Las nuevas residencias para personas dependientes que prepara Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria tiene previsto abrir cinco centros residenciales para personas dependientes a lo largo de 2026. Son infraestructuras financiadas en un 70% por la Corporación Insular y pertenecientes al segundo plan sociosanitario con el Gobierno de Canarias. Isabel Mena, consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, ha detallado las infraestructuras que ya se encuentran en la última fase antes de abrir sus puertas y se suman a las 5.388 plazas existentes.

La residencia de Tamaraceite, cuya apertura es inminente, será el primer centro sociosanitario que abrirá sus puertas en Gran Canaria a lo largo de 2026. A continuación lo hará la residencia de Taliarte, actualmente en fase de licitación y con previsión de entrar en funcionamiento antes del verano, una vez se formalice el contrato, ya que las obras se encuentran prácticamente finalizadas. En ese mismo periodo está prevista también la apertura de la residencia de Tarazona, en el municipio de Guía, un centro ya terminado que ha sido construido por el Ayuntamiento con financiación del Cabildo de Gran Canaria.

Tras el verano se sumarán nuevas infraestructuras al mapa sociosanitario de la Isla, entre ellas el Cadi de Tamaraceite, el centro de San Francisco de Paula y el complejo de El Drago, ampliando la red de atención a personas mayores y con discapacidad en distintos puntos del territorio insular. En total, una vez estén finalizadas las obras del segundo plan sociosanitario, la Isla contará con 857 plazas más. A estas infraestructuras se suman otras obras que realiza de forma paralela a la financiación autonómica la propia Corporación Insular, como la transformación en un centro de mayores el antiguo psiquiátrico de Tafira, si bien esta abrirá más a largo plazo.

El antiguo pisquiátrico

Con una inversión de 40,2 millones de euros, el área que dirige Mena ha sacado a licitación la rehabilitación de un edificio modernista diseñado por Miguel Martín-Fernández de la Torre. Con más 20 años en desuso, ha requerido más de tres años de tramitación debido a su alto grado de protección patrimonial y a la complejidad de adaptarlo a la normativa de una residencia del siglo XXI. "Hemos gastado más de dos años con un equipo multidisciplinar y luego ha tenido un trámite administrativo de otro año completo. porque ha tenido que pasar después por los consejos de Patrimonio Histórico y el Ayuntamiento de Las Palmas también le tuvo que dar su visto bueno en un pleno para autorizar tocar un edificio con un grado de protección tan alto", explica Mena.

Las obras previstas contemplan la rehabilitación integral del edificio de Tafira, situado en una parcela de 40.192 metros cuadrados, de los que 33.626 corresponden a zonas ajardinadas, para transformarlo en un centro sociosanitario de referencia en Gran Canaria. La infraestructura contará con 242 plazas residenciales y 30 de estancia diurna, destinadas principalmente a personas mayores con discapacidad intelectual o física, así como a usuarios con enfermedades de salud mental.

El proyecto está diseñado para reducir la masificación y mejorar la calidad de la atención, mediante la creación de 17 unidades convivenciales: seis de ellas con 14 camas y otras once con 12 plazas. Cada unidad dispondrá de habitaciones individuales y dobles con baño completo, además de sala de estar, comedor con cocina de uso doméstico y un área de control para el personal, favoreciendo un entorno más cercano y personalizado. El nuevo centro sociosanitario de Tafira incorporará también dos viviendas tuteladas, con 13 camas cada una, orientadas a fomentar una mayor autonomía e independencia de los usuarios, sin renunciar al acompañamiento profesional. En total, Mena espera que con este centro sociosanitario y los anteriores, Gran Canaria pueda contar con 1.600 plazas adicionales.

Financiación autonómica

A pesar de este calendario de aperturas, la consejera insular advierte de que para seguir creciendo es preciso una mayor financiación autonómica. Mena subraya que el Cabildo “quiere crecer” porque la demanda no deja de aumentar, especialmente en Promoción de la Autonomía Personal y Ayuda a Domicilio, servicios que considera “claves” para sostener el sistema. Sin embargo, explica que, aunque estas plazas y horas fueron solicitadas y negociadas inicialmente, finalmente se excluyeron del convenio 2025-2028 por un problema de financiación autonómica. “En julio se nos dio el visto bueno a todas las plazas, pero en octubre el Gobierno de Canarias comunicó un reajuste económico y dejó fuera dotaciones en todas las islas”, señala.

La responsable insular de Política Social recuerda que, durante todo 2025, el Cabildo ha tenido que adelantar con fondos propios más de 80 millones de euros para evitar el cierre de centros y garantizar la continuidad de la atención a las personas dependientes, debido al retraso de un año en la firma del nuevo convenio. Ese esfuerzo, asegura, ha permitido sostener las 5.388 plazas actuales. “El Gobierno de Canarias no pudo transferir ni un euro durante ese año porque no había convenio”, recuerda Mena, que aclara que ahora el acuerdo se firma con carácter retroactivo.

Sin embargo, Mena espera que se puedan incorporar esas cuantías mediantes adendas anuales previstas en el propio convenio. “El convenio tiene una cláusula que dice que cada año se puede revisar el convenio y se pueden incrementar el número de plazas que vienen recogidas, siempre y cuando haya disponibilidad económica por parte de la comunidad autónoma. Entonces, cada año se le puede añadir una agenda al convenio para incrementar el número de plazas", añade la consejera.

Además, Mena defiende que ya hay futuras actuaciones en fase de redacción, como la rehabilitación del antiguo edificio de la Seguridad Social en El Castillo o un antiguo colegio en Arucas, que dependen de la puesta en marcha de un tercer plan sociosanitario aún sin aprobar ni dotar económicamente. Pero para poder desarrollarse, es preciso contar con el tercer plan sociosanitario, que la institución insular insta a negociar al Ejecutivo regional.

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