, citando la falta de liquidación y aprobación de la cuenta del recaudador y la creencia de que, al haber sido sustraída la cantidad, él no debía asumir responsabilidad alguna.

El auto enfureció a Placeres. Fue entonces cuando interpuso un nuevo recurso por malversación de caudales, aprovechando además para arremeter contra la famosa explicación pirotécnica.

«Existe probada la sustracción de una fianza y, como la llave de la caja que la guardaba se hallaba en poder de los querellados, mientras no se demuestre otra cosa, hemos de creer que ellos son los responsables de la sustracción. A menos que se nos quiera hacer comulgar con ruedas de molino -según ha pretendido el famoso alcalde con ese cuento tártaro del intruso volador-; mas, aun aceptando que un atrevido cohete haya podido penetrar en las entrañas de la caja con la misma impunidad con que lo hacen los rayos solares a través del cristal de una ventana, sin dejar señal alguna de violencia en el exterior, lo cierto es que, si bien pudo quemar los billetes sin deteriorar la caja, resulta menos creíble que sus calorías fueran tan intensas como para destruir también la plata y la calderilla».

«Puestos a discurrir sobre esta burda trama urdida por el ‘filosófico’ alcalde» -continúa-, «a quienes la observan con los ojos de la inteligencia les parece más bien que se simuló una quema para apropiarse o distraer un caudal ajeno depositado en las arcas del poderoso Ayuntamiento de Santa Lucía».

Transcurrieron muchos meses durante los cuales los encausados -a los que se sumó el secretario- testificaron ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Telde. Francisco Suárez confesó que se utilizaba dinero de la fianza para realizar pagos del Ayuntamiento. El depositario Manuel Sánchez, tras negarlo en un principio, terminó por confirmarlo, aunque escudándose en ser un simple «mandado»: él recibía las órdenes del alcalde y, por no perder su puesto, obedecía.

Francisco Araña, por su parte, se mantuvo siempre firme, negando los hechos hasta la saciedad.

Finalmente, el 13 de octubre de 1924, el nuevo juez de Telde, José María Reyes, procesó al alcalde, al depositario y al secretario por un delito de malversación de caudales públicos, decretando su libertad provisional y fijando una fianza de 1.500 pesetas para cada uno, debiendo comparecer los días primero de cada mes.

El 19 de enero del año siguiente se declaró terminado el sumario y se remitió a la Audiencia Provincial. Francisco Araña designó como abogado a José Mesa y López y como procurador a Diego Mesa y López.

La incógnita de la fianza

Llegados a este punto, se pierde la pista documental en el Juzgado, cuyo expediente se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Lo que sí sabemos por la prensa de la época es que los tres encausados salieron absueltos.

¿Y qué fue de la fianza del recaudador?, se preguntará el lector. Bartolomé López tuvo que esperar hasta 1927 para que el Ayuntamiento se viera obligado a devolvérsela.

¿Qué pasó en realidad con la famosa fianza? ¿Se gastó en pagar deudas del Ayuntamiento y fingieron el robo para no devolverle nada a su legítimo dueño? ¿Se repartieron el dinero entre los tres implicados? ¿O alguien metió realmente la mano en la caja?

Y en cuanto a los periódicos que aparecieron quemados dentro de ella… ¿fue acaso un volador el que se introdujo, quemó el sobre y los billetes, y luego desapareció sin dejar rastro?

¿Qué pudo llevar a Araña a imaginar un aparato pirotécnico? Tal vez debió consultarlo antes con el secretario, quien lo atribuyó simplemente a «una chusta del cigarro que fumaba el depositario», sin mayor complicación. La explicación del alcalde resultó, cuanto menos, de traca.

Lo cierto es que este suceso fue recordado durante años en la comarca sureña, convirtiéndose en una anécdota popular sobre los excesos y desmanes de la política municipal de la época.

Entre ingenio y picardía, el cohete volador de Santa Lucía pasó a la historia como símbolo de la astucia y la imaginación con que los isleños suelen enfrentarse a la corrupción y a la adversidad. Se vivía entonces una época, como hoy, en la que lo inimaginable parecía posible.

El robo en la caja de caudales del Ayuntamiento de Santa Lucía se sumaba a una larga tradición de sustracciones en otros ayuntamientos de la isla, muchas veces ocultadas mediante fuegos intencionados, como ocurrió en Las Palmas en 1842 o en Artenara en 1895.

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