Uno de los empresarios que logró paralizar el derribo del centro comercial Metro reclama su reforma

Uno de los empresarios que ha logrado paralizar la demolición del centro comercial Metro de Playa del Inglés aboga por su reforma y no por su derribo. Marko Lemansky, uno de los propietarios de los locales que todavía continúan abiertos en la planta alta, considera que el edificio todavía puede ser objeto de recuperación pese a las graves deficiencias arquitectónicas que llevaron al Ayuntamiento a declarar su situación de ruina en 2022 y ratificarla en 2025. «No me voy a deshacer de mi propiedad para quedarme sin nada, no sólo no quiero salir gratis, sino encima me quieren hacer pagar el derribo», señaló este jueves el empresario después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas admitiese su petición de medidas cautelares y paralizase la orden de derribo dictada por el Ayuntamiento. El Consistorio, por su parte, recurre el auto judicial mientras que la Comunidad de Propietarios plantea la convocatoria de una junta extraordinaria para decidir si se persona o no en la causa con el fin de lograr una demolición que persigue desde hace años.

Lemansky quiere un futuro en su negocio. «Soy consciente de que el centro comercial Metro hace falta reformarlo, pero yo tengo un negocio que funciona bastante bien y el Ayuntamiento lo quiere cerrar y que la demolición la paguemos nosotros; me quedaría sin local, sin ingresos y sin nada», señala. Y va a más.«No conozco ningún propietario que entregue el local sin una indemnización adecuada», afirma. «Todos los empresarios son conscientes de que hay que hacer algo, pero demoler y levantar algo nuevo, ¿quién lo paga?», se pregunta. Lemansky, de 62 años, mantiene su negocio abierto en el centro comercial Metro desde 1983 y denuncia que esta situación se debe al «interés de unos pocos». «Hay unas sociedades que llevan años comprando locales y son los que demandan la demolición, si hay unos interesados en quedarse con el edificio, no entiendo por qué no vienen para ofrecernos dinero», incide. «Hay que buscar alguna solución y si no hay que seguir [en la vía judicial] hasta que el juez decida quién tiene la razón», concluye.

El Ayuntamiento recurre el auto

Entre tanto, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana recurre el auto y se mantendrá a la espera de la decisión judicial, según informaron fuentes municipales. El recurso del Consistorio llega avalado por informes municipales, incluidos en los dos decretos de declaración de ruinas en 2022 y 2025, que ya entonces exponían que el estado del edificio del centro comercial supone un «riesgo para la seguridad pública» al contar con importantes fisuras en su estructura, problemas en los muros de contención e incumplimientos de medidas de protección contra incendios que determinan que «el conjunto edificatorio se encuentra en una situación de ruina técnica económica ya que la rehabilitación asciende a unos cinco millones de euros cuando el valor de mercado del inmueble se calcula en unos seis millones de euros».

Además, el expediente en el que se propuso la declaración de situación legal de ruina señala que esta declaración afecta a la totalidad de la edificación, incluidos los locales que aún permanecen abiertos ya que el centro comercial «constituye una unidad material no divisible, y los informes periciales que constan en el expediente extienden sus conclusiones a la totalidad de la edificación».

«No conozco ningún propietario que entregue el local sin una indemnización adecuada»

Marko Lemansky, recurrente que propició la paralización del derribo del CC Metro

La Comunidad de Propietarios estudiará próximas acciones

Por su parte, la Comunidad de Propietarios, que desconocía la existencia del auto judicial hasta su publicación ayer por este perioódico, estudiará en una junta extraordinaria si se persona en la causa. Hasta ahora y «ante la enorme paralización que padece el expediente relativo a la declaración de ruina funcional», la Comunidad ha remitido hasta cinco escritos al Ayuntamiento en los que alertaba de la «gravísima situación de peligrosidad» del recinto ya que, pese a la prohibición del acceso, hay personas que «entran, transitan, viven y pernoctan» en el inmueble. Además, advierten que la comunidad carece de seguro en caso de siniestro. Por ello, reclaman al Consistorio que proceda al «desalojo, precinto y vallado» del inmueble. El último escrito fue remitido el 19 de septiembre de 2025 con las mismas alegaciones que se reprodujeron en instancias similares el 10 de mayo de 2024, el 10 de octubre de 2023 y el 7 de marzo de 2022 sin que, según fuentes de la Comunidad, se haya procedido a las medidas solicitadas en ninguno de los casos.

En ruina más de 14 años

El ocaso del centro comercial Metro arrancó en 2011 y 2013 cuando dos incendios dejaron la mayor parte de la instalación precintada. El inmueble se edificó sobre un solar de 5.888 metros cuadrados en 1974, en pleno corazón turístico de Playa del Inglés. Actualmente permanecen abiertos un supermercado y otros cuatro pequeños negocios en la planta que da a la calle.

Ante la decadencia del edificio, los propietarios solicitaron al Ayuntamiento la declaración oficial de ruina, que llegó tras un primer periplo judicial que cerró el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2021, cuando anuló el decreto municipal que negaba el estatus requerido por los propietarios y en septiembre de 2022 el Ayuntamiento publicó la declaración de ruina. Ese movimiento provocó un segundo camino por los tribunales iniciado por Esquina Alemana S.L. que llevó a la aplicación de esta última medida cautelar.

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