El administrador pide ahora los hoteles de Santana Cazorla para Martinón

La administración concursal de los activos de la empresa Mar Abierto S.L. (Grupo Santana Cazorla) en Taurito ha propuesto al juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto López Villarubia, que adjudique a Martinón los tres hoteles de Santana Cazorla -Lago, Valle y Costa en Taurito y el Hotel Las Tirajanas- y no al Grupo Lopesan, al que el magistrado adjudicó esos establecimientos de forma definitiva mediante un auto firme dictado el 17 de septiembre de 2025, según ha confirmado este periódico.

La propuesta llega después de que el administrador concursal haya considerado ahora, tras los recursos interpuestos por Martinón contra el auto que adjudicaba los hoteles a Lopesan, que la oferta de esta compañía es «la opción más beneficiosa» para finalizar el concurso de acreedores. Responsables jurídicos conocdedores de proceso consideran una«grave alteración de una subasta judicial» y anuncian que Lopesa pondrá en marcha «todas las acciones judiciales necesarias, incluidas las de carácter personal y patrimonial». «Lo ocurrido no es una discrepancia técnica ni un retraso, sino una quiebra de la seguridad jurídica, una alteración extemporánea de las reglas de una subasta judicial firme y una vulneración del principio de igualdad entre licitadores», añaden expertos en materia concursal.

Lopesan logró en septiembre hacerse con la adjudicación de los tres hoteles de Santana Cazorla ubicados en Taurito y el hotel Las Tirajanas, situado en Tunte -y bajo concesión administrativa municipal- (lote 1) cerrando así un procedimiento concursal abierto de 2018. En concreto, fueron las filiales de Lopesan, las mercantiles Isla Marina S.L. y Lopesan Touristik S.A.U., las que resultaron adjudicatarias al superar sus ofertas a las de Grumasa Martinón en 12.932.000 euros y que incluía tambien locales comerciales y dos suelos en Meloneras (Lote 2), según informó entonces la compañía.

La cadena explicó que fue el único operador que, mostrando una «decidida voluntad» de impulsar el desarrollo turístico de Gran Canaria, presentó oferta por la totalidad de los lotes objeto de subasta, alcanzado el total de su puja casi los 100 millones de euros, concretamente 99.432.000 euros, de los que 85.001.000 euros fueron por el lote 1; 5.201.000 euros por el lote 2; 3.600.000 euros por el lote 3; 3.000.000 euros por el lote 4 y 2.630.000 euros por el lote 5, frente a los 86.500.000 euros ofertados por Grumasa Martinón, únicamente por dos lotes: 85.000.000 euros por el lote 1 y 1.500.000 euros por el lote 2. Así, la compañía remarcó que «la diferencia entre su propuesta y la de Martinón es de 12.932.000 euros», lo que se reduce a 3.702.000 euros a favor de Lopesan si se tienen en cuenta solo los dos lotes por lo que esta última ofertó.

Ahora, tras conocer los recursos de Martinón a la decisión del juez de adjudicar los hoteles a Lopesan, la compañías adjudicatarias legítimas de la subasta judicial denuncian «una situación de extraordinaria gravedad jurídica: el intento de alterar una adjudicación firme y ya cerrada judicialmente, al margen de la ley y sin resolución judicial que lo ampare», señalan fuentes de la compañía.

«El juzgado declaró cerrado definitivamente el proceso de subasta y ordenó la formalización inmediata de las escrituras, advirtiendo del perjuicio grave que la dilación estaba causando», denuncian, «pese a ello, la administración concursal ha incumplido reiteradamente resoluciones judiciales firmes, ha mantenido a los adjudicatarios sin título pese al pago íntegro del precio y ha continuado explotando y percibiendo rentas de activos ya adjudicados». «A esta situación se suma ahora un intento jurídicamente intolerable de adjudicar el lote 1 a un tercero distinto, sin base legal, fuera de plazo y invadiendo funciones que corresponden en exclusiva al órgano judicial», añaden.

Las mismas fuentes critican que «la ejecución de una subasta judicial no puede quedar al arbitrio de decisiones unilaterales», por lo que las empresas denunciarán. «La desobediencia de resoluciones judiciales no queda impune», advierten.