La cooperativa, sobre el taxista de San Bartolomé de Tirajana que estafó a 2.400 turistas: "No lo toleramos"

"Nuestro colectivo hace bien su trabajo miles de veces al día, pero una sola mala actuación tiene mucha más repercusión. Por eso mismo no las toleramos", defiende Juan Diego Vega, presidente de la cooperativa de taxis de Maspalomas. Se refiere a la investigación abierta por la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana a un taxista por presuntamente cobrar de más a unos 2.400 turistas durante los dos últimos años, que precisamente tuvo su origen después de las quejas trasladadas por usuarios del servicio al colectivo.

“En diciembre de 2023 empezamos a tener conocimiento, a través de usuarios, de suplementos indebidos aplicados por algunos conductores. Eso se trasladó directamente a la Policía Local, que es la autoridad competente”, señala Vega. A partir de ahí, los agentes iniciaron los seguimientos y controles que han desembocado en diligencias judiciales por presuntos delitos de estafa continuada y falsificación contra el propietario de una licencia municipal.

Desde la cooperativa subrayan que este tipo de prácticas no son habituales en el sector. “No es una cosa frecuente, por suerte. Precisamente por eso hemos actuado con rapidez. No podemos permitir que determinadas personas manchen el trabajo de muchísimos compañeros que cumplen cada día”, afirma el presidente del colectivo, que evita referirse a los investigados como taxistas y los califica de “pseudo-taxistas”.

Más sanciones

Según Vega, además del conductor ahora investigado, otros profesionales han sido sancionados administrativamente tras las actuaciones policiales. “Este señor era uno de los que acumulaba más incidencias, pero ha habido más con sanciones por el mismo tipo de comportamiento. Desde que se iniciaron los seguimientos, la frecuencia de estos hechos ha disminuido mucho”, apunta.

La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana mantiene abiertos otros once seguimientos a taxis con licencia municipal por posibles irregularidades similares, de los que ya se han derivado cuatro propuestas de sanción administrativa. A estas actuaciones se suman las siete sanciones tramitadas durante el ejercicio anterior contra otros conductores por prácticas análogas, dentro del refuerzo de los controles sobre el servicio.

Vega defiende que la reacción del sector es la adecuada para proteger tanto a los usuarios como la imagen del municipio. “La imagen que se da es la correcta: cuando el colectivo tiene conocimiento de una irregularidad, actúa y lo pone en manos de las autoridades. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado”, insiste.

“La cooperativa ha hecho su parte y ahora es la Policía la que debe actuar con las pruebas que ha recopilado. Nosotros vamos a seguir colaborando para que el usuario del taxi, sea residente o turista, tenga todas las garantías y la máxima seguridad al utilizar el servicio”, concluye.

Suscríbete para seguir leyendo