Mogán llevará a Educación a los tribunales si sigue «discriminando» al alumnado de Veneguera en el transporte escolar
La administración municipal denuncia una vulneración de la Ley Canaria de Educación, argumentando que la consejería de Educación no garantiza el acceso al transporte escolar para compensar desigualdades geográficas

Tania Alonso, en el centro, junto a Taidía Galván, madre afectada, y Emily Quintana, concejala de Educación. / LP/DLP

El Ayuntamiento de Mogán ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la consejería de Educación del Gobierno de Canarias ante la negativa de esta administración a facilitar el transporte escolar a un grupo de once alumnos residentes en Veneguera. La teniente de alcalde del Área de Acción Social, Tania Alonso, sostiene que existen fundamentos legales objetivos para autorizar una excepción que, hasta el momento, la administración autonómica se niega a aplicar.
Esta advertencia surge tras el comunicado de la consejería donde se ratifica el rechazo a las peticiones municipales argumentando que «aplicar excepciones basadas en criterios subjetivos como la conciliación familiar, carece de cobertura legal, generaría agravio comparativo, rompería la coherencia administrativa mantenida desde el curso 2022/2023 y podría devenir en un efecto llamada con impacto negativo en la planificación educativa, el equilibrio entre centros y provocar, probablemente, el cierre del CEIP Casas de Veneguera». El Ayuntamiento recuerda que aún no ha recibido respuesta al escrito enviado el 5 de abril de 2024, en el que se solicitaba la ampliación del área de influencia del CEO Mogán hasta Veneguera, una propuesta avalada incluso por el Consejo Escolar del centro.
Problemas de conciliación en el CEIP Casas de Veneguera
El núcleo del conflicto reside en la inviabilidad de muchas familias para compaginar sus horarios laborales con el CEIP Casas de Veneguera. Esta escuela unitaria cuenta con un horario restringido de 8:30 a 13:30 horas y carece de servicios esenciales como comedor escolar, recogida temprana o actividades extraescolares. Ante esta situación, las familias han optado legítimamente por matricular a sus hijos en el CEO Mogán para garantizar la conciliación familiar. Seis de los alumnos que se matricularon en el curso 2021/2022 sí cuentan con transporte escolar pero 11 que lo han hecho en cursos posteriores, no.
Desde el Ayuntamiento se denuncia una vulneración flagrante de la Ley 6/2014 Canaria de Educación no Universitaria y de la Ley de Educación estatal (LOMLOE). Según la normativa vigente, las administraciones deben garantizar el acceso a servicios complementarios como el transporte, especialmente en núcleos rurales o alejados, para compensar desigualdades geográficas y sociales.
Una guagua con 18 plazas vacantes
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la existencia de una ruta de transporte activa que actualmente dispone de 18 plazas vacantes. El Consistorio tacha de incomprensible que se deniegue el uso de estos asientos a once menores cuando el servicio ya está operando. La consejería, por su parte, argumenta que autorizar estas plazas generaría un «efecto llamada» y pondría en riesgo la estabilidad del centro de Veneguera.
Sin embargo, Alonso incide en que el verdadero agravio se está produciendo ya entre los propios vecinos. En la actualidad, cinco familias de Veneguera se encuentran en una situación paradójica: tienen a un hijo con derecho a transporte y a otro al que se le deniega, debido a que los alumnos autorizados en el curso 2021-2022 lo fueron bajo una legislatura anterior que la actual consejería considera «al margen de la normativa».
Acudir a la Justicia
Ante la falta de soluciones y lo que consideran una interpretación arbitraria de las «autorizaciones excepcionales», cuya regulación no está definida por la Dirección General de Educación, el Ayuntamiento de Mogán se declara dispuesto a acudir a la Justicia. La institución local considera que negar el transporte escolar en este contexto es una barrera directa al sistema educativo en condiciones de igualdad.
«La Ley obliga a las administraciones a eliminar barreras de acceso y evitar desigualdades derivadas de factores geográficos», recuerda la edil, citando el artículo 80 de la Ley Orgánica 3/2020.
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