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Transporte

San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas

El seguimiento de la Policía Local revela que el conductor aplicaba tarifas inadecuadas en los últimos dos años y se habría embolsado unos 30.000 euros

Imagen de archivo de taxis en San Agustín, en San Bartolomé de Tirajana.

Imagen de archivo de taxis en San Agustín, en San Bartolomé de Tirajana. / LP/DLP

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Las Palmas de Gran Canaria

Ponía el taxímetro en marcha antes de que los clientes se subieran al vehículo o cobraba suplementos de entre tres y cuatro euros que no debían aplicarse al servicio. La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana ha investigado a un taxista por supuestamente cobrar de más a unas 2.400 personas, todos turistas que visitaban la isla, según ha podido saber LA PROVINCIA.

El conductor, que es propietario de la licencia municipal, actuó durante los dos últimos años, tiempo en el que se habría embolsado por esos cobros ilegales alrededor de 30.000 euros. El cuerpo municipal ya ha instruido diligencias judiciales por la presunta comisión de los delitos de estafa y falsificación y ha dado traslado de las mismas a los juzgados de Maspalomas.

Las primeras alarmas llegaron en el mes de octubre después de que varios usuarios del servicio denunciasen la situación ante la Cooperativa de Taxis, que puso esas denuncias en conocimiento de la Policía Local. Así, en un control rutinario realizado el día 27 de ese mes sobre un vehículo de autotaxi, los agentes de la Unidad de Atestados y Tráfico descubrieron que el conductor aplicaba una tarifa inadecuada en los servicios de transporte de viajeros y detectaron desajustes entre el importe cobrado al cliente y el recorrido real que realizó el coche con los clientes a bordo. Eran extranjeros. La situación llevó a los agentes a denunciar al propietario de la licencia de taxi y a abrir una investigación para determinar con exactitud el modus operandi del conductor y analizar el alcance de la presunta estafa. La investigación se ha prolongado durante más de tres meses.

Tras percatarse de los hechos, los funcionarios policiales comenzaron entonces una labor de seguimiento haciendo inspecciones directamente en el taxímetro cuando el conductor estaba trabajando y además solicitando, mediante oficio, información sobre los cobros a la cooperativa.

Como resultado de ese seguimiento, los investigadores logran descubrir que el taxista lleva al menos dos años - de los apenas tres que lleva trabajando con licencia municipal en San Bartolomé de Tirajana- cobrando dinero de más a los clientes por los servicios. Y además tenía esa conducta de forma casi diaria, por lo que su mala praxis afectó a prácticamente la totalidad de los servicios que realizó.

Como consecuencia de esas presuntas estafas se han visto afectados más de 2.400 turistas extranjeros y el conductor se habría quedado con unos 30.000 euros de forma ilegal. El conductor continúa trabajando hasta que el juzgado se pronuncie y en caso de condena se le retirará definitivamente la licencia para ejercer la actividad. El taxista fue requerido por los policías e informado de las consecuencias de su actuación, pero las ignoró.

Once seguimientos más

La unidad de Tráfico de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana tiene activos otros 11 seguimientos sobre taxis con licencia municipal por posibles irregularidades similares vinculadas a cobros indebidos a turistas usuarios del servicio, según ha podido saber este periódico, de las que se han propuesto cuatro denuncias administrativas. Durante el ejercicio anterior se propuso sanción a otros siete conductores por hechos similares.

De manera simultánea, la Policía Local ha iniciado otra investigación contra los conductores de seis coches particulares -cuatro de ellos extranjeros- que supuestamente estarían efectuando servicios de transporte de viajeros de forma ilegal al no disponer de autorización. Los agentes han descubierto que esos servicios se ofrecen a través de las redes sociales, lo que podría suponer una infracción grave de la normativa en materia de transportes.

Consultado por esta situación, el concejal de Seguridad y Emergencias, José Carlos Álamo, señaló que el Ayuntamiento apartará a los conductores que no cumplan con la normativa. «El transporte público es un servicio esencial y una concesión administrativa, no un privilegio para hacer negocio fraudulento», señala, «vamos a proteger a los profesionales que cumplen y a apartar sin complejos a quienes dañan la imagen del sector y del municipio».

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